Por Alberto Serdán Rosales
Para Maite Azuela
¿Cuánto gasta la federación para la atención y prevención de desastres naturales? Esta pregunta viene a cuento por el 25 aniversario de los sismos que cimbraron al centro del país y, como saben, en estos momentos comunidades enteras en Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas -entre otros estados- sufren inundaciones a causa del huracán Karl. Los daños son cuantiosos y las necesidades aumentan. Mientras la ciudadanía se organiza, el gobierno se apresta a usar sus presupuestos. Ahora les echaremos un vistazo.
Recientemente México ha padecido con fuerza los embates de la naturaleza -Monterrey y Coahuila nos lo recuerdan. No obstante, los desastres poco tienen que ver con lo "natural", como se ha dicho en este blog. Su prevención y atención son acompañadas por medidas que tienen como uno de sus indicadores los recursos que tienen disponibles. No obstante, también las historias de omisiones, negligencias y corrupciones acompañan a los desastres "naturales".
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7.9.10
Dan 'atole con el dedo' a senadores por la falta de Reforma Política
Por Verónica Mémdez
W Radio México
México.- Para reclamar que hasta el momento no se ha concretado una Reforma Política en el país, integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana protestaron en el Senado de la República, donde regalaron vasos con atole a los legisladores.
A las afueras de la vieja casona de Xicoténcatl, los manifestantes sostuvieron que el Congreso de la Unión se ha dedicado a dar "atole con el dedo a la población", y llegó la hora de regresarlo.
De arroz fue el atole que recibieron algunos senadores, como Tomás Torres, del PRD, quien se molestó tras argumentar que aunque no se ha aprobado, sí se ha avanzado en la Reforma Política.
De esta manera se dio la discusión con Alberto Serdán, uno de los integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana, misma que promovió el voto nulo en los comicios del 2009.
"Yo les pido al contrario que me apoye, ahí esta la iniciativa.
-Y lo apoyamos, senador.
-Pues vamos por la iniciativa, se los voy a demostrar.
-Pues vamos, tome su atole.
-No me hables desde el anonimato.
-No, no, soy Alberto Serdán. Y es que ese es el problema, 'ese es el atole con el dedo': presentan y presentan iniciativas y no aprueban nada".
Los integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana, anunciaron que llevarán su protesta a los Congresos estatales para buscar que reduzca el financiamiento a los partidos políticos, se establezca la transparencia y rendición de cuenta, las candidaturas ciudadanas, y la eliminación de candados para la formación de partidos políticos.
* Nota: Hice unos pequeños cambios en los signos de puntuación en el diálogo respecto de la versión original de la nota.
W Radio México
México.- Para reclamar que hasta el momento no se ha concretado una Reforma Política en el país, integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana protestaron en el Senado de la República, donde regalaron vasos con atole a los legisladores.
Foto: Blog Nada tiene sentido
A las afueras de la vieja casona de Xicoténcatl, los manifestantes sostuvieron que el Congreso de la Unión se ha dedicado a dar "atole con el dedo a la población", y llegó la hora de regresarlo.
De arroz fue el atole que recibieron algunos senadores, como Tomás Torres, del PRD, quien se molestó tras argumentar que aunque no se ha aprobado, sí se ha avanzado en la Reforma Política.
De esta manera se dio la discusión con Alberto Serdán, uno de los integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana, misma que promovió el voto nulo en los comicios del 2009.
"Yo les pido al contrario que me apoye, ahí esta la iniciativa.
-Y lo apoyamos, senador.
-Pues vamos por la iniciativa, se los voy a demostrar.
-Pues vamos, tome su atole.
-No me hables desde el anonimato.
-No, no, soy Alberto Serdán. Y es que ese es el problema, 'ese es el atole con el dedo': presentan y presentan iniciativas y no aprueban nada".
Los integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana, anunciaron que llevarán su protesta a los Congresos estatales para buscar que reduzca el financiamiento a los partidos políticos, se establezca la transparencia y rendición de cuenta, las candidaturas ciudadanas, y la eliminación de candados para la formación de partidos políticos.
* Nota: Hice unos pequeños cambios en los signos de puntuación en el diálogo respecto de la versión original de la nota.
1.9.10
Calidad del gasto en la lucha contra el narcotráfico
Por Alberto Serdán*
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, es común escuchar quejas por la falta de información confiable para el análisis. En el ámbito presupuestario estas carencias no se quedan atrás.
En la reforma fiscal del 2007 se prometió instrumentar un Sistema de Evaluación del Desempeño para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas gubernamentales. Así se generaron Indicadores de Desempeño ligados a montos presupuestarios, con el propósito de visibilizar las prioridades y compromisos del gobierno para obtener resultados de manera eficiente y eficaz.
Como el resto de las dependencias, entre el 2004 y el 2007 la Sedena presentó sus Metas Presupuestarias (así llamadas entonces). En el 2008 publicó sus Indicadores de Desempeño que en realidad era uno solo: cobertura por medio de patrullajes terrestres a las instalaciones vitales del país, midiéndose con la críptica fórmula de “No. de patrullajes Terrestres Realizados X 100 /No. Patrullajes Terrestres Previstos a realizar” (sic.) que en ese año fueron 15,000. Para ese indicador se destinaron 21 mil 774 millones de pesos, es decir, 62% de toda la Secretaría.
¿En verdad creían que con ese indicador podía medirse la calidad del gasto de la Sedena –incluida la lucha contra el narcotráfico? Para el año 2009 y el 2010 decidieron mejor quitarse de problemas y dejaron de publicar indicador alguno, contraviniendo los artículos 16 y 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De esta manera la ciudadanía no cuenta con indicadores presupuestarios que permitan monitorear la eficiencia y eficacia de la Sedena. Es todo un retroceso que puede favorecer la discrecionalidad y el despilfarro.
* Publicado en El Economista
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, es común escuchar quejas por la falta de información confiable para el análisis. En el ámbito presupuestario estas carencias no se quedan atrás.
En la reforma fiscal del 2007 se prometió instrumentar un Sistema de Evaluación del Desempeño para mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas gubernamentales. Así se generaron Indicadores de Desempeño ligados a montos presupuestarios, con el propósito de visibilizar las prioridades y compromisos del gobierno para obtener resultados de manera eficiente y eficaz.
Como el resto de las dependencias, entre el 2004 y el 2007 la Sedena presentó sus Metas Presupuestarias (así llamadas entonces). En el 2008 publicó sus Indicadores de Desempeño que en realidad era uno solo: cobertura por medio de patrullajes terrestres a las instalaciones vitales del país, midiéndose con la críptica fórmula de “No. de patrullajes Terrestres Realizados X 100 /No. Patrullajes Terrestres Previstos a realizar” (sic.) que en ese año fueron 15,000. Para ese indicador se destinaron 21 mil 774 millones de pesos, es decir, 62% de toda la Secretaría.
¿En verdad creían que con ese indicador podía medirse la calidad del gasto de la Sedena –incluida la lucha contra el narcotráfico? Para el año 2009 y el 2010 decidieron mejor quitarse de problemas y dejaron de publicar indicador alguno, contraviniendo los artículos 16 y 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De esta manera la ciudadanía no cuenta con indicadores presupuestarios que permitan monitorear la eficiencia y eficacia de la Sedena. Es todo un retroceso que puede favorecer la discrecionalidad y el despilfarro.
* Publicado en El Economista
26.8.10
Una idea de futuro ciudadano*
Por Alberto Serdán Rosales
La ciudadanía puede y debe ser un actor central del cambio ante tiempos nublados que perfilan un proyecto nacional fallido en su seguridad, economía, política y, sobre todo, su igualdad social. Su resorte es la constatación de que en México lo justo no corresponde a lo legal y tampoco a la realidad; al tiempo de que no hay respuestas claras para corregir el rumbo. Para cumplir el papel que le corresponde, esta ciudadanía debe ser ligera, rápida, exacta, visible, que se multiplique, que sea capaz de empezar y acabar bien las cosas –en la línea del viejo Palomar.
Las causas ciudadanas atañen a la mejora de nuestra calidad de vida, del bien común en la diversidad, de una idea de lo justo para la comunidad. Tales causas no necesariamente son del interés o gusto de grupos empresariales y políticos cuando escapan a la lógica lucrativa y mercantilista del poder empresarial o a la lógica del poder político que custodia la legalidad y al mismo tiempo toma decisiones calculando su rentabilidad electoral.
Batallar por las causas ciudadanas implica buscar que nadie en este país se sienta, en términos coloquiales, agandallada o agandallado. Si eso ocurre, señalarlo y proponer alternativas, al igual que existan mecanismos democráticos que garanticen la libre expresión, la justicia, la igualdad, la equidad y la participación en la toma de decisiones públicas.
Para ello, la exactitud es fundamental en el actuar ciudadano. Es decir, comprometerse a hacer análisis, opiniones y propuestas basadas en datos y evidencias teniendo claridad sobre la línea que separa lo justo y lo legal, lo correcto y lo incorrecto, lo eficaz y lo despilfarrador. Implica, además, usar a los derechos humanos como referente para medir el cumplimiento de las obligaciones del poder tanto en su conducta como en sus resultados, así como la transparencia y la rendición de cuentas en su actuación.
En la búsqueda de la justicia, una ciudadanía vibrante debe multiplicarse. Plantear ideas con amplio criterio que favorezcan la diversidad y la pluralidad. Que se nutran de muchas voces, lo que compromete a trabajar en una lógica de la solidaridad, la cooperación, la colaboración y la reciprocidad. La base de ello es la firme creencia en la dignidad humana y en sus potencialidades, su creatividad y la utilidad de su participación en una insensata apuesta por la confianza, por el otro.
La rapidez con la que reacciona la ciudadanía deriva de la urgencia en la solución de problemas que negligentemente fueron olvidados –o incluso provocados- por el mundo empresarial y político -y el de la sociedad civil misma. Pero también parte de la creatividad, alegría, irreverencia y ánimo provocador de sus miembros y señalamientos. Dinamismo es su signo: una ciudadanía que sea lo que hace y no lo que dice que es; que sea como el agua “transparente y en constante movimiento”. Esta ciudadanía sin duda puede equivocarse pero debe saber reconocer cuando ello ocurre y, sobre todo, hace lo posible por corregir tan pronto como pueda.
Para conseguir la eficacia en el trabajo ciudadano, es indispensable garantizar su visibilidad. La favorecen los medios alternativos y la redes sociales (virtuales como los blogs, Twitter y Facebook, y presenciales como el fortalecimiento de redes comunitarias y el trabajo de base). No obstante, también son importantes las alianzas con los medios de comunicación tradicionales. En el mensaje, la sencillez y claridad de sus propósitos es vital, así como la fuerza y solidez de sus argumentos, la creatividad y la innovación.
Como reto, el futuro ciudadano debe alejarse de la pesadez que lo inmoviliza: alejarse del patrimonialismo, de prácticas corruptas que se normalizan y perpetúan bajo el cobijo del “así ha sido siempre” o el “no hay de otra”. También de la opacidad, de lo difuso. Su principal activo es la autoridad moral y la potencia de sus argumentos, su principal obstáculo es la negación de estos activos con cinismos, dobles discursos, doble moral. Por ello la ciudadanía debe vivir los valores por los que lucha en el ámbito personal y al interior de nuestras organizaciones ciudadanas en una búsqueda incesante por la congruencia, por la honestidad tanto intelectual como material.
Cuando se lucha por causas ciudadanas, inevitablemente uno corre el riesgo de convertirse en un “veterano de causas perdidas”. Es posible que se instale el desánimo de vez en cuando y que la visión de un destino ineludible y poco grato lo abrume a uno. El futuro ciudadano invita a seguir adelante porque de nadie más depende, mas que de nosotras y nosotros mismos, que avancemos en el sueño de ser “un tilín mejores y mucho menos egoístas”.
http://twitter.com/albertoserdan
*Publicado para el suplemento de Pase Usted en el Foro "El Futuro Ciudadano" organizado los días 24, 25 y 26 de agosto de 2010.
Nube de palabras de ciudadanía.
Fuente: Aulas democráticas.
La ciudadanía puede y debe ser un actor central del cambio ante tiempos nublados que perfilan un proyecto nacional fallido en su seguridad, economía, política y, sobre todo, su igualdad social. Su resorte es la constatación de que en México lo justo no corresponde a lo legal y tampoco a la realidad; al tiempo de que no hay respuestas claras para corregir el rumbo. Para cumplir el papel que le corresponde, esta ciudadanía debe ser ligera, rápida, exacta, visible, que se multiplique, que sea capaz de empezar y acabar bien las cosas –en la línea del viejo Palomar.
Las causas ciudadanas atañen a la mejora de nuestra calidad de vida, del bien común en la diversidad, de una idea de lo justo para la comunidad. Tales causas no necesariamente son del interés o gusto de grupos empresariales y políticos cuando escapan a la lógica lucrativa y mercantilista del poder empresarial o a la lógica del poder político que custodia la legalidad y al mismo tiempo toma decisiones calculando su rentabilidad electoral.
Batallar por las causas ciudadanas implica buscar que nadie en este país se sienta, en términos coloquiales, agandallada o agandallado. Si eso ocurre, señalarlo y proponer alternativas, al igual que existan mecanismos democráticos que garanticen la libre expresión, la justicia, la igualdad, la equidad y la participación en la toma de decisiones públicas.
Para ello, la exactitud es fundamental en el actuar ciudadano. Es decir, comprometerse a hacer análisis, opiniones y propuestas basadas en datos y evidencias teniendo claridad sobre la línea que separa lo justo y lo legal, lo correcto y lo incorrecto, lo eficaz y lo despilfarrador. Implica, además, usar a los derechos humanos como referente para medir el cumplimiento de las obligaciones del poder tanto en su conducta como en sus resultados, así como la transparencia y la rendición de cuentas en su actuación.
En la búsqueda de la justicia, una ciudadanía vibrante debe multiplicarse. Plantear ideas con amplio criterio que favorezcan la diversidad y la pluralidad. Que se nutran de muchas voces, lo que compromete a trabajar en una lógica de la solidaridad, la cooperación, la colaboración y la reciprocidad. La base de ello es la firme creencia en la dignidad humana y en sus potencialidades, su creatividad y la utilidad de su participación en una insensata apuesta por la confianza, por el otro.
La rapidez con la que reacciona la ciudadanía deriva de la urgencia en la solución de problemas que negligentemente fueron olvidados –o incluso provocados- por el mundo empresarial y político -y el de la sociedad civil misma. Pero también parte de la creatividad, alegría, irreverencia y ánimo provocador de sus miembros y señalamientos. Dinamismo es su signo: una ciudadanía que sea lo que hace y no lo que dice que es; que sea como el agua “transparente y en constante movimiento”. Esta ciudadanía sin duda puede equivocarse pero debe saber reconocer cuando ello ocurre y, sobre todo, hace lo posible por corregir tan pronto como pueda.
Para conseguir la eficacia en el trabajo ciudadano, es indispensable garantizar su visibilidad. La favorecen los medios alternativos y la redes sociales (virtuales como los blogs, Twitter y Facebook, y presenciales como el fortalecimiento de redes comunitarias y el trabajo de base). No obstante, también son importantes las alianzas con los medios de comunicación tradicionales. En el mensaje, la sencillez y claridad de sus propósitos es vital, así como la fuerza y solidez de sus argumentos, la creatividad y la innovación.
Como reto, el futuro ciudadano debe alejarse de la pesadez que lo inmoviliza: alejarse del patrimonialismo, de prácticas corruptas que se normalizan y perpetúan bajo el cobijo del “así ha sido siempre” o el “no hay de otra”. También de la opacidad, de lo difuso. Su principal activo es la autoridad moral y la potencia de sus argumentos, su principal obstáculo es la negación de estos activos con cinismos, dobles discursos, doble moral. Por ello la ciudadanía debe vivir los valores por los que lucha en el ámbito personal y al interior de nuestras organizaciones ciudadanas en una búsqueda incesante por la congruencia, por la honestidad tanto intelectual como material.
Cuando se lucha por causas ciudadanas, inevitablemente uno corre el riesgo de convertirse en un “veterano de causas perdidas”. Es posible que se instale el desánimo de vez en cuando y que la visión de un destino ineludible y poco grato lo abrume a uno. El futuro ciudadano invita a seguir adelante porque de nadie más depende, mas que de nosotras y nosotros mismos, que avancemos en el sueño de ser “un tilín mejores y mucho menos egoístas”.
http://twitter.com/albertoserdan
*Publicado para el suplemento de Pase Usted en el Foro "El Futuro Ciudadano" organizado los días 24, 25 y 26 de agosto de 2010.
Nube de palabras de ciudadanía.
Fuente: Aulas democráticas.
30.1.10
Reforma política: ojos ciudadanos
Por Alberto Serdán Rosales
Propuesta Cívica, A.C.
30 de enero de 2010
Quiero agradecer al Comité Anfitrión por la invitación que me hicieron para compartirles un breve resumen de la propuesta de Reforma Política presentada por el Ejecutivo, al tiempo de hacer unos comentarios que, me parece pertinente aclarar –especialmente a los presentes y a las amigas y amigos de los medios de comunicación, no reflejan el punto de vista de la Asamblea Nacional Ciudadana. Son, pues, reflexiones personales.
La propuesta de Reforma Política tiene claroscuros, omisiones, pero, hay que reconocerlo, representa una respuesta directa del gobierno en funciones al movimiento anulacionista. Así lo ha reconocido el mismo Secretario de Gobernación en diferentes espacios y, por lo tanto, es una propuesta que no puede ignorarse o rechazarse a priori. En cualquier caso, el hecho mismo de que grupos políticos se sientan comprometidos a responder ante nuestras exigencias, es una buena señal. Sin embargo nuestra tarea como movimiento está muy lejos de terminarse ante las necesidades que tiene el país y que en este espacio compartimos y conocemos a flor de piel.
Como saben, la propuesta del Ejecutivo gira en torno de nueve ejes: la reducción del Congreso Federal; el incremento del umbral de votación para mantener el registro de los partidos políticos; la segunda vuelta en la elección presidencial; la reelección de legisladores y gobernantes municipales; la capacidad al Poder Judicial para iniciar leyes; el establecimiento de la iniciativa preferente; la reconducción presupuestaria y la posibilidad del Ejecutivo para vetar leyes de manera parcial. Finalmente, también propone incluir las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes.
A continuación detallaré estas propuestas acompañadas de algunos apuntes.
1. Con el propósito de mejorar la negociación y la celebración de acuerdos, el Ejecutivo propone reducir el Congreso de la Unión en 100 diputados y 32 senadores. Esto implicaría que cada diputado representaría ahora a 90 mil ciudadanos más. ¿Es mucho o es poco? No se sabe. Lo cierto es que reducir la capacidad de representación no necesariamente son buenas noticias para la ciudadanía. También es cierto que no importa el número de legisladores, lo que importa es su calidad, su profesionalización y su capacidad para vincularse con sus representados.
Por su parte, la reforma en el Senado elimina la representación proporcional. De aplicarse la nueva fórmula propuesta por Calderón, hubiese aumentado la sobrerrepresentación del PAN: en 2006, con 34% de los votos, el PAN tuvo el 41% de los senadores; con la nueva fórmula, el PAN tendría el 43% de los senadores. La coalición encabezada por el PRD, con 30% de los votos en 2006, tuvo el 28% de los senadores; ahora tendría el 24% con la nueva fórmula. Esto último, son malas noticias para la representación proporcional de las fuerzas políticas.
2. Incremento al umbral del registro de los partidos. El Ejecutivo propone aumentar de 2 a 4 por ciento el porcentaje mínimo para mantener el registro de los partidos. Argumenta que México es uno de los países con el umbral más bajo y compara esta situación con varios países Latinoamericanos. Lo que no dice el Ejecutivo es que, por ejemplo, el 5 por ciento mínimo para Chile equivale a 360 mil ciudadanos; en México, el dos por ciento mínimo equivale a 836 mil; es decir, 2.3 veces más. ¿Es mucho o es poco? Tampoco se sabe, pero, nuevamente, en principio disminuir la pluralidad y la representación no parecen ser buenas noticias para la ciudadanía.
3. Segunda vuelta. En su propuesta el Ejecutivo propone la existencia de una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato o candidata obtenga el 50 por ciento de las preferencias en una primera vuelta. Además, propone que la fecha de la elección de esta segunda vuelta se empalme con la elección legislativa. El propósito es informar mejor el voto de la ciudadanía y generar mayorías que permitan gobernar al Presidente. Datos empíricos de 28 países, compilados por el investigador Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona, apuntan a que los sistemas políticos que cuentan con segunda vuelta tienen en promedio 3.6 partidos en el parlamento. No obstante, recomienda prudencia ya que en siete sistemas la tendencia en el mediano y largo plazos fue al bipartidismo. Bipartidismo o tripartidismo, lo cierto es que las segundas vueltas tienden a construir dos bloques mayoritarios que pueden ser artificiales. Acorde con las conclusiones de este investigador, los partidos pequeños tienden a perder representatividad pero ganan capacidad de negociación. Malas noticias para la representación, buenas noticias para el logro de acuerdos.
4. Quizá la propuesta más polémica es la reelección para legisladores federales y locales hasta cumplir periodos de 12 años. Desde el punto de vista ciudadano, quienes defienden la reelección señalan que tiene la ventaja de que el candidato opositor (o grupos de la sociedad civil opositores al candidato oficial) recordarán al electorado las promesas y su eventual incumplimiento por parte de éste eventual candidato, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas: se contraponen los resultados de la gestión de quien está y quiere volverse a elegir, con las propuestas de cambio de quien quiere llegar por primera vez. Los críticos señalan que quienes están en el poder dispondrán de los recursos públicos para usarlos en su beneficio afectando la equidad de la contienda. Antídoto: transparencia y rendición de cuentas. Reelección sí y solo sí va acompañado de la revocación del mandato. Sí y sólo sí se da valor jurídico al voto nulo. Sí y sólo sí existen mecanismos para garantizar equidad en la contienda, como el acceso a medios. Entre mayores son los recursos a la disposición del candidato oficial, mayores los riesgos. Por ello reelección sí y sólo sí se queda en el nivel de los legisladores. No para Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales donde la posibilidad de una contienda inequitativa es mucho mayor.
5. Veto parcial. El Ejecutivo propone que la ley reconozca la posibilidad de que el Presidente rechace parcialmente leyes aprobadas por el Congreso. Es una medida absurda. Como señala Diego Valadés, “Una posibilidad aún más inquietante, consiste en que no habría límites para que el Presidente vetara las obligaciones y promulgara sólo las facultades gubernamentales”. No obstante, en lo que toca al Presupuesto de Egresos de la Federación (y exclusivamente en este caso) el veto parcial puede ser una buena solución cuando ya es 1 o 2 de enero y sigue sin aprobarse el Presupuesto o éste es objetado por el Presidente. Aquí el veto parcial permitiría dar certeza al ejercicio del presupuesto, lo cual actualmente no ocurre si no se aprueba en tiempo y forma. No obstante, es fundamental que esta prórroga también tenga una fecha límite para que las observaciones no se superen hasta los últimos días del ejercicio del presupuesto en curso.
6. Una propuesta más es la capacidad del Poder Judicial para iniciar leyes que estén relacionadas con su administración y su ámbito de competencia. Quienes favorecen esta propuesta señalan que la reforma del Poder Judicial está entrampada porque este Poder está impedido para señalar sus necesidades y problemas y, a partir de ello, diseñar normatividades más cercanas a la realidad y por lo tanto que sean más eficaces. Quienes están en contra apuntan la contradicción que significaría ser juez y parte. Una salida a este conflicto es la posibilidad de que esta normatividad siempre sea aprobada con dos terceras partes o incluso la totalidad del Congreso para garantizar legitimidad y contrapesos eficaces a posibles abusos del Poder Judicial. Aquí la ciudadanía, como en el caso del veto parcial, poco tiene que ver pues se tratan de reformas para mejorar la capacidad de los poderes para gobernar.
7. El último de los mecanismos para optimizar la gobernabilidad es la iniciativa preferente y en ciertos casos con referéndum. El Ejecutivo propone que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones éste pueda presentar dos iniciativas de Ley que el Legislativo debe aprobar o rechazar en tres meses. Si al término de los cuales el Legislativo no se pronuncia, entra en vigor automáticamente la iniciativa presidencial. A esto se le conoce como afirmativa ficta. Las leyes electorales, presupuestarias, fiscales y de seguridad nacional estarían excluidas de este mecanismo. Pero, ¿qué ocurre si el Presidente decide crear una Ley de Derechos Humanos? ¿tres meses son suficientes para discutir, incluir a la ciudadanía, escucharla e incorporar sus opiniones y aprobar la Ley por ambas cámaras? La iniciativa no lo contempla. A su vez, la propuesta señala que para reformas constitucionales, si el Legislativo no se pronuncia, debe celebrarse un referéndum para su aprobación (aquí no aplica la afirmativa ficta). Establece que como mínimo dos terceras partes del electorado deben aprobarla para que entre en vigor. Sin duda es importante que el Ejecutivo diga con claridad cuáles son sus preferencias. La afirmativa ficta no es la solución. En todo caso, el Legislativo tendría que explicar en un documento las razones en función de las cuales no discutirá la propuesta del Ejecutivo, en un ejercicio de rendición de cuentas, elevando el costo político del Legislativo.
Siete de las nueve propuestas tienen que ver con mecanismos para que el Ejecutivo tenga un contexto de gobernabilidad y acuerdos. De manera residual, también presenta dos iniciativas para mejorar la representación popular:
8. Candidaturas ciudadanas. Esta propuesta es una exigencia de la Asamblea Nacional Ciudadana. En la iniciativa el Ejecutivo plantea que tales candidaturas sean para todos los puestos de elección popular. No obstante, la propuesta señala que “los aspectos relativos a la regulación del financiamiento, acceso a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas, se deberán establecer en la legislación secundaria”. Esta omisión es grave ya que provoca –como ha ocurrido- que las fuerzas políticas las rechacen en automático bajo argumentos falaces como “entrarían candidaturas del narcotráfico” (como si no hubieran entrado ya a través de los partidos) o “habría candidatos de los medios y poderes económicos” (como si no hubieran ya a través de los partidos). La indefinición de la propuesta presidencial nos obliga a concretar con claridad los candados que deben tener estas candidaturas para evitar abusos. Invito a que esto sea lo que se defina hoy en la Asamblea dentro de las mesas correspondientes de la tarde.
9. Finalmente, en su propuesta para establecer iniciativas ciudadanas el Ejecutivo omite dos aspectos fundamentales: tales iniciativas no contienen una suerte de “iniciativa preferente” para que sean atendidos por el Legislativo y tampoco está acompañados de mecanismos de referéndum y plebiscito para su aprobación. La propuesta del Ejecutivo establece que tales iniciativas pueden ser presentadas si agrupan a una décima de punto porcentual del padrón, es decir, 78 mil 264 ciudadanos. Un dato: la campaña de ¡Ya Bájenle! logró juntar 28 mil firmas exigiendo cambios legales para reducir el financiamiento público de los partidos. Son muchísimas pero a pesar de su utilidad pública y su notable carácter ciudadano, esta propuesta no podría presentarse como iniciativa de Ley en este contexto.
En suma, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance.
La propuesta del Ejecutivo tiende al objetivo de favorecer acuerdos. No es gratuita la sensación de grupos ciudadanos de que es sumamente insuficiente. No fue pensada en principio para mejorar la relación con los gobernados a partir del “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Este equilibrio hoy por hoy está muy lejos de ser una realidad para la ciudadanía. Esta propuesta no parte del principio de mejorar la representación ciudadana.
Por su parte, las omisiones de la iniciativa son evidentes para nosotros: no están la reducción del financiamiento público a los partidos, su transparencia y rendición de cuentas; tampoco mecanismos de democracia directa como el plebiscito y referéndum ligados a la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo. Tampoco existe precisión sobre las modalidades y alcances de las candidaturas independientes; así como la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular para evitar episodios lamentables e inaceptables como el de las “juanitas”. Por ello hacen falta reformas ciudadanas urgentes que incluyan estos aspectos, así como la efectiva realización de los derechos civiles, a la seguridad pública y al acceso a la justicia. Recuperar el terreno perdido ante la colonialización de los políticos en los organismos públicos autónomos, el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, así como la generación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales).
Como ciudadanía debemos hacernos cargo de vigilar lo logrado y aprovecharlo: hoy, en 19 estados de la República existen mecanismos de plebiscito, referéndum e iniciativas ciudadanas. Sus requisitos en muchos casos son inalcanzables para utilizarlos efectivamente, en otros, simplemente no los hemos aprovechado y tampoco los hemos puesto a prueba. Por ello debemos tener el compromiso de no sólo luchar por cambios políticos sino asumirlos y ejercerlos. Crear agendas locales de reforma, escuchar a la ciudadanía para lograr consensos sociales más fuertes, para tener más liderazgos locales y ciudadanos. Lograr la ciudadanía social.
Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.
En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana.
No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la Asamblea Nacional Ciudadana que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles una última reflexión: por correo electrónico nuestra colega Connie Patiño nos contó cómo en Veracruz el gobierno emplea técnicas cavernarias para evitar que la gente conozca de las propuestas ciudadanas de la ANCA: amedrentamiento, amenazas de desalojo, confiscación de materiales de difusión. En otros espacios, hemos conocido recientemente de compañeras y compañeros que han perdido la vida en defensa de los derechos humanos. Desde Chihuahua hasta Chiapas y Guerrero. El camino es arduo pero no podemos, no debemos bajar los brazos. Es la hora de exigir, la hora de actuar.
Muchas gracias.
Propuesta Cívica, A.C.
30 de enero de 2010
Quiero agradecer al Comité Anfitrión por la invitación que me hicieron para compartirles un breve resumen de la propuesta de Reforma Política presentada por el Ejecutivo, al tiempo de hacer unos comentarios que, me parece pertinente aclarar –especialmente a los presentes y a las amigas y amigos de los medios de comunicación, no reflejan el punto de vista de la Asamblea Nacional Ciudadana. Son, pues, reflexiones personales.
La propuesta de Reforma Política tiene claroscuros, omisiones, pero, hay que reconocerlo, representa una respuesta directa del gobierno en funciones al movimiento anulacionista. Así lo ha reconocido el mismo Secretario de Gobernación en diferentes espacios y, por lo tanto, es una propuesta que no puede ignorarse o rechazarse a priori. En cualquier caso, el hecho mismo de que grupos políticos se sientan comprometidos a responder ante nuestras exigencias, es una buena señal. Sin embargo nuestra tarea como movimiento está muy lejos de terminarse ante las necesidades que tiene el país y que en este espacio compartimos y conocemos a flor de piel.
Como saben, la propuesta del Ejecutivo gira en torno de nueve ejes: la reducción del Congreso Federal; el incremento del umbral de votación para mantener el registro de los partidos políticos; la segunda vuelta en la elección presidencial; la reelección de legisladores y gobernantes municipales; la capacidad al Poder Judicial para iniciar leyes; el establecimiento de la iniciativa preferente; la reconducción presupuestaria y la posibilidad del Ejecutivo para vetar leyes de manera parcial. Finalmente, también propone incluir las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes.
A continuación detallaré estas propuestas acompañadas de algunos apuntes.
1. Con el propósito de mejorar la negociación y la celebración de acuerdos, el Ejecutivo propone reducir el Congreso de la Unión en 100 diputados y 32 senadores. Esto implicaría que cada diputado representaría ahora a 90 mil ciudadanos más. ¿Es mucho o es poco? No se sabe. Lo cierto es que reducir la capacidad de representación no necesariamente son buenas noticias para la ciudadanía. También es cierto que no importa el número de legisladores, lo que importa es su calidad, su profesionalización y su capacidad para vincularse con sus representados.
Por su parte, la reforma en el Senado elimina la representación proporcional. De aplicarse la nueva fórmula propuesta por Calderón, hubiese aumentado la sobrerrepresentación del PAN: en 2006, con 34% de los votos, el PAN tuvo el 41% de los senadores; con la nueva fórmula, el PAN tendría el 43% de los senadores. La coalición encabezada por el PRD, con 30% de los votos en 2006, tuvo el 28% de los senadores; ahora tendría el 24% con la nueva fórmula. Esto último, son malas noticias para la representación proporcional de las fuerzas políticas.
2. Incremento al umbral del registro de los partidos. El Ejecutivo propone aumentar de 2 a 4 por ciento el porcentaje mínimo para mantener el registro de los partidos. Argumenta que México es uno de los países con el umbral más bajo y compara esta situación con varios países Latinoamericanos. Lo que no dice el Ejecutivo es que, por ejemplo, el 5 por ciento mínimo para Chile equivale a 360 mil ciudadanos; en México, el dos por ciento mínimo equivale a 836 mil; es decir, 2.3 veces más. ¿Es mucho o es poco? Tampoco se sabe, pero, nuevamente, en principio disminuir la pluralidad y la representación no parecen ser buenas noticias para la ciudadanía.
3. Segunda vuelta. En su propuesta el Ejecutivo propone la existencia de una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato o candidata obtenga el 50 por ciento de las preferencias en una primera vuelta. Además, propone que la fecha de la elección de esta segunda vuelta se empalme con la elección legislativa. El propósito es informar mejor el voto de la ciudadanía y generar mayorías que permitan gobernar al Presidente. Datos empíricos de 28 países, compilados por el investigador Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona, apuntan a que los sistemas políticos que cuentan con segunda vuelta tienen en promedio 3.6 partidos en el parlamento. No obstante, recomienda prudencia ya que en siete sistemas la tendencia en el mediano y largo plazos fue al bipartidismo. Bipartidismo o tripartidismo, lo cierto es que las segundas vueltas tienden a construir dos bloques mayoritarios que pueden ser artificiales. Acorde con las conclusiones de este investigador, los partidos pequeños tienden a perder representatividad pero ganan capacidad de negociación. Malas noticias para la representación, buenas noticias para el logro de acuerdos.
4. Quizá la propuesta más polémica es la reelección para legisladores federales y locales hasta cumplir periodos de 12 años. Desde el punto de vista ciudadano, quienes defienden la reelección señalan que tiene la ventaja de que el candidato opositor (o grupos de la sociedad civil opositores al candidato oficial) recordarán al electorado las promesas y su eventual incumplimiento por parte de éste eventual candidato, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas: se contraponen los resultados de la gestión de quien está y quiere volverse a elegir, con las propuestas de cambio de quien quiere llegar por primera vez. Los críticos señalan que quienes están en el poder dispondrán de los recursos públicos para usarlos en su beneficio afectando la equidad de la contienda. Antídoto: transparencia y rendición de cuentas. Reelección sí y solo sí va acompañado de la revocación del mandato. Sí y sólo sí se da valor jurídico al voto nulo. Sí y sólo sí existen mecanismos para garantizar equidad en la contienda, como el acceso a medios. Entre mayores son los recursos a la disposición del candidato oficial, mayores los riesgos. Por ello reelección sí y sólo sí se queda en el nivel de los legisladores. No para Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales donde la posibilidad de una contienda inequitativa es mucho mayor.
5. Veto parcial. El Ejecutivo propone que la ley reconozca la posibilidad de que el Presidente rechace parcialmente leyes aprobadas por el Congreso. Es una medida absurda. Como señala Diego Valadés, “Una posibilidad aún más inquietante, consiste en que no habría límites para que el Presidente vetara las obligaciones y promulgara sólo las facultades gubernamentales”. No obstante, en lo que toca al Presupuesto de Egresos de la Federación (y exclusivamente en este caso) el veto parcial puede ser una buena solución cuando ya es 1 o 2 de enero y sigue sin aprobarse el Presupuesto o éste es objetado por el Presidente. Aquí el veto parcial permitiría dar certeza al ejercicio del presupuesto, lo cual actualmente no ocurre si no se aprueba en tiempo y forma. No obstante, es fundamental que esta prórroga también tenga una fecha límite para que las observaciones no se superen hasta los últimos días del ejercicio del presupuesto en curso.
6. Una propuesta más es la capacidad del Poder Judicial para iniciar leyes que estén relacionadas con su administración y su ámbito de competencia. Quienes favorecen esta propuesta señalan que la reforma del Poder Judicial está entrampada porque este Poder está impedido para señalar sus necesidades y problemas y, a partir de ello, diseñar normatividades más cercanas a la realidad y por lo tanto que sean más eficaces. Quienes están en contra apuntan la contradicción que significaría ser juez y parte. Una salida a este conflicto es la posibilidad de que esta normatividad siempre sea aprobada con dos terceras partes o incluso la totalidad del Congreso para garantizar legitimidad y contrapesos eficaces a posibles abusos del Poder Judicial. Aquí la ciudadanía, como en el caso del veto parcial, poco tiene que ver pues se tratan de reformas para mejorar la capacidad de los poderes para gobernar.
7. El último de los mecanismos para optimizar la gobernabilidad es la iniciativa preferente y en ciertos casos con referéndum. El Ejecutivo propone que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones éste pueda presentar dos iniciativas de Ley que el Legislativo debe aprobar o rechazar en tres meses. Si al término de los cuales el Legislativo no se pronuncia, entra en vigor automáticamente la iniciativa presidencial. A esto se le conoce como afirmativa ficta. Las leyes electorales, presupuestarias, fiscales y de seguridad nacional estarían excluidas de este mecanismo. Pero, ¿qué ocurre si el Presidente decide crear una Ley de Derechos Humanos? ¿tres meses son suficientes para discutir, incluir a la ciudadanía, escucharla e incorporar sus opiniones y aprobar la Ley por ambas cámaras? La iniciativa no lo contempla. A su vez, la propuesta señala que para reformas constitucionales, si el Legislativo no se pronuncia, debe celebrarse un referéndum para su aprobación (aquí no aplica la afirmativa ficta). Establece que como mínimo dos terceras partes del electorado deben aprobarla para que entre en vigor. Sin duda es importante que el Ejecutivo diga con claridad cuáles son sus preferencias. La afirmativa ficta no es la solución. En todo caso, el Legislativo tendría que explicar en un documento las razones en función de las cuales no discutirá la propuesta del Ejecutivo, en un ejercicio de rendición de cuentas, elevando el costo político del Legislativo.
Siete de las nueve propuestas tienen que ver con mecanismos para que el Ejecutivo tenga un contexto de gobernabilidad y acuerdos. De manera residual, también presenta dos iniciativas para mejorar la representación popular:
8. Candidaturas ciudadanas. Esta propuesta es una exigencia de la Asamblea Nacional Ciudadana. En la iniciativa el Ejecutivo plantea que tales candidaturas sean para todos los puestos de elección popular. No obstante, la propuesta señala que “los aspectos relativos a la regulación del financiamiento, acceso a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas, se deberán establecer en la legislación secundaria”. Esta omisión es grave ya que provoca –como ha ocurrido- que las fuerzas políticas las rechacen en automático bajo argumentos falaces como “entrarían candidaturas del narcotráfico” (como si no hubieran entrado ya a través de los partidos) o “habría candidatos de los medios y poderes económicos” (como si no hubieran ya a través de los partidos). La indefinición de la propuesta presidencial nos obliga a concretar con claridad los candados que deben tener estas candidaturas para evitar abusos. Invito a que esto sea lo que se defina hoy en la Asamblea dentro de las mesas correspondientes de la tarde.
9. Finalmente, en su propuesta para establecer iniciativas ciudadanas el Ejecutivo omite dos aspectos fundamentales: tales iniciativas no contienen una suerte de “iniciativa preferente” para que sean atendidos por el Legislativo y tampoco está acompañados de mecanismos de referéndum y plebiscito para su aprobación. La propuesta del Ejecutivo establece que tales iniciativas pueden ser presentadas si agrupan a una décima de punto porcentual del padrón, es decir, 78 mil 264 ciudadanos. Un dato: la campaña de ¡Ya Bájenle! logró juntar 28 mil firmas exigiendo cambios legales para reducir el financiamiento público de los partidos. Son muchísimas pero a pesar de su utilidad pública y su notable carácter ciudadano, esta propuesta no podría presentarse como iniciativa de Ley en este contexto.
En suma, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance.
La propuesta del Ejecutivo tiende al objetivo de favorecer acuerdos. No es gratuita la sensación de grupos ciudadanos de que es sumamente insuficiente. No fue pensada en principio para mejorar la relación con los gobernados a partir del “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Este equilibrio hoy por hoy está muy lejos de ser una realidad para la ciudadanía. Esta propuesta no parte del principio de mejorar la representación ciudadana.
Por su parte, las omisiones de la iniciativa son evidentes para nosotros: no están la reducción del financiamiento público a los partidos, su transparencia y rendición de cuentas; tampoco mecanismos de democracia directa como el plebiscito y referéndum ligados a la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo. Tampoco existe precisión sobre las modalidades y alcances de las candidaturas independientes; así como la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular para evitar episodios lamentables e inaceptables como el de las “juanitas”. Por ello hacen falta reformas ciudadanas urgentes que incluyan estos aspectos, así como la efectiva realización de los derechos civiles, a la seguridad pública y al acceso a la justicia. Recuperar el terreno perdido ante la colonialización de los políticos en los organismos públicos autónomos, el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, así como la generación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales).
Como ciudadanía debemos hacernos cargo de vigilar lo logrado y aprovecharlo: hoy, en 19 estados de la República existen mecanismos de plebiscito, referéndum e iniciativas ciudadanas. Sus requisitos en muchos casos son inalcanzables para utilizarlos efectivamente, en otros, simplemente no los hemos aprovechado y tampoco los hemos puesto a prueba. Por ello debemos tener el compromiso de no sólo luchar por cambios políticos sino asumirlos y ejercerlos. Crear agendas locales de reforma, escuchar a la ciudadanía para lograr consensos sociales más fuertes, para tener más liderazgos locales y ciudadanos. Lograr la ciudadanía social.
Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.
En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana.
No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la Asamblea Nacional Ciudadana que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles una última reflexión: por correo electrónico nuestra colega Connie Patiño nos contó cómo en Veracruz el gobierno emplea técnicas cavernarias para evitar que la gente conozca de las propuestas ciudadanas de la ANCA: amedrentamiento, amenazas de desalojo, confiscación de materiales de difusión. En otros espacios, hemos conocido recientemente de compañeras y compañeros que han perdido la vida en defensa de los derechos humanos. Desde Chihuahua hasta Chiapas y Guerrero. El camino es arduo pero no podemos, no debemos bajar los brazos. Es la hora de exigir, la hora de actuar.
Muchas gracias.
28.1.10
Los ausentes en el Senado
Por Alberto Serdán Rosales
Concluyó un foro más de discusión sobre la Reforma Política con la ausencia de organizaciones de la sociedad civil en su convocatoria y deliberaciones. Académicos, “expertos”, legisladores, líderes de partidos y gobernadores se dieron cita en un seminario en el Senado de la República en el que no se permitieron preguntas ni respuestas del público asistente. Los datos fueron sustituidos por adjetivos y especulaciones. A su vez, las necesidades de la ciudadanía fueron interpretadas en alusiones vagas y, en algunos casos, con palabras cargadas de demagogia y cinismo. Entre los participantes muy pocos se percataron de que la voz ciudadana no tuvo espacio.
El “Seminario de Análisis” de la Reforma Política arrancó con 24 sillas en un largo presidium y ninguna se destinó para la sociedad civil. Así se dio la bienvenida al “gran diálogo nacional” en la que “los invitados tienen mucho que decir”. Los ausentes no. En su lugar, durante 432 ocasiones las y los oradores dijeron palabras como “ciudadano/as”, “ciudadanía”, “ciudadanizar”, “cívico/a”. De estas palabras, 72 por ciento fueron mencionadas en las mesas en las que participaron los políticos, el 28 por ciento restante en las mesas donde participaron los “expertos”. La palabra “político/as” las duplica con 973 veces. En las versiones estenográficas, “sociedad civil” sólo apareció 13 veces (la mayoría en sólo dos discursos); en tanto que la palabra “aplausos”, 83.
El distanciamiento con la ciudadanía fue considerable. Mientras que buena parte de la clase política piensa en acuerdos, hay voces ciudadanas que piensan en la reducción del financiamiento público a los partidos (sólo dos ponentes hicieron una alusión marginal al tema), su transparencia y rendición de cuentas; en mecanismos de democracia directa, en el plebiscito, referéndum, la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo; así como en las candidaturas ciudadanas -las cuales fueron desechadas por la mayoría de los expositores por “peligrosas”- y la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular. En suma, unos piensan en mantener las cosas prácticamente como están, otros en generar un contexto de competencia, exigencia, rendición de cuentas a los partidos.
Como apuntó Diego Valadés en su ponencia, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance. Es cierto, no puede existir lo segundo sin lo primero; pero no puede aceptarse que en aras de mejorar la capacidad de generar acuerdos, se excluya a la ciudadanía.
Que se incluyan voces ciudadanas debe ser natural en espacios como el Senado, no a petición. El Seminario en el Senado tuvo el mismo formato, los mismos discursos, los mismos ponentes, los mismos políticos y las mismas propuestas de siempre. “Estamos a favor de la participación ciudadana que no desequilibre los poderes constituidos”, sentenció la representante de Nueva Alianza. “No hagamos a los otros, lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos”, añadiría Fidel Herrera un día después. Se entendió el mensaje.
Por su parte, el monólogo colectivo se llenó de adjetivos. Muy pocos datos, evidencias. Nada sobre grupos de enfoque, encuestas (sólo una ponencia hizo uso de ellas), análisis comparados (sólo tres ponencias las emplearon), relaciones estadísticas, ya no digamos sistematizaciones puntuales, relaciones causa-efecto, análisis sociológicos o antropológicos de tipo alguno que sostuvieran los argumentos. Algo que explicaran, basándose en evidencias y no suposiciones o anécdotas aisladas, sobre los límites, consecuencias intencionadas y no intencionadas del decálogo de Calderón. Lo resumió muy bien Carlos Elizondo Mayer-Serra: la ciencia política es lo más alejado de una ciencia exacta cuando se discuten reformas como éstas. Se notó.
La misma propuesta presidencial no ayuda. En ese sentido la argumentación de Diego Valadés fue ilustrativa: “¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados, y no en 75 ó en 150?, por ejemplo. ¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Se hizo algún estudio que se mantiene en secreto? ¿O no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían desconcertantes”.
El senador Manlio Fabio Beltrones despidió el Seminario “con un buen sabor de boca”. Dijo que “tenemos ya materia prima, ahora hay que construir”. El desdén por la ciudadanía y por las evidencias es notable. Sin escuchar a la primera y al obviar la segunda, el senador se declara listo para diseñar la arquitectura política del país. Nada nuevo cuando los intereses personales y de grupo están de por medio. No obstante, luego de solicitudes formales por escrito, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, prometió considerarlas en comisiones dictaminadoras y abrir espacios porque “a las senadoras y senadores nos interesa por supuesto saber lo que la sociedad piensa de su forma de Gobierno”. Ojalá así sea.
En cualquier caso, es importante apuntalar la idea de crear una reforma ciudadana para refundar la democracia. Una reforma que atienda las preocupaciones trazadas por diversos grupos y personalidades ante la descomposición de la vida pública de México y el déficit de representación de nuestra clase política (incluso reconocida por varios de los ponentes). En esa tarea será importante promover un acuerdo de entendimiento entre la izquierda y la derecha cívicas para avanzar en reformas que empoderen a la ciudadanía, abran espacios para su participación, rompan con el monopolio de los partidos y los obliguen a mejorar: todo aquello que los ausentes no pudieron decir en el Seminario pero que se las ingeniarán para que su voz sea escuchada en el futuro. Aunque no les guste.
* Publicado en el blog de la revista Nexos.
Concluyó un foro más de discusión sobre la Reforma Política con la ausencia de organizaciones de la sociedad civil en su convocatoria y deliberaciones. Académicos, “expertos”, legisladores, líderes de partidos y gobernadores se dieron cita en un seminario en el Senado de la República en el que no se permitieron preguntas ni respuestas del público asistente. Los datos fueron sustituidos por adjetivos y especulaciones. A su vez, las necesidades de la ciudadanía fueron interpretadas en alusiones vagas y, en algunos casos, con palabras cargadas de demagogia y cinismo. Entre los participantes muy pocos se percataron de que la voz ciudadana no tuvo espacio.
El “Seminario de Análisis” de la Reforma Política arrancó con 24 sillas en un largo presidium y ninguna se destinó para la sociedad civil. Así se dio la bienvenida al “gran diálogo nacional” en la que “los invitados tienen mucho que decir”. Los ausentes no. En su lugar, durante 432 ocasiones las y los oradores dijeron palabras como “ciudadano/as”, “ciudadanía”, “ciudadanizar”, “cívico/a”. De estas palabras, 72 por ciento fueron mencionadas en las mesas en las que participaron los políticos, el 28 por ciento restante en las mesas donde participaron los “expertos”. La palabra “político/as” las duplica con 973 veces. En las versiones estenográficas, “sociedad civil” sólo apareció 13 veces (la mayoría en sólo dos discursos); en tanto que la palabra “aplausos”, 83.
El distanciamiento con la ciudadanía fue considerable. Mientras que buena parte de la clase política piensa en acuerdos, hay voces ciudadanas que piensan en la reducción del financiamiento público a los partidos (sólo dos ponentes hicieron una alusión marginal al tema), su transparencia y rendición de cuentas; en mecanismos de democracia directa, en el plebiscito, referéndum, la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo; así como en las candidaturas ciudadanas -las cuales fueron desechadas por la mayoría de los expositores por “peligrosas”- y la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular. En suma, unos piensan en mantener las cosas prácticamente como están, otros en generar un contexto de competencia, exigencia, rendición de cuentas a los partidos.
Como apuntó Diego Valadés en su ponencia, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance. Es cierto, no puede existir lo segundo sin lo primero; pero no puede aceptarse que en aras de mejorar la capacidad de generar acuerdos, se excluya a la ciudadanía.
Que se incluyan voces ciudadanas debe ser natural en espacios como el Senado, no a petición. El Seminario en el Senado tuvo el mismo formato, los mismos discursos, los mismos ponentes, los mismos políticos y las mismas propuestas de siempre. “Estamos a favor de la participación ciudadana que no desequilibre los poderes constituidos”, sentenció la representante de Nueva Alianza. “No hagamos a los otros, lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos”, añadiría Fidel Herrera un día después. Se entendió el mensaje.
Por su parte, el monólogo colectivo se llenó de adjetivos. Muy pocos datos, evidencias. Nada sobre grupos de enfoque, encuestas (sólo una ponencia hizo uso de ellas), análisis comparados (sólo tres ponencias las emplearon), relaciones estadísticas, ya no digamos sistematizaciones puntuales, relaciones causa-efecto, análisis sociológicos o antropológicos de tipo alguno que sostuvieran los argumentos. Algo que explicaran, basándose en evidencias y no suposiciones o anécdotas aisladas, sobre los límites, consecuencias intencionadas y no intencionadas del decálogo de Calderón. Lo resumió muy bien Carlos Elizondo Mayer-Serra: la ciencia política es lo más alejado de una ciencia exacta cuando se discuten reformas como éstas. Se notó.
La misma propuesta presidencial no ayuda. En ese sentido la argumentación de Diego Valadés fue ilustrativa: “¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados, y no en 75 ó en 150?, por ejemplo. ¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Se hizo algún estudio que se mantiene en secreto? ¿O no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían desconcertantes”.
El senador Manlio Fabio Beltrones despidió el Seminario “con un buen sabor de boca”. Dijo que “tenemos ya materia prima, ahora hay que construir”. El desdén por la ciudadanía y por las evidencias es notable. Sin escuchar a la primera y al obviar la segunda, el senador se declara listo para diseñar la arquitectura política del país. Nada nuevo cuando los intereses personales y de grupo están de por medio. No obstante, luego de solicitudes formales por escrito, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, prometió considerarlas en comisiones dictaminadoras y abrir espacios porque “a las senadoras y senadores nos interesa por supuesto saber lo que la sociedad piensa de su forma de Gobierno”. Ojalá así sea.
En cualquier caso, es importante apuntalar la idea de crear una reforma ciudadana para refundar la democracia. Una reforma que atienda las preocupaciones trazadas por diversos grupos y personalidades ante la descomposición de la vida pública de México y el déficit de representación de nuestra clase política (incluso reconocida por varios de los ponentes). En esa tarea será importante promover un acuerdo de entendimiento entre la izquierda y la derecha cívicas para avanzar en reformas que empoderen a la ciudadanía, abran espacios para su participación, rompan con el monopolio de los partidos y los obliguen a mejorar: todo aquello que los ausentes no pudieron decir en el Seminario pero que se las ingeniarán para que su voz sea escuchada en el futuro. Aunque no les guste.
* Publicado en el blog de la revista Nexos.
La ANCA ante la reforma política
Por Alberto Serdán Rosales
Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.
Entre las características de la promoción del voto nulo en 2009 se encontró el hartazgo de una disociación entre el mundo que toma decisiones –cotidianamente llamada clase política– y el de una mayoría espectadora de la descomposición de esa clase dominada por cuotas e intereses particulares y partidistas. De fondo, la incapacidad de esta clase para garantizar el ejercicio de derechos (tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales), así como de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, de igualdad sustantiva, democracia sustantiva y un estado democrático de derecho.
En este contexto, grupos que promovieron el voto nulo (como “Esperanza Marchita”, “Para políticos nulos, votos nulos”, “Vota por Papanatas”, “Voto Blanco” y “Tache a Todos” –por citar sólo algunos) conformaron la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y pasaron de la protesta a una propuesta mínima de tres ejes básicos: i) el establecimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana y el valor jurídico del voto nulo; ii) el establecimiento de las candidaturas independientes y; iii) la reducción del financiamiento de los partidos, su transparencia y rendición de cuentas.
De manera activa, en los últimos meses la ANCA promovió la campaña ¡Ya Bájenle! que se propuso modificar la fórmula para el cálculo del dinero que se entrega a los partidos políticos, con el propósito de que sean los votos válidos, y no el padrón electoral, lo que determine su financiamiento. En este sentido, hay en puerta una iniciativa de reforma constitucional pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores –también en la de Diputados y el resto de los Congresos Estatales– por lo que las movilizaciones (incluyendo en Twitter y Facebook) continuarán hasta lograr este objetivo.
En tanto, el próximo 30 y 31 de enero la ANCA llevará a cabo su 4a Asamblea en Monterrey, Nuevo León, donde se discutirá, además de los tres ejes, su postura respecto de los próximos procesos electorales en 2010, así como las propuestas que no fueron retomadas en la reforma política presentada por Felipe Calderón. Asimismo se debatirá la posición de la ANCA respecto de la reelección y, lo más importante, se definirán estrategias para lograr que la ciudadanía, efectivamente, forme parte de todas estas discusiones y no se quede al margen.
En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana. No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la ANCA que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.
* Publicado en el blog del suplemento Enfoque del periódico Reforma.
Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.
Entre las características de la promoción del voto nulo en 2009 se encontró el hartazgo de una disociación entre el mundo que toma decisiones –cotidianamente llamada clase política– y el de una mayoría espectadora de la descomposición de esa clase dominada por cuotas e intereses particulares y partidistas. De fondo, la incapacidad de esta clase para garantizar el ejercicio de derechos (tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales), así como de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, de igualdad sustantiva, democracia sustantiva y un estado democrático de derecho.
En este contexto, grupos que promovieron el voto nulo (como “Esperanza Marchita”, “Para políticos nulos, votos nulos”, “Vota por Papanatas”, “Voto Blanco” y “Tache a Todos” –por citar sólo algunos) conformaron la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y pasaron de la protesta a una propuesta mínima de tres ejes básicos: i) el establecimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana y el valor jurídico del voto nulo; ii) el establecimiento de las candidaturas independientes y; iii) la reducción del financiamiento de los partidos, su transparencia y rendición de cuentas.
De manera activa, en los últimos meses la ANCA promovió la campaña ¡Ya Bájenle! que se propuso modificar la fórmula para el cálculo del dinero que se entrega a los partidos políticos, con el propósito de que sean los votos válidos, y no el padrón electoral, lo que determine su financiamiento. En este sentido, hay en puerta una iniciativa de reforma constitucional pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores –también en la de Diputados y el resto de los Congresos Estatales– por lo que las movilizaciones (incluyendo en Twitter y Facebook) continuarán hasta lograr este objetivo.
En tanto, el próximo 30 y 31 de enero la ANCA llevará a cabo su 4a Asamblea en Monterrey, Nuevo León, donde se discutirá, además de los tres ejes, su postura respecto de los próximos procesos electorales en 2010, así como las propuestas que no fueron retomadas en la reforma política presentada por Felipe Calderón. Asimismo se debatirá la posición de la ANCA respecto de la reelección y, lo más importante, se definirán estrategias para lograr que la ciudadanía, efectivamente, forme parte de todas estas discusiones y no se quede al margen.
En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana. No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la ANCA que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.
* Publicado en el blog del suplemento Enfoque del periódico Reforma.
15.12.09
#EsclavosMex
Posicionamiento público en torno a la situación de las poblaciones callejeras del Distrito Federal
Difusión Cencos México D.F., 14 de diciembre de 2009
Boletín de prensa
OSC de DH
• El caso “Los elegidos de Dios” obliga a superar las actuales omisiones del Estado Mexicano frente a la protección de poblaciones excluidas.
• Desde el mes de mayo alertamos al Gobierno del Distrito Federal de operativos irregulares, recibiendo la negación de los hechos sin realizar una investigación profunda y la revisión de sus acciones.
• Exigimos reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros e investigar la complicidad de funcionarios públicos de la ciudad de México.
• El sistema de salud no ofrece alternativas de tratamiento residencial para las adicciones, por lo que en el país existen cientos de ‘‘anexos’’ sin regulación, ni supervisión de las autoridades, ante la desesperación de familias por atender esta enfermedad.
• Es urgente aplicar los lineamientos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para la atención de las poblaciones callejeras, considerando un presupuesto suficiente para el mismo.
• Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, garantizando que sus proveedores siguen ciertos códigos de ética y estándares de comportamiento.
El reciente operativo policiaco en un ‘anexo’ denominado “Los elegidos de Dios” descubrió que se mantenía en condiciones de explotación laboral y sexual a 105 personas, quienes en su mayoría fueron privadas de la libertad por sobrevivir en el espacio público. Este acontecimiento se suma ya a numerosos casos de trata de personas con diversos fines, que más que hechos aislados, se han convertido en una práctica sistemática de la delincuencia organizada, y al mismo tiempo denota la enorme debilidad de las instituciones en el orden local y federal para prevenir y combatir estos delitos.
En los medios de comunicación la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló que respondió a una demanda presentada el pasado mes de septiembre por una persona que logró escapar del citado ‘anexo’. El Procurador Mancera Espinosa reconoció en medios de comunicación desconocer el aviso de la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) y El Caracol AC sobre la existencia del anexo que operaba de forma irregular. El pasado 2 de junio fue enviado un oficio dirigido al Jefe de gobierno Marcelo Ebrad y los jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, señalando que la actuación del citado ‘anexo’ se orientaba hacia la población callejera y se alertó sobre un posible acuerdo con funcionarios públicos delegacionales para la limpieza social en la ciudad en el marco de la ‘recuperación de espacios públicos’ realizado en ambas delegaciones, especialmente en el Centro Histórico y en Av. Congreso de la Unión. El silencio o la negación de los hechos fueron las respuestas de las distintas autoridades, sin realizar una investigación profunda y la revisión de sus acciones.
Este lamentable acontecimiento se convierte en una obligación ética y política para superar las actuales omisiones del Estado Mexicano en la atención y protección de las poblaciones callejeras que sobreviven en el espacio público desde hace más de seis décadas. Reconociendo que su llegada y permanencia en las calles son la expresión más lacerante de la negación y violación de sus derechos humanos, resultado de la invisibilidad y exclusión social acumulada. Posibilitando que el fenómeno callejero evolucionara del llamado “niño de la calle” hasta convertirse en un grupo demográfico que también incluye a niños, niñas, mujeres, jóvenes, familias, adultos y ancianos callejeros con una red social de sobrevivencia y cultura propia. Quienes generalmente no son considerados ciudadanos y están viviendo la discriminación y violencia institucional que vulnera sus posibilidades para ejercer sus derechos humanos.
En el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal en el capítulo 31 (punto 3204) presentado en 2008 y en la recomendación 23/2009 (punto 1.2.4.) del pasado 29 de Septiembre emitida por la CDHDF, aparecen los llamados ‘anexos’ vinculados a violaciones de derechos humanos. En los documentos se enuncia que desde mayo del 2007 las y los jóvenes retenidos por autoridades delegacionales ya eran enviados a ‘anexos’, sólo por su condición de callejeros.
La ausencia de espacios de tratamiento residencial para las adicciones en el sistema de salud han permitido la proliferación de cientos de ‘anexos’ que se aprovechan de la desesperación de familias y personas quienes buscan alternativa de atención, poniendo en riesgo la vida de miles de personas que atraviesan por una doble victimización, al ser expuestas sus vidas por la falta de atención profesional de sus adicciones, así como por la falta de recursos para acceder a clínicas privadas para atender a sus enfermos; por lo que ser adicto y pobre se convierte en estigma social.
Las autoridades federales y locales están obligadas a garantizar el derecho de protección a todas y todos los ciudadanos sin importar su condición social, cumpliendo con la supervisión de los espacios de atención a grupos altamente vulnerados en sus derechos, como son niños sin cuidado parental, ancianos y usuarios de sustancias que se encuentran en espacios residenciales públicos y privados. Es responsabilidad de las autoridades federales y locales garantizar la aplicación de las directrices de cuidado alternativo de la niñez emitidas por Naciones Unidas (General Assembly A/HRC/11/L.13), especialmente de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, entre otros instrumentos jurídicos.
Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los diez principios universales del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente, especialmente con el “Principio No. 2 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.” Es por ello fundamental reconocer la responsabilidad social de las empresas en la generación de riqueza, garantizando que sus proveedores siguen ciertos códigos de ética y estándares de comportamiento. Así como ofrecer los mecanismos públicos de verificación que garanticen a las y los consumidores no ser participes de prácticas comerciales asociadas a violaciones de los derechos humanos. (http://www.cinu.org.mx/pactomundial/principios.htm#2)
Exigimos reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros, así como evitar la discriminación social contra estas poblaciones reduciéndolas a un criterio de “peligrosidad y mala imagen” Recordamos que al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal su obligación de cumplir con el art. 21 párrafo IX, Constitucional que señala: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”
Demandamos a las autoridades federales y de la ciudad de México se realice una investigación imparcial y exhaustiva que permita identificar a la complicidad de funcionarios públicos del GDF y de otros ámbitos o entidades de ser necesario, para el castigo a quienes han delinquido en la trata de personas que se ha evidenciado en distintas denuncias; Así como a desarrollar políticas integrales, que permitan documentar el nivel de actuación de la delincuencia organizada en la trata de personas, establecer mapas delincuenciales en esa materia y realizar acciones para prevenirla y erradicarla en coordinación con otros gobiernos locales
Llamamos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a priorizar en la asignación del presupuesto, recursos suficientes a fin de cumplir con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que integra un capítulo específico sobre poblaciones callejeras que ofrece las líneas temáticas que todas las instancias públicas tienen que aplicar al atender a esta población altamente excluida en la ciudad de México.
Red por los Derechos de la Infancia en México
Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras
El Caracol AC
Programa Niños de la Calle A.C.
Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES IAP
Educación con el Niño Callejero, I.A.P. EDNICA
Melel Xojobal, A.C.
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, MAMA A.C.
Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, MATRACA A.C.
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.
INCIDE Social, A.C.
Católicas por el Derecho a Decidir, CDD
Fray Francisco de Vitoria, O.P.
Educación y Ciudadanía A.C.
Alternativas y Capacidades AC
Cause Ciudadano AC
Propuesta Civica AC
DESCA Equipo Pueblo AC
Convergencia de Organismos Civiles, A. C
Academia Morelense de derechos Humanos, A.C.
Cladem, Morelos
Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, ODISEA, A.C.
Acción Salud y Cultura, A.C
Centro de Estudios Sociológicos de la FCP y S de la UNAM
Fundación para la Protección de la Niñez IAP,
Patronato Francisco Méndez, I.A.P.
Red Democracia y Sexualidad, DEMYSEX
Ririki Intervención Social, S.C.
Visión Mundial de México
Espíritu que Danza, A.C.
LeSVOZ A. C.
Fundación Ayuda en Acción México Protégeme A.C.
Confederación Nacional Niños de México AC, CONANIMAC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. -CADHAC-
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C
Padre Miguel Concha Malo
Clara Jusidman
Fabienne Venet
Alma Irene Nava Bello
Juan Martín Pérez García
Ingrith Carreón Morales
Patricia S. Bedolla Zamora
Difusión Cencos México D.F., 14 de diciembre de 2009
Boletín de prensa
OSC de DH
• El caso “Los elegidos de Dios” obliga a superar las actuales omisiones del Estado Mexicano frente a la protección de poblaciones excluidas.
• Desde el mes de mayo alertamos al Gobierno del Distrito Federal de operativos irregulares, recibiendo la negación de los hechos sin realizar una investigación profunda y la revisión de sus acciones.
• Exigimos reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros e investigar la complicidad de funcionarios públicos de la ciudad de México.
• El sistema de salud no ofrece alternativas de tratamiento residencial para las adicciones, por lo que en el país existen cientos de ‘‘anexos’’ sin regulación, ni supervisión de las autoridades, ante la desesperación de familias por atender esta enfermedad.
• Es urgente aplicar los lineamientos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para la atención de las poblaciones callejeras, considerando un presupuesto suficiente para el mismo.
• Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, garantizando que sus proveedores siguen ciertos códigos de ética y estándares de comportamiento.
El reciente operativo policiaco en un ‘anexo’ denominado “Los elegidos de Dios” descubrió que se mantenía en condiciones de explotación laboral y sexual a 105 personas, quienes en su mayoría fueron privadas de la libertad por sobrevivir en el espacio público. Este acontecimiento se suma ya a numerosos casos de trata de personas con diversos fines, que más que hechos aislados, se han convertido en una práctica sistemática de la delincuencia organizada, y al mismo tiempo denota la enorme debilidad de las instituciones en el orden local y federal para prevenir y combatir estos delitos.
En los medios de comunicación la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló que respondió a una demanda presentada el pasado mes de septiembre por una persona que logró escapar del citado ‘anexo’. El Procurador Mancera Espinosa reconoció en medios de comunicación desconocer el aviso de la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) y El Caracol AC sobre la existencia del anexo que operaba de forma irregular. El pasado 2 de junio fue enviado un oficio dirigido al Jefe de gobierno Marcelo Ebrad y los jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, señalando que la actuación del citado ‘anexo’ se orientaba hacia la población callejera y se alertó sobre un posible acuerdo con funcionarios públicos delegacionales para la limpieza social en la ciudad en el marco de la ‘recuperación de espacios públicos’ realizado en ambas delegaciones, especialmente en el Centro Histórico y en Av. Congreso de la Unión. El silencio o la negación de los hechos fueron las respuestas de las distintas autoridades, sin realizar una investigación profunda y la revisión de sus acciones.
Este lamentable acontecimiento se convierte en una obligación ética y política para superar las actuales omisiones del Estado Mexicano en la atención y protección de las poblaciones callejeras que sobreviven en el espacio público desde hace más de seis décadas. Reconociendo que su llegada y permanencia en las calles son la expresión más lacerante de la negación y violación de sus derechos humanos, resultado de la invisibilidad y exclusión social acumulada. Posibilitando que el fenómeno callejero evolucionara del llamado “niño de la calle” hasta convertirse en un grupo demográfico que también incluye a niños, niñas, mujeres, jóvenes, familias, adultos y ancianos callejeros con una red social de sobrevivencia y cultura propia. Quienes generalmente no son considerados ciudadanos y están viviendo la discriminación y violencia institucional que vulnera sus posibilidades para ejercer sus derechos humanos.
En el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal en el capítulo 31 (punto 3204) presentado en 2008 y en la recomendación 23/2009 (punto 1.2.4.) del pasado 29 de Septiembre emitida por la CDHDF, aparecen los llamados ‘anexos’ vinculados a violaciones de derechos humanos. En los documentos se enuncia que desde mayo del 2007 las y los jóvenes retenidos por autoridades delegacionales ya eran enviados a ‘anexos’, sólo por su condición de callejeros.
La ausencia de espacios de tratamiento residencial para las adicciones en el sistema de salud han permitido la proliferación de cientos de ‘anexos’ que se aprovechan de la desesperación de familias y personas quienes buscan alternativa de atención, poniendo en riesgo la vida de miles de personas que atraviesan por una doble victimización, al ser expuestas sus vidas por la falta de atención profesional de sus adicciones, así como por la falta de recursos para acceder a clínicas privadas para atender a sus enfermos; por lo que ser adicto y pobre se convierte en estigma social.
Las autoridades federales y locales están obligadas a garantizar el derecho de protección a todas y todos los ciudadanos sin importar su condición social, cumpliendo con la supervisión de los espacios de atención a grupos altamente vulnerados en sus derechos, como son niños sin cuidado parental, ancianos y usuarios de sustancias que se encuentran en espacios residenciales públicos y privados. Es responsabilidad de las autoridades federales y locales garantizar la aplicación de las directrices de cuidado alternativo de la niñez emitidas por Naciones Unidas (General Assembly A/HRC/11/L.13), especialmente de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, entre otros instrumentos jurídicos.
Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los diez principios universales del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente, especialmente con el “Principio No. 2 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.” Es por ello fundamental reconocer la responsabilidad social de las empresas en la generación de riqueza, garantizando que sus proveedores siguen ciertos códigos de ética y estándares de comportamiento. Así como ofrecer los mecanismos públicos de verificación que garanticen a las y los consumidores no ser participes de prácticas comerciales asociadas a violaciones de los derechos humanos. (http://www.cinu.org.mx/pactomundial/principios.htm#2)
Exigimos reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros, así como evitar la discriminación social contra estas poblaciones reduciéndolas a un criterio de “peligrosidad y mala imagen” Recordamos que al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal su obligación de cumplir con el art. 21 párrafo IX, Constitucional que señala: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”
Demandamos a las autoridades federales y de la ciudad de México se realice una investigación imparcial y exhaustiva que permita identificar a la complicidad de funcionarios públicos del GDF y de otros ámbitos o entidades de ser necesario, para el castigo a quienes han delinquido en la trata de personas que se ha evidenciado en distintas denuncias; Así como a desarrollar políticas integrales, que permitan documentar el nivel de actuación de la delincuencia organizada en la trata de personas, establecer mapas delincuenciales en esa materia y realizar acciones para prevenirla y erradicarla en coordinación con otros gobiernos locales
Llamamos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a priorizar en la asignación del presupuesto, recursos suficientes a fin de cumplir con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que integra un capítulo específico sobre poblaciones callejeras que ofrece las líneas temáticas que todas las instancias públicas tienen que aplicar al atender a esta población altamente excluida en la ciudad de México.
Red por los Derechos de la Infancia en México
Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras
El Caracol AC
Programa Niños de la Calle A.C.
Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES IAP
Educación con el Niño Callejero, I.A.P. EDNICA
Melel Xojobal, A.C.
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, MAMA A.C.
Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, MATRACA A.C.
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.
INCIDE Social, A.C.
Católicas por el Derecho a Decidir, CDD
Fray Francisco de Vitoria, O.P.
Educación y Ciudadanía A.C.
Alternativas y Capacidades AC
Cause Ciudadano AC
Propuesta Civica AC
DESCA Equipo Pueblo AC
Convergencia de Organismos Civiles, A. C
Academia Morelense de derechos Humanos, A.C.
Cladem, Morelos
Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, ODISEA, A.C.
Acción Salud y Cultura, A.C
Centro de Estudios Sociológicos de la FCP y S de la UNAM
Fundación para la Protección de la Niñez IAP,
Patronato Francisco Méndez, I.A.P.
Red Democracia y Sexualidad, DEMYSEX
Ririki Intervención Social, S.C.
Visión Mundial de México
Espíritu que Danza, A.C.
LeSVOZ A. C.
Fundación Ayuda en Acción México Protégeme A.C.
Confederación Nacional Niños de México AC, CONANIMAC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. -CADHAC-
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C
Padre Miguel Concha Malo
Clara Jusidman
Fabienne Venet
Alma Irene Nava Bello
Juan Martín Pérez García
Ingrith Carreón Morales
Patricia S. Bedolla Zamora
13.12.09
Los tentáculos de Elba Esther
Los tentáculos de Elba Esther
Análisis presupuesto y control político. A través de personajes allegados a ella, la lideresa magisterial ha ejercido el control político de seis instituciones y sus presupuestos durante el gobierno de Felipe Calderón
Sergio Aguayo Quezada y Alberto Serdán Rosales
(ENFOQUE, REFORMA, 13 diciembre 2009).- En los tres primeros años de gobierno de Felipe Calderón (2007-2009), el grupo político encabezado por la maestra Elba Esther Gordillo ha manejado recursos públicos por un mínimo de 345 mil 785 millones de pesos y un máximo de un billón 611 mil 771 millones. Cada año, miembros de su grupo han tomado decisiones sobre al menos 115 mil millones de pesos, más que los gobiernos del Distrito Federal o el estado de México.
(Foto: www.starmedia.com)
Al político se le identifica por el partido y el grupo. Cuando se habla de alguien, se dice el nombre, el cargo y con frecuencia se añade el familiar "es gente de...". Se trata de una categoría difícil de documentar porque los grupos carecen de una estructura formal. En consecuencia, para bosquejar esta cartografía del poder debe recurrirse a testimonios orales y a evidencias indirectas. Por otro lado, uno de los principales indicadores de fuerza política es la cantidad de presupuestos, instituciones y cargos que controla cada grupo (ver Cuadro 1). Con estas advertencias revisemos primero la cantidad de dependencias federales y estatales controladas por el grupo de la maestra para después explorar la receta tras la prosperidad.
SNTE
En 1989 Elba Esther Gordillo llegó a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización sindical más numerosa de América Latina. Centenares de miles de maestros la veneran o toleran mientras que una minoría la combate. Ésta es la base política y social de la cual se ha derivado el poder que ahora tiene. Es tan esencial el control del SNTE que Elba Esther se hizo nombrar presidenta nacional vitalicia (ver Cuadro 3).
ISSSTE
En su primer día como Presidente, Vicente Fox anunció que el profesor Benjamín González Roaro sería director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Años después, Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), aseguró que Elba Esther le había presumido que "el Presidente Fox me acaba de dar el ISSSTE" y que ahí pensaba "poner a Benjamín". (Reforma, 6 de marzo del 2005). El 31 de marzo de 2006, González Roaro heredó el cargo a Miguel Ángel Yunes Linares, identificado como "operador político de la profesora" por Ricardo Raphael en su libro Los socios de Elba Esther (Planeta, 2007). Al día de hoy permanece en el cargo (ver Cuadro 3).
Lotería Nacional
En julio de 2004 Vicente Fox entregó la posición a Tomás Ruiz González quien, según el libro arriba mencionado, es un "asociado político" de la maestra. Una versión creíble porque Tomás Ruiz fue presidente del Partido Nueva Alianza entre el 2006 y el 2007. Al igual que Yunes, Tomás Ruiz fue militante del PRI y diputado federal en la LIX Legislatura con Gordillo como coordinadora de la bancada tricolor. Ambos personajes renunciaron al PRI cuando Gordillo fue expulsada por la dirigencia de Roberto Madrazo y ambos dejaron la diputación federal para aceptar cargos en el gobierno de Fox.
Después de Ruiz, llegó a la Lotería el secretario particular de la maestra, Francisco Javier Yáñez Herrera, que está imbuido con el aura de haber "cargado el maletín de la maestra" (El Universal, 20 de diciembre del 2006). Lo sucedió el presidente fundador del Panal, Miguel Ángel Jiménez, quien tuvo que renunciar en abril del 2009 cuando se supo que intentó usar el presupuesto de la Lotería para comprar publicidad al Diario de Yucatán en favor del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. En junio pasado entró de emergente Benjamín González Roaro (ver Cuadro 3).
Panal
El partido Nueva Alianza obtuvo el registro en 2005 y fue una de las causas que llevaron a la ruptura de la maestra con el PRI. Aunque Elba Esther no tiene una presencia formal, en el Panal hay una fuerte presencia magisterial y en él tienen cargos de dirección su hija, la diputada Mónica Arriola Gordillo, coordinadora ejecutiva de Vinculación, y su nieto René Fujiwara Montelongo, presidente de Alianza Joven, brazo juvenil del Panal (ver Cuadro 3).
SNSP
Fox entregó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a la maestra en febrero del 2006. El primero que la dirigió fue Miguel Ángel Yunes Linares (2005-2006), quien cedió el cargo a Roberto Campa Cifrián, el candidato presidencial en 2006 por el Panal. En septiembre del 2008, Calderón retomó el control del cargo (ver Cuadro 2).
SEP
El 1o. de diciembre del 2006 Felipe Calderón fue ungido Presidente. Dos semanas después se anunció que la subsecretaría de Educación Básica, la dependencia más importante de la Secretaría de Educación Pública, tendría como titular a José Fernando González Sánchez cuyo mérito principal es su calidad de yerno de la maestra. En noviembre del 2005, Reforma reveló conversaciones de Calderón con Gordillo y Yunes en las que se mencionaba al yerno como contacto del grupo de la maestra con el entonces precandidato panista (ver Cuadro 1).
En forma paralela, el grupo fue incrementando su control sobre las secretarías de Educación Pública de los estados que, desde la descentralización, manejan cantidades enormes de dinero. Se trata de una telaraña espesa que impide una gran precisión. Sin embargo, de acuerdo con una relación proporcionada por fuentes de la SEP, las secretarías donde despacha gente de Elba Esther son las de Campeche, Coahuila, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco. Hay evidencia que respalda esta versión. Por ejemplo, el responsable de la educación en Campeche, José del Carmen Soberanis González, fue secretario particular de la maestra (Reforma, 9 de septiembre del 2002); en Coahuila, el secretario Carlos Ariel Moreira Valdés, hermano del gobernador Humberto Moreira, es el secretario general de la Sección 38 del SNTE, y en Nayarit, la secretaria Olga Margarita Uriarte Rico tiene un historial como dirigente del SNTE y de militancia en el Panal (Reforma, 6 de noviembre de 2009).
En una segunda categoría estaría la mayor parte de los estados donde es desigual la influencia del grupo. De acuerdo con fuentes conocedoras, el titular de la administración federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, es muy cercano a la maestra. Por cierto, el Distrito Federal es la única entidad en la cual la SEP sigue controlando la educación básica, desde los tiempos de Benjamín González Roaro, quien ocupó esa posición entre abril de 1994 y noviembre del 2000 (ver Cuadro 4).
El caso de Reyes Tamez Guerra ilustra lo difícil que resulta establecer la forma como se van conformando los grupos. Tamez Guerra fue secretario de Educación en el sexenio de Fox (2000-2006) y de ahí brincó a la secretaría de Educación de Nuevo León. De manera un tanto sorpresiva, este año salió del clóset político: fue candidato del Panal a diputado federal y actualmente coordina la bancada de ese partido en la Cámara, donde también preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿En qué momento de la última década empezó a ser "gente de" la maestra?
Los recursos
Cuando tuvimos certidumbre sobre las dependencias controladas por el grupo, establecimos la cantidad de dinero público que han manejado durante el sexenio de Calderón. Fue laborioso pero sencillo rescatar las cifras para lo federal; los estados se transformaron en una pesadilla porque, con algunas excepciones, compiten en el disimulo y la opacidad.
Para establecer los montos mencionados en los cuadros fuimos conservadores: en el mínimo sólo pusimos las cantidades sobre las cuales hay certeza y en el máximo pusimos todo lo que podrían manejar.
Pese al cuidado, no está de más subrayar que se trata de un primer acercamiento en el cual persisten áreas de penumbra. Mencionamos las principales. La SEP se rehúsa a informar cuánto dinero canaliza por cuotas sindicales al SNTE en todo el país, desglosado por estado (sólo incluimos lo hecho público por el Instituto Federal de Acceso a la Información). También falta establecer los fondos que recibe el Panal en los estados y ni siquiera intentamos estimar en cuántas presidencias municipales tiene presencia el grupo.
Tampoco quisimos especular sobre la pulcritud con la cual manejan ese presupuesto ni incursionamos en la enigmática distancia que hay entre los ingresos conocidos de la maestra y su bonanza personal. Hay dos aspectos sobre los cuales no tenemos ninguna duda: cada año crece el poder de este grupo, cuyo éxito está muy ligado a la llegada del PAN a Los Pinos.
Beneficiaria de la transición
La maestra se aprovechó de la alternancia para modernizar el autoritarismo. A medida que fue resquebrajándose el presidencialismo centralista y autoritario, Elba Esther interpretó y aprovechó las oportunidades presentadas por la transición utilizando un método que a continuación bosquejamos.
El magisterio organizado siempre fue uno de los operadores electorales del PRI. Antes estaban sometidos a los férreos controles del partido, pero cuando ganaron autonomía sacaron ventaja de su sofisticado conocimiento de las elecciones. Este grupo, aseguran diversas fuentes, tiene equipos altamente especializados para estudiar con encuestas las intenciones de voto que, en el momento oportuno, presentan al candidato seleccionado, al cual respaldan a cambio de cargos gubernamentales acordes con la magnitud de los servicios prestados.
Quienes aceptan las condiciones reciben palabras melosas y el apoyo organizado que puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota en las urnas, porque otro brazo de la maquinaria magisterial es la notable capacidad para mover, en unos cuantos minutos, a miles o centenares de miles de personas dispuestas a votar por quien se les ordene.
El padrón de usuarios crece constantemente. En el 2006, por ejemplo, Gabriela Cuevas fue candidata por el PAN-Panal y el respaldo del aparato magisterial le facilitó la victoria en la delegación Miguel Hidalgo de la capital. Ese mismo año, Felipe Calderón recibió hasta un millón de votos del grupo de Elba Esther. Es inevitable asociar estos servicios con el trato de privilegio que su gobierno ha dado a la maestra.
Aunque el modelo tiene imitadores, nadie supera al juggernaut magisterial en tamaño y sofisticación. La fórmula, además de redituable, ha contribuido a la modernización del autoritarismo porque la paradoja es que los avances en el respeto al voto han servido para fortalecer a un grupo que va en contra del espíritu democrático. La maestra es una de las expresiones más acabadas de una democracia de poderes fácticos hecha posible por la pasividad de los árbitros electorales que toleran impasibles el manoseo del voto.
El poder y la ostentación que de él hace Elba Esther provocan sentimientos encontrados. Cuando Manlio Fabio Beltrones coincidió con ella en la Cámara de Diputados aseguró que la maestra venía de "los sótanos", de los "caños de la política". Vicente Fox, por el contrario, la admiraba tanto que la describió como una "mujer valiente y aguerrida" con "amor y cariño por el país" (las citas provienen de la obra de Ricardo Raphael y de La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda).
Finalmente, es imposible esclarecer qué busca Elba Esther y si tiene límites su acumulación de poder y recursos públicos. En agosto del 2005 la maestra promovió un libro firmado por ella: El paseo de las reformas: la batalla por México (Grijalbo). Le anexó una carta en la que decía: "he tratado de que mi lucha a favor de las grandes causas nacionales no sólo forme parte de mi conducta pública, sino de mi realidad e intención". La grandilocuencia es una característica del habla de la maestra.
Se oye bien, pero en la página 12 de esa obra se despacha una cátedra de realismo político: en México, sentencia la autora, "nada avanza en política, con excepción de los proyectos personales". La frase condensa la biografía de esta profesora chiapaneca que ha triunfado en las guerras de acumulación salvaje de presupuestos y cargos que caracterizan al autoritarismo modernizado del siglo XXI mexicano.
Texto elaborado con apoyo de Sonia del Valle, reportera de Reforma. Laura Ruiz Castro colaboró en la recuperación de las cifras de los presupuestos de educación en los estados.
Cuadros:
Los tentáculos de Elba Esther: Cuadros resumen
Cuadro 1 Presupuesto de la educación básica federal
Cuadro 2 Presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Cuadro 3 Presupuesto del ISSSTE, Lotería Nacional, Partido Nueva Alianza y transferencias al SNTE
Cuadro 4 Presupuesto de educación en los estados
Cuadro 5 Presupuesto de educación en los estados (informativo, no suma al total)
Fuentes de los datos estatales
Todos los cuadros en Excel
Análisis presupuesto y control político. A través de personajes allegados a ella, la lideresa magisterial ha ejercido el control político de seis instituciones y sus presupuestos durante el gobierno de Felipe Calderón
Sergio Aguayo Quezada y Alberto Serdán Rosales
(ENFOQUE, REFORMA, 13 diciembre 2009).- En los tres primeros años de gobierno de Felipe Calderón (2007-2009), el grupo político encabezado por la maestra Elba Esther Gordillo ha manejado recursos públicos por un mínimo de 345 mil 785 millones de pesos y un máximo de un billón 611 mil 771 millones. Cada año, miembros de su grupo han tomado decisiones sobre al menos 115 mil millones de pesos, más que los gobiernos del Distrito Federal o el estado de México.
(Foto: www.starmedia.com)
Al político se le identifica por el partido y el grupo. Cuando se habla de alguien, se dice el nombre, el cargo y con frecuencia se añade el familiar "es gente de...". Se trata de una categoría difícil de documentar porque los grupos carecen de una estructura formal. En consecuencia, para bosquejar esta cartografía del poder debe recurrirse a testimonios orales y a evidencias indirectas. Por otro lado, uno de los principales indicadores de fuerza política es la cantidad de presupuestos, instituciones y cargos que controla cada grupo (ver Cuadro 1). Con estas advertencias revisemos primero la cantidad de dependencias federales y estatales controladas por el grupo de la maestra para después explorar la receta tras la prosperidad.
SNTE
En 1989 Elba Esther Gordillo llegó a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización sindical más numerosa de América Latina. Centenares de miles de maestros la veneran o toleran mientras que una minoría la combate. Ésta es la base política y social de la cual se ha derivado el poder que ahora tiene. Es tan esencial el control del SNTE que Elba Esther se hizo nombrar presidenta nacional vitalicia (ver Cuadro 3).
ISSSTE
En su primer día como Presidente, Vicente Fox anunció que el profesor Benjamín González Roaro sería director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Años después, Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), aseguró que Elba Esther le había presumido que "el Presidente Fox me acaba de dar el ISSSTE" y que ahí pensaba "poner a Benjamín". (Reforma, 6 de marzo del 2005). El 31 de marzo de 2006, González Roaro heredó el cargo a Miguel Ángel Yunes Linares, identificado como "operador político de la profesora" por Ricardo Raphael en su libro Los socios de Elba Esther (Planeta, 2007). Al día de hoy permanece en el cargo (ver Cuadro 3).
Lotería Nacional
En julio de 2004 Vicente Fox entregó la posición a Tomás Ruiz González quien, según el libro arriba mencionado, es un "asociado político" de la maestra. Una versión creíble porque Tomás Ruiz fue presidente del Partido Nueva Alianza entre el 2006 y el 2007. Al igual que Yunes, Tomás Ruiz fue militante del PRI y diputado federal en la LIX Legislatura con Gordillo como coordinadora de la bancada tricolor. Ambos personajes renunciaron al PRI cuando Gordillo fue expulsada por la dirigencia de Roberto Madrazo y ambos dejaron la diputación federal para aceptar cargos en el gobierno de Fox.
Después de Ruiz, llegó a la Lotería el secretario particular de la maestra, Francisco Javier Yáñez Herrera, que está imbuido con el aura de haber "cargado el maletín de la maestra" (El Universal, 20 de diciembre del 2006). Lo sucedió el presidente fundador del Panal, Miguel Ángel Jiménez, quien tuvo que renunciar en abril del 2009 cuando se supo que intentó usar el presupuesto de la Lotería para comprar publicidad al Diario de Yucatán en favor del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. En junio pasado entró de emergente Benjamín González Roaro (ver Cuadro 3).
Panal
El partido Nueva Alianza obtuvo el registro en 2005 y fue una de las causas que llevaron a la ruptura de la maestra con el PRI. Aunque Elba Esther no tiene una presencia formal, en el Panal hay una fuerte presencia magisterial y en él tienen cargos de dirección su hija, la diputada Mónica Arriola Gordillo, coordinadora ejecutiva de Vinculación, y su nieto René Fujiwara Montelongo, presidente de Alianza Joven, brazo juvenil del Panal (ver Cuadro 3).
SNSP
Fox entregó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a la maestra en febrero del 2006. El primero que la dirigió fue Miguel Ángel Yunes Linares (2005-2006), quien cedió el cargo a Roberto Campa Cifrián, el candidato presidencial en 2006 por el Panal. En septiembre del 2008, Calderón retomó el control del cargo (ver Cuadro 2).
SEP
El 1o. de diciembre del 2006 Felipe Calderón fue ungido Presidente. Dos semanas después se anunció que la subsecretaría de Educación Básica, la dependencia más importante de la Secretaría de Educación Pública, tendría como titular a José Fernando González Sánchez cuyo mérito principal es su calidad de yerno de la maestra. En noviembre del 2005, Reforma reveló conversaciones de Calderón con Gordillo y Yunes en las que se mencionaba al yerno como contacto del grupo de la maestra con el entonces precandidato panista (ver Cuadro 1).
En forma paralela, el grupo fue incrementando su control sobre las secretarías de Educación Pública de los estados que, desde la descentralización, manejan cantidades enormes de dinero. Se trata de una telaraña espesa que impide una gran precisión. Sin embargo, de acuerdo con una relación proporcionada por fuentes de la SEP, las secretarías donde despacha gente de Elba Esther son las de Campeche, Coahuila, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco. Hay evidencia que respalda esta versión. Por ejemplo, el responsable de la educación en Campeche, José del Carmen Soberanis González, fue secretario particular de la maestra (Reforma, 9 de septiembre del 2002); en Coahuila, el secretario Carlos Ariel Moreira Valdés, hermano del gobernador Humberto Moreira, es el secretario general de la Sección 38 del SNTE, y en Nayarit, la secretaria Olga Margarita Uriarte Rico tiene un historial como dirigente del SNTE y de militancia en el Panal (Reforma, 6 de noviembre de 2009).
En una segunda categoría estaría la mayor parte de los estados donde es desigual la influencia del grupo. De acuerdo con fuentes conocedoras, el titular de la administración federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, es muy cercano a la maestra. Por cierto, el Distrito Federal es la única entidad en la cual la SEP sigue controlando la educación básica, desde los tiempos de Benjamín González Roaro, quien ocupó esa posición entre abril de 1994 y noviembre del 2000 (ver Cuadro 4).
El caso de Reyes Tamez Guerra ilustra lo difícil que resulta establecer la forma como se van conformando los grupos. Tamez Guerra fue secretario de Educación en el sexenio de Fox (2000-2006) y de ahí brincó a la secretaría de Educación de Nuevo León. De manera un tanto sorpresiva, este año salió del clóset político: fue candidato del Panal a diputado federal y actualmente coordina la bancada de ese partido en la Cámara, donde también preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿En qué momento de la última década empezó a ser "gente de" la maestra?
Los recursos
Cuando tuvimos certidumbre sobre las dependencias controladas por el grupo, establecimos la cantidad de dinero público que han manejado durante el sexenio de Calderón. Fue laborioso pero sencillo rescatar las cifras para lo federal; los estados se transformaron en una pesadilla porque, con algunas excepciones, compiten en el disimulo y la opacidad.
Para establecer los montos mencionados en los cuadros fuimos conservadores: en el mínimo sólo pusimos las cantidades sobre las cuales hay certeza y en el máximo pusimos todo lo que podrían manejar.
Pese al cuidado, no está de más subrayar que se trata de un primer acercamiento en el cual persisten áreas de penumbra. Mencionamos las principales. La SEP se rehúsa a informar cuánto dinero canaliza por cuotas sindicales al SNTE en todo el país, desglosado por estado (sólo incluimos lo hecho público por el Instituto Federal de Acceso a la Información). También falta establecer los fondos que recibe el Panal en los estados y ni siquiera intentamos estimar en cuántas presidencias municipales tiene presencia el grupo.
Tampoco quisimos especular sobre la pulcritud con la cual manejan ese presupuesto ni incursionamos en la enigmática distancia que hay entre los ingresos conocidos de la maestra y su bonanza personal. Hay dos aspectos sobre los cuales no tenemos ninguna duda: cada año crece el poder de este grupo, cuyo éxito está muy ligado a la llegada del PAN a Los Pinos.
Beneficiaria de la transición
La maestra se aprovechó de la alternancia para modernizar el autoritarismo. A medida que fue resquebrajándose el presidencialismo centralista y autoritario, Elba Esther interpretó y aprovechó las oportunidades presentadas por la transición utilizando un método que a continuación bosquejamos.
El magisterio organizado siempre fue uno de los operadores electorales del PRI. Antes estaban sometidos a los férreos controles del partido, pero cuando ganaron autonomía sacaron ventaja de su sofisticado conocimiento de las elecciones. Este grupo, aseguran diversas fuentes, tiene equipos altamente especializados para estudiar con encuestas las intenciones de voto que, en el momento oportuno, presentan al candidato seleccionado, al cual respaldan a cambio de cargos gubernamentales acordes con la magnitud de los servicios prestados.
Quienes aceptan las condiciones reciben palabras melosas y el apoyo organizado que puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota en las urnas, porque otro brazo de la maquinaria magisterial es la notable capacidad para mover, en unos cuantos minutos, a miles o centenares de miles de personas dispuestas a votar por quien se les ordene.
El padrón de usuarios crece constantemente. En el 2006, por ejemplo, Gabriela Cuevas fue candidata por el PAN-Panal y el respaldo del aparato magisterial le facilitó la victoria en la delegación Miguel Hidalgo de la capital. Ese mismo año, Felipe Calderón recibió hasta un millón de votos del grupo de Elba Esther. Es inevitable asociar estos servicios con el trato de privilegio que su gobierno ha dado a la maestra.
Aunque el modelo tiene imitadores, nadie supera al juggernaut magisterial en tamaño y sofisticación. La fórmula, además de redituable, ha contribuido a la modernización del autoritarismo porque la paradoja es que los avances en el respeto al voto han servido para fortalecer a un grupo que va en contra del espíritu democrático. La maestra es una de las expresiones más acabadas de una democracia de poderes fácticos hecha posible por la pasividad de los árbitros electorales que toleran impasibles el manoseo del voto.
El poder y la ostentación que de él hace Elba Esther provocan sentimientos encontrados. Cuando Manlio Fabio Beltrones coincidió con ella en la Cámara de Diputados aseguró que la maestra venía de "los sótanos", de los "caños de la política". Vicente Fox, por el contrario, la admiraba tanto que la describió como una "mujer valiente y aguerrida" con "amor y cariño por el país" (las citas provienen de la obra de Ricardo Raphael y de La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda).
Finalmente, es imposible esclarecer qué busca Elba Esther y si tiene límites su acumulación de poder y recursos públicos. En agosto del 2005 la maestra promovió un libro firmado por ella: El paseo de las reformas: la batalla por México (Grijalbo). Le anexó una carta en la que decía: "he tratado de que mi lucha a favor de las grandes causas nacionales no sólo forme parte de mi conducta pública, sino de mi realidad e intención". La grandilocuencia es una característica del habla de la maestra.
Se oye bien, pero en la página 12 de esa obra se despacha una cátedra de realismo político: en México, sentencia la autora, "nada avanza en política, con excepción de los proyectos personales". La frase condensa la biografía de esta profesora chiapaneca que ha triunfado en las guerras de acumulación salvaje de presupuestos y cargos que caracterizan al autoritarismo modernizado del siglo XXI mexicano.
Texto elaborado con apoyo de Sonia del Valle, reportera de Reforma. Laura Ruiz Castro colaboró en la recuperación de las cifras de los presupuestos de educación en los estados.
Cuadros:
Los tentáculos de Elba Esther: Cuadros resumen
Cuadro 1 Presupuesto de la educación básica federal
Cuadro 2 Presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Cuadro 3 Presupuesto del ISSSTE, Lotería Nacional, Partido Nueva Alianza y transferencias al SNTE
Cuadro 4 Presupuesto de educación en los estados
Cuadro 5 Presupuesto de educación en los estados (informativo, no suma al total)
Fuentes de los datos estatales
Todos los cuadros en Excel
28.11.09
Se les prendió el foco / Por Alberto Serdán
Se les prendió el foco
Publicado en El Universal
28 de noviembre de 2009
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46479.html
Las encuestas son claras: la ciudadanía piensa que es excesivo que los partidos políticos reciban ríos de dinero en medio de una de las crisis económicas más profundas. Al descontento siguieron la propuesta y la movilización de un sector importante de la sociedad. La buena noticia es que a un grupo plural de senadores y diputados se les prendió el foco y han presentado iniciativas que buscan corregir el rumbo.
En México, nueve de cada 10 ciudadanos consideran adecuado disminuir el dinero a los partidos políticos, según reportó EL UNIVERSAL (9/XI/09). Más aún, una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (12/XI/09) apuntó que 33.4% de la población cree que “la tarea más importante sobre la que deben trabajar los legisladores” es la reducción del financiamiento de los partidos por encima de “darle más recursos a la educación” (30.2%), “el combate a la pobreza” (29.6%) o “promover una reforma energética” (3.2%). El veredicto es claro: los partidos reciben más dinero del que se supone necesario.
En este contexto, la Asamblea Nacional Ciudadana, Alianza Cívica y Propuesta Cívica impulsaron la campaña ¡Ya Bájenle! con la participación de 27 mil 990 voluntarios que enviaron cartas a diputados para solicitar menos recursos a los partidos. Asimismo, se realizó la jornada del Foco Ciudadano, en la que más de 250 mujeres y hombres pedalearon en una bicicleta conectada a un foco que permaneció prendido durante 24 horas seguidas al pie del Ángel de la Independencia. A estas acciones se sumó una intensa campaña por medios alternativos como twitter y Facebook para difundir la idea.
El resultado es notable: desde el 18 de septiembre en que arrancó la campaña a la fecha se han presentado una serie de iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Además, a instancias de los diputados Jesús Ramírez del PAN y Vidal Llerenas del PRD, se agregó un artículo 21 transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, previendo que “una vez que se modifique el régimen de financiamiento” de los partidos, los recursos ahorrados se destinarían a gasto de inversión en infraestructura.
La Constitución establece en su artículo 41 que la bolsa a repartir se calcula multiplicando una proporción del salario mínimo del DF (65%) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ello garantiza un flujo constante y siempre creciente de dinero a los partidos. Por tanto, cualquier modificación debe pasar por una reforma constitucional. Ningún otro rubro del gasto tiene este privilegio.
Las aproximaciones han sido diversas. El PAN planteó en ambas cámaras (a través del diputado César Nava y del senador José González Morfín) un cambio en la fórmula que busca reducir de 65% a 35% la proporción del salario mínimo que se multiplica por el padrón electoral. Estas iniciativas también proponen aumentar el tope a los recursos privados que recibirían los partidos a través de sus simpatizantes, pasando del 10% actual a 30% propuesto respecto del total de gasto de los partidos.
Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas del PT expuso una propuesta de Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los partidos a disminuir voluntariamente su financiamiento y a asumir el compromiso de reformar la Constitución a fin de modificar la fórmula de cálculo, y que en lugar del padrón electoral “se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección”.
Sin embargo, la iniciativa más refinada proviene de un grupo plural de senadores de PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, encabezados por el senador Tomás Torres, que busca derogar la disposición constitucional y reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que sea el número total de votos válidos emitidos, y no el padrón electoral, lo que determine el dinero de los partidos.
Esta propuesta tiene el mayor mérito ya que dará más poder a los ciudadanos, pues modifica los incentivos para que los partidos busquen el voto: si quieren más dinero, tendrán que convencer a la ciudadanía de ello. Por su carácter plural y su pertinencia democrática, desde ¡Ya Bájenle! impulsaremos esta última iniciativa para que se apruebe en el pleno de ambas cámaras así como, por lo menos, en 17 congresos locales. El camino es largo y la movilización ciudadana continuará para que a más legisladores se les prenda el foco.
http://twitter.com/albertoserdan
Secretario técnico de Propuesta Cívica, AC, promotor de Esperanza Marchita
Publicado en El Universal
28 de noviembre de 2009
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46479.html
Las encuestas son claras: la ciudadanía piensa que es excesivo que los partidos políticos reciban ríos de dinero en medio de una de las crisis económicas más profundas. Al descontento siguieron la propuesta y la movilización de un sector importante de la sociedad. La buena noticia es que a un grupo plural de senadores y diputados se les prendió el foco y han presentado iniciativas que buscan corregir el rumbo.En México, nueve de cada 10 ciudadanos consideran adecuado disminuir el dinero a los partidos políticos, según reportó EL UNIVERSAL (9/XI/09). Más aún, una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (12/XI/09) apuntó que 33.4% de la población cree que “la tarea más importante sobre la que deben trabajar los legisladores” es la reducción del financiamiento de los partidos por encima de “darle más recursos a la educación” (30.2%), “el combate a la pobreza” (29.6%) o “promover una reforma energética” (3.2%). El veredicto es claro: los partidos reciben más dinero del que se supone necesario.
En este contexto, la Asamblea Nacional Ciudadana, Alianza Cívica y Propuesta Cívica impulsaron la campaña ¡Ya Bájenle! con la participación de 27 mil 990 voluntarios que enviaron cartas a diputados para solicitar menos recursos a los partidos. Asimismo, se realizó la jornada del Foco Ciudadano, en la que más de 250 mujeres y hombres pedalearon en una bicicleta conectada a un foco que permaneció prendido durante 24 horas seguidas al pie del Ángel de la Independencia. A estas acciones se sumó una intensa campaña por medios alternativos como twitter y Facebook para difundir la idea.
El resultado es notable: desde el 18 de septiembre en que arrancó la campaña a la fecha se han presentado una serie de iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Además, a instancias de los diputados Jesús Ramírez del PAN y Vidal Llerenas del PRD, se agregó un artículo 21 transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, previendo que “una vez que se modifique el régimen de financiamiento” de los partidos, los recursos ahorrados se destinarían a gasto de inversión en infraestructura.
La Constitución establece en su artículo 41 que la bolsa a repartir se calcula multiplicando una proporción del salario mínimo del DF (65%) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ello garantiza un flujo constante y siempre creciente de dinero a los partidos. Por tanto, cualquier modificación debe pasar por una reforma constitucional. Ningún otro rubro del gasto tiene este privilegio.
Las aproximaciones han sido diversas. El PAN planteó en ambas cámaras (a través del diputado César Nava y del senador José González Morfín) un cambio en la fórmula que busca reducir de 65% a 35% la proporción del salario mínimo que se multiplica por el padrón electoral. Estas iniciativas también proponen aumentar el tope a los recursos privados que recibirían los partidos a través de sus simpatizantes, pasando del 10% actual a 30% propuesto respecto del total de gasto de los partidos.
Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas del PT expuso una propuesta de Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los partidos a disminuir voluntariamente su financiamiento y a asumir el compromiso de reformar la Constitución a fin de modificar la fórmula de cálculo, y que en lugar del padrón electoral “se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección”.
Sin embargo, la iniciativa más refinada proviene de un grupo plural de senadores de PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, encabezados por el senador Tomás Torres, que busca derogar la disposición constitucional y reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que sea el número total de votos válidos emitidos, y no el padrón electoral, lo que determine el dinero de los partidos.
Esta propuesta tiene el mayor mérito ya que dará más poder a los ciudadanos, pues modifica los incentivos para que los partidos busquen el voto: si quieren más dinero, tendrán que convencer a la ciudadanía de ello. Por su carácter plural y su pertinencia democrática, desde ¡Ya Bájenle! impulsaremos esta última iniciativa para que se apruebe en el pleno de ambas cámaras así como, por lo menos, en 17 congresos locales. El camino es largo y la movilización ciudadana continuará para que a más legisladores se les prenda el foco.
http://twitter.com/albertoserdan
Secretario técnico de Propuesta Cívica, AC, promotor de Esperanza Marchita
13.11.09
Lunada en el Ángel
Por Alberto Serdán Rosales
Publicado en el blog de Enfoque de Reforma
Publicado en el blog de Enfoque de Reforma
13 de noviembre de 2009
La experiencia no es nueva para la ciudadanía. Otros pasos en otros tiempos estuvieron al pie del Ángel para exigir derechos, para buscar un mejor país.
Una vez más, grupos ciudadanos salen a la calle, toman la plaza. En esta ocasión para una solicitud muy específica: reducir el financiamiento de los partidos en función de una fórmula que da más poder a la ciudadanía. Que sean los votos y no el padrón el que determine la bolsa de recursos para los partidos.
Ya vendrán más luchas: que los partidos sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que haya un verdadero acceso a su información y una efectiva rendición de cuentas. Por hoy, sólo pedimos que ya le bajen: a la inmoralidad, al abuso de ríos de dinero que no han mejorado la calidad de nuestra democracia y que sólo han servido para apuntalar burocracias partidistas y clientelas.
Son las tres de la mañana al pie del Ángel. Más de 200 ciudadanas y ciudadanos se han subido a una bicicleta con el objetivo de prender un foco, un simbolismo de la iluminación que hace falta. El entusiasmo sigue y el frío arrecia en la piel pero no en el ánimo.
Mientras, gente desde los coches mandan buenas vibras queriendo participar también. Gente desde twitter, desde sus casas, lo hacen activamente de la misma forma. Hay música, guitarra y flauta; gritos y porras espontáneas que rompen el incesante murmullo callejero. Hay voces que reclaman ser escuchadas. Hay abrazos y buenos deseos.
"¿Margarita?". "Falta un minuto" (los tiempos se aprietan para que más gente suba). "Se prepara Fernando". "¿Cuál es tu nombre?". "Después de Daniela, sigue Iván". "Kweilan, Estudiante de Medicina UNAM y Ciudadana". "Paco, Fotógrafo y Ciudadano". "Guillermo, Asesor Inmobiliario y Ciudadano". "Laura, Psicóloga y Ciudadana". "Antonio, Músico y Ciudadano" #focociudadano #YaBajenle
A estas horas sigue llegando gente, con un compromiso: que el foco siga prendido como las esperanzas de que las cosas cambien. Lo necesitamos y, esta vez, lo exigimos.
La experiencia no es nueva para la ciudadanía. Otros pasos en otros tiempos estuvieron al pie del Ángel para exigir derechos, para buscar un mejor país.
Una vez más, grupos ciudadanos salen a la calle, toman la plaza. En esta ocasión para una solicitud muy específica: reducir el financiamiento de los partidos en función de una fórmula que da más poder a la ciudadanía. Que sean los votos y no el padrón el que determine la bolsa de recursos para los partidos.
Ya vendrán más luchas: que los partidos sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia, que haya un verdadero acceso a su información y una efectiva rendición de cuentas. Por hoy, sólo pedimos que ya le bajen: a la inmoralidad, al abuso de ríos de dinero que no han mejorado la calidad de nuestra democracia y que sólo han servido para apuntalar burocracias partidistas y clientelas.
Son las tres de la mañana al pie del Ángel. Más de 200 ciudadanas y ciudadanos se han subido a una bicicleta con el objetivo de prender un foco, un simbolismo de la iluminación que hace falta. El entusiasmo sigue y el frío arrecia en la piel pero no en el ánimo.
Mientras, gente desde los coches mandan buenas vibras queriendo participar también. Gente desde twitter, desde sus casas, lo hacen activamente de la misma forma. Hay música, guitarra y flauta; gritos y porras espontáneas que rompen el incesante murmullo callejero. Hay voces que reclaman ser escuchadas. Hay abrazos y buenos deseos.
"¿Margarita?". "Falta un minuto" (los tiempos se aprietan para que más gente suba). "Se prepara Fernando". "¿Cuál es tu nombre?". "Después de Daniela, sigue Iván". "Kweilan, Estudiante de Medicina UNAM y Ciudadana". "Paco, Fotógrafo y Ciudadano". "Guillermo, Asesor Inmobiliario y Ciudadano". "Laura, Psicóloga y Ciudadana". "Antonio, Músico y Ciudadano" #focociudadano #YaBajenle
A estas horas sigue llegando gente, con un compromiso: que el foco siga prendido como las esperanzas de que las cosas cambien. Lo necesitamos y, esta vez, lo exigimos.
31.10.09
#internetNecesario Redacción final
(Post original de @macosta5811)
#internetNecesario Redacción final de la exención de impuesto a internet
Artículo 8° LIEPS - Telecom
De acceso a internet. Consiste en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a internet presten a través de una red pública de telecomunicaciones.
Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención a que se refiere este inciso será procedente exclusivamente al servicio de Internet, siempre que en el comprobante respectivo se determine la contra prestación correspondiente al servicio de acceso a internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública y que dicha contraprestación se determine de acuerdo con los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado el servicio en forma conjunta con otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta ley. En este caso, los servicios de internet exentos no deberán ser superiores al 30% del total de las contraprestaciones antes referidas que se facturen en forma conjunta.
La presente exención no será aplicable a ningún otro servicio de telecomunicaciones.
Fuente: @macosta5811 texto final del artículo aprobado, verificado con @JERAMM
#internetNecesario Redacción final de la exención de impuesto a internet
Artículo 8° LIEPS - Telecom
De acceso a internet. Consiste en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a internet presten a través de una red pública de telecomunicaciones.
Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención a que se refiere este inciso será procedente exclusivamente al servicio de Internet, siempre que en el comprobante respectivo se determine la contra prestación correspondiente al servicio de acceso a internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública y que dicha contraprestación se determine de acuerdo con los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado el servicio en forma conjunta con otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta ley. En este caso, los servicios de internet exentos no deberán ser superiores al 30% del total de las contraprestaciones antes referidas que se facturen en forma conjunta.
La presente exención no será aplicable a ningún otro servicio de telecomunicaciones.
Fuente: @macosta5811 texto final del artículo aprobado, verificado con @JERAMM
29.10.09
#internetnecesario y sociedad civil
Por Alberto Serdán Rosales
Para @mariocampos y su radio de colores
En diversos espacios se ha mencionado que el movimiento de #internetnecesario es, en sí mismo, un logro mayor de la movilización de un sector de la ciudadanía que, muy probablemente, apenas se está incorporando a la discusión política y a la influencia directa en la toma de decisiones públicas. La posibilidad de que efectivamente reduzcan el impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones (quizá no habrá obstáculos para la eliminación del impuesto a Internet, específicamente) abre perspectivas muy importantes para la incidencia y el poder de la ciudadanía.
Pero, me parece, habría que poner esta discusión en un contexto amplio del momento que vive la sociedad civil y que podría explicar el éxito y los retos de #internetnecesario.
Como ha planteado el analista Sergio Aguayo en diversos foros, estamos en medio de una revolución pacífica sin precedentes en la historia de México: se está redistribuyendo el poder político, económico y coercitivo. Hay menos poder en la Presidencia, más poder en los virreinatos estatales y el Congreso; se redistribuyó el poder entre las secretarías de Estado, los gobernadores, los multimillonarios, los cárteles de la droga y las burocracias partidistas.
Sin embargo, las causas ciudadanas no se han beneficiado de la misma manera que quienes participaron en la redistribución del poder. No sucedió y en estos momentos el malestar crece. Ante ello, la sociedad está buscando alternativas.
Al día de hoy la sociedad civil no tiene definida su identidad ni claros los mecanismos para relacionarse con la sociedad (sin apellido), los partidos y los gobiernos. Tampoco tiene un lugar legitimado, vive una etapa de ambigüedad y de redifinición.
Pero esta misma sociedad civil tiene actualmente potencialidades muy importantes y que #internetnecesario mostró:
La generación tecnologizada -frente a generaciones anteriores de activistas- partimos, creo (quisiera), de principios similares: búsqueda de una democracia que funcione y justicia social, respeto a los derechos humanos y medio ambiente, equidad de género, estado democrático de derecho y un ferviente deseo de un presente y un futuro diferente al que tenemos.
Quizá el contraste entre estos dos grupos de activistas radica en que la generación tecnologizada es más proclive a no tener miedo de confrontar viejos tabúes: hay una búsqueda de una mejor sociedad en la eficiencia y los resultados más que en la congruencia ideológica, exclusivamente. Es un grupo más tolerante, tiene más frescura. Somos (me incluyo) capaces de reconocer “compañeros de viaje” en luchas que, en otros contextos, estaríamos separados.
La diferencia también está en la búsqueda obsesiva de evidencias, datos, documentos para sustentar opiniones. Ello se traduce en argumentos simples, contundentes y, por lo tanto, poderosos. #internetnecesario es prueba de ello: es un triunfo de la palabra expresada en un medio electrónico y alternativo. Fueron la palabra y los argumentos los que ganaron el convencimiento de un sector importante de la opinión pública (y de la opinión “publicada”).
El uso de las tecnologías no es nuevo en la sociedad civil: el EZLN y los movimientos ciudadanos de los años 90 (como Alianza Cívica y su observación electoral) son ejemplos del uso de Internet para la articulación y difusión de ideas. La diferencia, me parece, es que movimientos como #internetnecesario están inmersos en una sociedad civil con un mayor nivel de educación, más especializada y profesionalizada, así como más pragmática y, cosa no menor, con un número mucho mayor de usuarios de Internet que producen y reproducen contenidos y argumentos: pueden reflejarse, apropiarse y hacer suyos sus argumentos.
Refiriéndose al movimiento de #internetnecesario, Carlos Garza* Falla señaló en el programa de Antena Radio, conducido por Mario Campos, que quizá nos encontramos ante una balbuceante nueva sociedad. Habló de Twitter e Internet como un poderoso instrumento de reconstrucción del tejido social, de participación horizontal, y de convocatoria.
Tiene toda la razón. Muchas personas involucradas en #internetnecesario no habríamos podido dialogar como lo hacemos si no fuera por Twitter, por ejemplo. De forma similar, los tuiteros entramos en contacto con tomadores de decisiones con quienes, en otras circunstancias y otros tiempos, no se tendría acceso.
Más aún, hay experiencias de articulación entre grupos y luchas basadas en el intercambio de ideas y de estrategias a través de correos electrónicos y conferencias telefónicas vía Internet con tecnologías como Skype. Son grupos sociales de los cinco continentes, de todas las regiones del mundo, que se articulan diariamente en temas como agua y medio ambiente, por ejemplo. Internet se vuelve entonces una caja de resonancia al nivel internacional generando grupos que efectivamente piensan y se comunican globalmente y actúan localmente.
Es peligroso generalizar y magnificar el impacto de movimientos como #internetnecesario o de la importancia de las tecnologías en el empoderamiento de la sociedad civil. Pero hay sustento para decir que será un parteaguas en la manera de involucrarse en la vida pública y ahora presentará retos importantes:
Por su poder, Internet puede convertirse en un campo de batalla donde los políticos y grupos empresariales tratarán de sacar ventaja para llevar adelante su agenda particular y ganar réditos políticos, reproduciendo vicios y provocando lo que ya lograron en otras esferas: el alejamiento de la sociedad de la discusión política.
También está el riesgo de que se profundicen desigualdades: que políticos y tomadores de decisión (y peor aún, los internautas) creamos que la sociedad civil que se expresa en Internet y que ésta representa las necesidades de la sociedad en su conjunto. Cabe puntualizar que hay un mundo que no está en Internet, que no tiene voz y que sufre agravios cotidianos.
Movimientos como #internetnecesario son manifestaciones de un poder que está naciendo y que necesariamente tiene que –como todo poder- manejarse con responsabilidad. De nadie depende más que de los internautas (nosotros y nosotras mismas) lograr ello.
Las posibilidades son muchas, los retos de nuestra sociedad mexicana también. Por ello debemos superar la amplitud de agendas, estrategias y metodologías; la dispersión que provoca un impacto limitado en las políticas públicas al no actuar coordinadamente. Es decir, se necesitaría ampliar y afinar las estrategias de acción común y aprovechar el contexto de crisis que permite sumar voluntad, claridad, contundencia y compromiso.
Debe pasarse de la protesta a la propuesta. De ahí a la implementación de las políticas públicas con una agenda ciudadana, así como el monitoreo, la vigilancia y la exigencia de una rendición de cuentas, de la transparencia, de un verdadero y amplio acceso a la información pública.
Para influir en las políticas públicas y que estos cambios permanezcan y sean efectivos, debe tenerse un diálogo con el gobierno y ser conscientes de que esta relación corre el riesgo de pervertirse en cooptación y clientelismo. Por ello debe construirse una relación tensa y creativa para exigir, protestar y, al mismo tiempo, proponer desde la autonomía del pensamiento.
Ahora será el tiempo de defender, ampliar este nuevo espacio. Lo mismo para superar un dilema sobre el papel de la sociedad civil: ser vanguardia o retaguardia de los cambios políticos. Como también señala Sergio Aguayo, las discusiones de finales del siglo pasado sobre el papel de la sociedad civil giraban en definir quién era la vanguardia: la política o la guerrilla. Es decir, se partió de la lógica de que la sociedad civil era la “retaguardia” del cambio atada a claras definiciones ideológicas entre socialismo y capitalismo.
Ahora sabemos que los partidos ni la guerrilla funcionaron como vanguardia para el cambio político. ¿La sociedad civil debería ser esa vanguardia? La respuesta es sí.
No se pierde nada con intentar: es tan mala la situación actual y se va a poner peor, pero en momentos de crisis de la democracia, tenemos oportunidades para impulsar estas agendas. Que la sociedad civil tome el poder que le corresponde.
* Por un error involuntario, en el post original le cambié el apellido a Carlos Garza Falla nombrándolo "García". Una disculpa a él y a las y los lectores de El Chicote Postmoderno. El error ya está corregido en el texto.
Para @mariocampos y su radio de colores
En diversos espacios se ha mencionado que el movimiento de #internetnecesario es, en sí mismo, un logro mayor de la movilización de un sector de la ciudadanía que, muy probablemente, apenas se está incorporando a la discusión política y a la influencia directa en la toma de decisiones públicas. La posibilidad de que efectivamente reduzcan el impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones (quizá no habrá obstáculos para la eliminación del impuesto a Internet, específicamente) abre perspectivas muy importantes para la incidencia y el poder de la ciudadanía.
Pero, me parece, habría que poner esta discusión en un contexto amplio del momento que vive la sociedad civil y que podría explicar el éxito y los retos de #internetnecesario.
Como ha planteado el analista Sergio Aguayo en diversos foros, estamos en medio de una revolución pacífica sin precedentes en la historia de México: se está redistribuyendo el poder político, económico y coercitivo. Hay menos poder en la Presidencia, más poder en los virreinatos estatales y el Congreso; se redistribuyó el poder entre las secretarías de Estado, los gobernadores, los multimillonarios, los cárteles de la droga y las burocracias partidistas.
Sin embargo, las causas ciudadanas no se han beneficiado de la misma manera que quienes participaron en la redistribución del poder. No sucedió y en estos momentos el malestar crece. Ante ello, la sociedad está buscando alternativas.
Al día de hoy la sociedad civil no tiene definida su identidad ni claros los mecanismos para relacionarse con la sociedad (sin apellido), los partidos y los gobiernos. Tampoco tiene un lugar legitimado, vive una etapa de ambigüedad y de redifinición.
Pero esta misma sociedad civil tiene actualmente potencialidades muy importantes y que #internetnecesario mostró:
La generación tecnologizada -frente a generaciones anteriores de activistas- partimos, creo (quisiera), de principios similares: búsqueda de una democracia que funcione y justicia social, respeto a los derechos humanos y medio ambiente, equidad de género, estado democrático de derecho y un ferviente deseo de un presente y un futuro diferente al que tenemos.
Quizá el contraste entre estos dos grupos de activistas radica en que la generación tecnologizada es más proclive a no tener miedo de confrontar viejos tabúes: hay una búsqueda de una mejor sociedad en la eficiencia y los resultados más que en la congruencia ideológica, exclusivamente. Es un grupo más tolerante, tiene más frescura. Somos (me incluyo) capaces de reconocer “compañeros de viaje” en luchas que, en otros contextos, estaríamos separados.
La diferencia también está en la búsqueda obsesiva de evidencias, datos, documentos para sustentar opiniones. Ello se traduce en argumentos simples, contundentes y, por lo tanto, poderosos. #internetnecesario es prueba de ello: es un triunfo de la palabra expresada en un medio electrónico y alternativo. Fueron la palabra y los argumentos los que ganaron el convencimiento de un sector importante de la opinión pública (y de la opinión “publicada”).
El uso de las tecnologías no es nuevo en la sociedad civil: el EZLN y los movimientos ciudadanos de los años 90 (como Alianza Cívica y su observación electoral) son ejemplos del uso de Internet para la articulación y difusión de ideas. La diferencia, me parece, es que movimientos como #internetnecesario están inmersos en una sociedad civil con un mayor nivel de educación, más especializada y profesionalizada, así como más pragmática y, cosa no menor, con un número mucho mayor de usuarios de Internet que producen y reproducen contenidos y argumentos: pueden reflejarse, apropiarse y hacer suyos sus argumentos.
Refiriéndose al movimiento de #internetnecesario, Carlos Garza* Falla señaló en el programa de Antena Radio, conducido por Mario Campos, que quizá nos encontramos ante una balbuceante nueva sociedad. Habló de Twitter e Internet como un poderoso instrumento de reconstrucción del tejido social, de participación horizontal, y de convocatoria.
Tiene toda la razón. Muchas personas involucradas en #internetnecesario no habríamos podido dialogar como lo hacemos si no fuera por Twitter, por ejemplo. De forma similar, los tuiteros entramos en contacto con tomadores de decisiones con quienes, en otras circunstancias y otros tiempos, no se tendría acceso.
Más aún, hay experiencias de articulación entre grupos y luchas basadas en el intercambio de ideas y de estrategias a través de correos electrónicos y conferencias telefónicas vía Internet con tecnologías como Skype. Son grupos sociales de los cinco continentes, de todas las regiones del mundo, que se articulan diariamente en temas como agua y medio ambiente, por ejemplo. Internet se vuelve entonces una caja de resonancia al nivel internacional generando grupos que efectivamente piensan y se comunican globalmente y actúan localmente.
Es peligroso generalizar y magnificar el impacto de movimientos como #internetnecesario o de la importancia de las tecnologías en el empoderamiento de la sociedad civil. Pero hay sustento para decir que será un parteaguas en la manera de involucrarse en la vida pública y ahora presentará retos importantes:
Por su poder, Internet puede convertirse en un campo de batalla donde los políticos y grupos empresariales tratarán de sacar ventaja para llevar adelante su agenda particular y ganar réditos políticos, reproduciendo vicios y provocando lo que ya lograron en otras esferas: el alejamiento de la sociedad de la discusión política.
También está el riesgo de que se profundicen desigualdades: que políticos y tomadores de decisión (y peor aún, los internautas) creamos que la sociedad civil que se expresa en Internet y que ésta representa las necesidades de la sociedad en su conjunto. Cabe puntualizar que hay un mundo que no está en Internet, que no tiene voz y que sufre agravios cotidianos.
Movimientos como #internetnecesario son manifestaciones de un poder que está naciendo y que necesariamente tiene que –como todo poder- manejarse con responsabilidad. De nadie depende más que de los internautas (nosotros y nosotras mismas) lograr ello.
Las posibilidades son muchas, los retos de nuestra sociedad mexicana también. Por ello debemos superar la amplitud de agendas, estrategias y metodologías; la dispersión que provoca un impacto limitado en las políticas públicas al no actuar coordinadamente. Es decir, se necesitaría ampliar y afinar las estrategias de acción común y aprovechar el contexto de crisis que permite sumar voluntad, claridad, contundencia y compromiso.
Debe pasarse de la protesta a la propuesta. De ahí a la implementación de las políticas públicas con una agenda ciudadana, así como el monitoreo, la vigilancia y la exigencia de una rendición de cuentas, de la transparencia, de un verdadero y amplio acceso a la información pública.
Para influir en las políticas públicas y que estos cambios permanezcan y sean efectivos, debe tenerse un diálogo con el gobierno y ser conscientes de que esta relación corre el riesgo de pervertirse en cooptación y clientelismo. Por ello debe construirse una relación tensa y creativa para exigir, protestar y, al mismo tiempo, proponer desde la autonomía del pensamiento.
Ahora será el tiempo de defender, ampliar este nuevo espacio. Lo mismo para superar un dilema sobre el papel de la sociedad civil: ser vanguardia o retaguardia de los cambios políticos. Como también señala Sergio Aguayo, las discusiones de finales del siglo pasado sobre el papel de la sociedad civil giraban en definir quién era la vanguardia: la política o la guerrilla. Es decir, se partió de la lógica de que la sociedad civil era la “retaguardia” del cambio atada a claras definiciones ideológicas entre socialismo y capitalismo.
Ahora sabemos que los partidos ni la guerrilla funcionaron como vanguardia para el cambio político. ¿La sociedad civil debería ser esa vanguardia? La respuesta es sí.
No se pierde nada con intentar: es tan mala la situación actual y se va a poner peor, pero en momentos de crisis de la democracia, tenemos oportunidades para impulsar estas agendas. Que la sociedad civil tome el poder que le corresponde.
* Por un error involuntario, en el post original le cambié el apellido a Carlos Garza Falla nombrándolo "García". Una disculpa a él y a las y los lectores de El Chicote Postmoderno. El error ya está corregido en el texto.
14.10.09
Luz, fuerza y opacidad
Por Alberto Serdán Rosales
Para @pilartg, @macosta5811 y @antoniomarvel por sonsacadores.
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ha generado una efervescencia tal que recuerda la polarización vivida en 2006: lenguajes violentos y descalificatorios; mensajes descontextualizados, sesgados y maniqueos.
En medio de la gritería, me di cuenta que no tenía opinión: ¿el sindicato es tan diabólico como lo pintan? ¿las cifras del gobierno son correctas? ¿no se había tardado el gobierno en intervenir dado que el servicio de LyFC es tan malo? En medio, la polarización que nubla el juicio basado en evidencias. Las emociones y prejuicios supliendo a las ideas. Ruido. Estruendo.
Me espantó que en algo tan claro para muchos (cualquiera que sea el bando), yo no tuviera opinión. ¿De qué me perdí?
Me di cuenta que no tenía información. Fuera de lugares comunes, me di cuenta que no tenía información para emitir una opinión razonable. Del sindicato uno no espera mucho, son opacos, punto. Del gobierno, uno espera más; no sólo porque tiene una maquinaria para generar datos, cifras, estadísticas, sino porque es su obligación legal rendir cuentas de sus decisiones ante la ciudadanía y ante otros poderes.
Una decisión tan importante para el país (dada sus implicaciones políticas) debe tener un documento que la respalde. Una suerte de biblia reveladora de la luz y la verdad sobre LyFC. Un ejercicio de transparencia que permitiera a los mortales que no sabemos nada de electricidad, tener la certeza de que la decisión del gobierno es la correcta.
Así, me enfrasqué con una obsesiva pregunta ¿el gobierno justificó plenamente en un documento oficial la liquidación de LyFC? La respuesta la da el escueto “Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro” del sábado 10 de octubre de 2009 donde el gobierno federal concluye que ante la "comprobada ineficiencia operativa y financiera [de LyFC, ésta] debe extinguirse". El documento da varias cifras y todas parecieran contundentes: LyFC es un desastre.
Entonces vino mi segunda pregunta: si LyFC es un desastre ¿en qué documento oficial el gobierno advertía de ello? Una suerte de “si no corregimos el rumbo, LyFC tiene que cerrar”. Por documento oficial, en concreto, me refiero a aquél en el cual el gobierno rinde cuentas de sus decisiones a otro poder (específicamente el Legislativo) como la Cuenta Pública o el Presupuesto de Egresos de la Federación bajo una lógica sencilla: estos documentos tienen indicadores de desempeño de las dependencias, si LyFC iba tan mal, seguro ahí lo veríamos; la segunda razón es que si LyFC recibe presupuesto, lo menos es que el gobierno justifique para qué quiere ese dinero (y seguro ahí vendrían signos de desastre).
Mi primer lugar de búsqueda fue la página de LyFC (http://www.lfc.gob.mx/). Sin embargo, el gobierno había quitado todo rastro de datos y estadísticas y documentos y diagnósticos el domingo mismo. Sólo hay mensajes para los trabajadores para que acepten las condiciones del gobierno y alguna orientación al público usuario del servicio. Nada más.
Entonces leí los documentos presupuestarios del 2008 a la fecha y ahí no vi la información que justifique la liquidación de LyFC. Encontré otras cosas. Por ejemplo, contrario a lo que imaginé y escuché en discursos y mensajes, el dinero de los impuestos que el gobierno da a LyFC para subsidios no van a parar directamente a los "trabajadores privilegiados" del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), más bien son recursos que transfiere para que LyFC le compre electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (véase, página 7). Esto se debe a que la energía que genera LyFC no alcanza para abastecer a la gran demanda de Puebla, estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal, la cual es su área de operación.
Lo segundo que me encuentro es que en el Estado de Ingresos de LyFC el rubro de ventas está en negativo (OJO -no es lo mismo que la resta de ingresos menos egresos). ¿Cómo va a ser que LyFC venda “en negativo”? Ahí no tiene nada que ver la productividad de LyFC ni el “despilfarro” de sus trabajadores. La respuesta está en los subsidios eléctricos. Entonces me entero que éstos se distribuyen en 59% para usos industriales; 22% para casas; 19% a comercios y servicios, y 0.2 usos agrícolas. Es decir, casi 8 de cada 10 pesos de esos subsidios van a dar a las empresas, mientras que 2 de cada 10 consuela a las familias.
Por otro lado, no vi nada raro en el Estado de Egresos excepto que LyFC “adquirió” energía por más de 60 mil millones de pesos la cual compró, naturalmente, a la CFE. Leí entonces en una columna de Bernardo Barranco que en 2004, LyFC compró la electricidad de CFE por 36 mil 367 y la vendió en 36 mil 485. En 2006, LyFC compró electricidad de CFE en 44 mil 107 millones y la vendió en 40 mil 627. En 2007, LyFC compró en 46 mil 343 millones y la vendió en 31 mil 663. Esos diferenciales de precios beneficiaron claramente a CFE que vendía la electricidad más cara de lo que LyFC la vendía los consumidores finales.
Entonces me surgió la pregunta ¿quién quebró a LyFC? Busqué en los indicadores de desempeño de LyFC plasmados en la Cuenta Pública de 2008, y nada. Busqué en su informe Análisis del Ejercicio del Presupuesto 2008, y nada. Busqué en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, en la Estrategia Programática de LyFC y nada; en la Estrategia Programática de la Secretaría de Energía, y nada. Nada que advirtiera que LyFC era un desastre. Incluso todo lo contrario, sus indicadores iban de maravilla como lo reportan en el 2o trimestre de 2009 en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (página 611 en adelante).
¿Entonces? Buscando en documentos oficiales donde por ley el gobierno debe rendir cuentas de sus acciones y propuestas no veo la información que justifique la liquidación de LyFC. Así que una de dos: o el gobierno miente en sus documentos presupuestarios (por no decir toda la verdad ahí) o ahora está mintiendo sobre LyFC.
Cabe esta última posibilidad porque uno de los argumentos del gobierno es que “los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas” (Decreto) y en cualquier lado se habla de la poca productividad de LyFC. Me metí a buscar las fórmulas con las que se calcula la productividad en CFE y LyFC y me encontré que el numerador para ambos casos es diferente ¿son comparables?
Para conocer las ventas totales por trabajador (y así conocer la evolución y tendencia de la energía eléctrica que se vende proporcionalmente por cada trabajador activo) la CFE divide las “ventas de energía eléctrica a los usuarios en los últimos 12 meses (año móvil) en diferentes voltajes, incluyendo ventas al público, el intercambio con LyFC y exportaciones de energía” entre el “promedio de trabajadores activos en los últimos de 12 meses (año móvil)”. Por su parte, el indicador de LyFC se calcula dividiendo las “ventas de energía eléctrica a los usuarios en los últimos 12 meses (año móvil) en diferentes voltajes, incluyendo ventas al público y la reventa a CFE” entre el “promedio de trabajadores activos en los últimos de 12 meses (año móvil)”.
Echando un ojo, me parece tramposa la forma en que miden la productividad en uno y otro caso al incluir para el de la CFE la exportación de electricidad. Distorsiona el ejercicio: las ventas que se tienen por exportación de electricidad son diferentes a las ventas para mercado interno (ahí hay subsidios). Dicho de otro modo, la electricidad que vende CFE a Centroamérica o Estados Unidos (incluso a la propia LyFC) es más cara que la que le vende a los usuarios que la consumen en México por los subsidios a la electricidad. Por otro lado, la electricidad que vende LyFC a los usuarios de Puebla, estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal es mucho más barata y sus ventas, por lo tanto, son menores. Así, la productividad como la calcula el gobierno dividiendo ventas totales entre trabajadores es un cálculo sesgado pues mezcla peras y manzanas.
En cualquier caso ¿para qué es la información del desempeño que se presenta en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública? ¿es adorno? Me parece que un elemento en la discusión es la rendición de cuentas: ¿dónde está el documento oficial que previo al decreto hablara del desastre de LyFC? ¿O qué otros problemas graves son escondidos ahora mismo? ¿Qué información tenemos para evitarlos? Y es que los problemas no salen de la nada y por la magnitud de las decisiones que se toman ¿por qué no dijeron nada antes a través de los canales legales en función de los cuales el gobierno está obligado a rendir cuentas?
Al final del día, la duda sigue sin responderse: ¿quién puso en riesgo la empresa: la política de subsidios eléctricos o los mentados privilegios? Si no hay un diagnóstico oficial que haya desmenuzado todas las posibilidades, me parece que la liquidación es arbitraria. Si de tajo iban a cortar a tantos trabajadores, lo que al menos se espera es que haya un documento con justificaciones claras. ¿Donde está el documento oficial donde señalaran problemas y propusieran soluciones antes de llegar al punto de la liquidación? Si LyFC era un desastre tan grande como lo pintan ¿qué documento oficial lo dijo con todas sus letras?
Finalmente, hay que dejar algo muy claro: censuro absolutamente los privilegios de los líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas y censuro cualquier abuso que se haga con el dinero público. Pero también cabe precisar que las prestaciones de los trabajadores y los abusos de sus líderes son cosas completamente diferentes. Lo primero tiene que ver con derechos laborales, lo segundo con corrupción.
Hay muchos saldos de lo que está ocurriendo alrededor de la liquidación de LyFC. Para mí hay uno claro: no hay información, transparencia ni rendición de cuentas clara y oportuna.
6.10.09
Frases “célebres” del gobierno acerca de la crisis
Frases “célebres” del gobierno acerca de la crisis*
"A mí, esto del escenario preocupante del 2008, realmente hasta me emociona un poquito y me asegura que vamos a salir extraordinariamente bien este año."
Felipe Calderón, 16 de enero de 2008
"…a nosotros nos acomoda bien y nos gusta y nos agudiza el desempeño el trabajar en un escenario bajo presión, es decir, estamos hechos a la adversidad; yo, en lo personal, me he especializado en navegar contra corriente.”
Felipe Calderón, 16 de enero de 2008
“No nos arredra la situación que afrontamos. Sí, ya lo habíamos admitido, tendremos problemas en México [por la crisis financiera mundial] pero saldremos adelante. Estamos tomando las medidas correctas para afrontar la situación.”
Felipe Calderón, 15 de octubre de 2008
“Ahora le dará un catarrito y no una pulmonía como antes”
Agustín Carstens, 31 de enero 2009
“Cuando a Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da neumonía y ahora parece que a Estados Unidos le dio neumonía”
Ernesto Zedillo, 31 enero de 2009
“Bueno, probablemente a nosotros también nos va a dar neumonía”
Felipe Calderón, 8 de febrero de 2008
"Estoy seguro que… hacia finales del verano, México también… habrán ya superado el peor momento del entorno económico mundial y estará trabajando afanosamente por recuperar su crecimiento.”
Felipe Calderón, 15 de febrero de 2009
¿Catarritos? "Soy doctor en economía, no en medicina.”
Agustín Carstens, 20 de marzo de 2009
*Compilación de Luis De Velasco Newman en ¿Y cómo va la crisis?, lunes 27 de abril de 2009
"A mí, esto del escenario preocupante del 2008, realmente hasta me emociona un poquito y me asegura que vamos a salir extraordinariamente bien este año."
Felipe Calderón, 16 de enero de 2008
"…a nosotros nos acomoda bien y nos gusta y nos agudiza el desempeño el trabajar en un escenario bajo presión, es decir, estamos hechos a la adversidad; yo, en lo personal, me he especializado en navegar contra corriente.”
Felipe Calderón, 16 de enero de 2008
“No nos arredra la situación que afrontamos. Sí, ya lo habíamos admitido, tendremos problemas en México [por la crisis financiera mundial] pero saldremos adelante. Estamos tomando las medidas correctas para afrontar la situación.”
Felipe Calderón, 15 de octubre de 2008
“Ahora le dará un catarrito y no una pulmonía como antes”
Agustín Carstens, 31 de enero 2009
“Cuando a Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da neumonía y ahora parece que a Estados Unidos le dio neumonía”
Ernesto Zedillo, 31 enero de 2009
“Bueno, probablemente a nosotros también nos va a dar neumonía”
Felipe Calderón, 8 de febrero de 2008
"Estoy seguro que… hacia finales del verano, México también… habrán ya superado el peor momento del entorno económico mundial y estará trabajando afanosamente por recuperar su crecimiento.”
Felipe Calderón, 15 de febrero de 2009
¿Catarritos? "Soy doctor en economía, no en medicina.”
Agustín Carstens, 20 de marzo de 2009
*Compilación de Luis De Velasco Newman en ¿Y cómo va la crisis?, lunes 27 de abril de 2009
21.9.09
Menos dinero a partidos
Se trató de mi primera columna publicada en un medio impreso de circulación nacional. Harta emoción y agradecimiento... por cierto, el tema principal "Usted lo vio primero en este blog": Menos dinero a partidos, 14.09.09. Mil gracias a Andrés Lajous por la invitación.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45652.html
**********
Menos dinero a partidos
Alberto Serdán Rosales
El Universal
18 de septiembre de 2009
Mientras la mayoría padece, unos cuantos se aprovechan. El ejemplo más claro y ofensivo es que, si dejamos sin vigilancia a los partidos políticos, éstos recibirán más de 3 mil millones de pesos en 2010. Diversos grupos sociales ya proponen un cambio en la Constitución para reducir este financiamiento. A grandes males, grandes remedios.
En la peor crisis económica de las últimas décadas, el aporte de recursos a los partidos crece. Los ríos de dinero son constantes porque estas instituciones se las arreglaron para meter su financiamiento en la Constitución. La bolsa a repartir se calcula con 65% del salario mínimo para el Distrito Federal, multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Así, no importa lo que ocurra en las votaciones o en la economía, los partidos garantizan de este modo su tajada porque la población aumenta al igual que el salario mínimo. Esto es inmoral e inaceptable y tiene que cambiar.
Para pasar de la protesta a la propuesta, el movimiento gestado a raíz de la promoción del voto nulo en su carácter de Asamblea Nacional Ciudadana ha planteado la reducción del financiamiento a los partidos, apoyado por muchos individuos y grupos como Alianza Cívica y Propuesta Cívica.
De manera concreta, se busca un cambio en la Constitución para modificar la fórmula con la que se calculan los ingresos de dichas agrupaciones para que, al sustituir el referente del “padrón electoral”, sea la “votación nacional emitida” la que determine su financiamiento.
Se trata de cambiar unas cuantas palabras al artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior, en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como actualmente dice el texto.
Esta sencilla modificación hará que el financiamiento de los partidos se sujete a sus propios resultados electorales y a su capacidad para convencer a la ciudadanía de que sus candidaturas son, en efecto, la mejor opción política. También dará el poder a la ciudadanía para que, si no la convencen, pueda optar por la anulación de su voto y afectar con ello el dinero recibido por los partidos. Los sufragios adquirirán así un nuevo sentido y en el marco de una previsible reforma electoral, esta modificación pondrá a prueba la verdadera voluntad democrática de los partidos políticos.
Además, con este cambio los ciudadanos ahorrarán cerca de mil 800 millones de pesos en el presupuesto del próximo año. Si se piensa en cifras concretas, con estos recursos 213 mil 672 personas superarían la línea de pobreza extrema rural durante un año. Visto de otra manera, podrían comprarse 458 mil computadoras, 550 mil estufas, 465 mil refrigeradores, 706 mil lavadoras o podrían instalarse 431 mil letrinas. Todos, artículos que la gente pobre compraría de tener el dinero (Sedesol, 2004).
Existen diversas maneras de involucrarse. La Asamblea Nacional Ciudadana cuenta con una página de internet en la que pueden encontrarse las acciones para apoyar esta causa (http://www.anciudadana.org). También ha abierto una red social (http://grou.ps/anciudadana) para intercambiar opiniones sobre esta y otras propuestas relacionadas con la implantación de mecanismos de democracia directa (como el valor jurídico del voto nulo, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato), así como con el impulso a candidaturas independientes. Además, puede difundirse esta propuesta, identificar maneras para incorporarla en el ámbito estatal y exigir a los legisladores que hagan los cambios correspondientes.
En el mar del oprobio, sobresalen los partidos políticos. Se han convertido en espejo de la degradación de la vida pública y han sido fuente inagotable de escándalos relacionados con el poder corruptor del dinero que reciben. Acabemos con esta casta de privilegiados. No podemos darnos el lujo de tener la democracia más cara de Latinoamérica y, al mismo tiempo, a más de 50 millones de mexicanos viviendo en pobreza. El presupuesto no es de los partidos políticos, sino de la ciudadanía: es el dinero de sus impuestos. Es hora de que los partidos le rindan cuentas y que este pequeño cambio en la Constitución sea un gran cambio para la democracia y la dignidad civil.
http://twitter.com/albertoserdan
Secretario técnico de Propuesta Cívica, AC, promotor de Esperanza Marchita
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45652.html
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Menos dinero a partidos
Alberto Serdán Rosales
El Universal
18 de septiembre de 2009
Mientras la mayoría padece, unos cuantos se aprovechan. El ejemplo más claro y ofensivo es que, si dejamos sin vigilancia a los partidos políticos, éstos recibirán más de 3 mil millones de pesos en 2010. Diversos grupos sociales ya proponen un cambio en la Constitución para reducir este financiamiento. A grandes males, grandes remedios.
En la peor crisis económica de las últimas décadas, el aporte de recursos a los partidos crece. Los ríos de dinero son constantes porque estas instituciones se las arreglaron para meter su financiamiento en la Constitución. La bolsa a repartir se calcula con 65% del salario mínimo para el Distrito Federal, multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Así, no importa lo que ocurra en las votaciones o en la economía, los partidos garantizan de este modo su tajada porque la población aumenta al igual que el salario mínimo. Esto es inmoral e inaceptable y tiene que cambiar.
Para pasar de la protesta a la propuesta, el movimiento gestado a raíz de la promoción del voto nulo en su carácter de Asamblea Nacional Ciudadana ha planteado la reducción del financiamiento a los partidos, apoyado por muchos individuos y grupos como Alianza Cívica y Propuesta Cívica.
De manera concreta, se busca un cambio en la Constitución para modificar la fórmula con la que se calculan los ingresos de dichas agrupaciones para que, al sustituir el referente del “padrón electoral”, sea la “votación nacional emitida” la que determine su financiamiento.
Se trata de cambiar unas cuantas palabras al artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior, en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como actualmente dice el texto.
Esta sencilla modificación hará que el financiamiento de los partidos se sujete a sus propios resultados electorales y a su capacidad para convencer a la ciudadanía de que sus candidaturas son, en efecto, la mejor opción política. También dará el poder a la ciudadanía para que, si no la convencen, pueda optar por la anulación de su voto y afectar con ello el dinero recibido por los partidos. Los sufragios adquirirán así un nuevo sentido y en el marco de una previsible reforma electoral, esta modificación pondrá a prueba la verdadera voluntad democrática de los partidos políticos.
Además, con este cambio los ciudadanos ahorrarán cerca de mil 800 millones de pesos en el presupuesto del próximo año. Si se piensa en cifras concretas, con estos recursos 213 mil 672 personas superarían la línea de pobreza extrema rural durante un año. Visto de otra manera, podrían comprarse 458 mil computadoras, 550 mil estufas, 465 mil refrigeradores, 706 mil lavadoras o podrían instalarse 431 mil letrinas. Todos, artículos que la gente pobre compraría de tener el dinero (Sedesol, 2004).
Existen diversas maneras de involucrarse. La Asamblea Nacional Ciudadana cuenta con una página de internet en la que pueden encontrarse las acciones para apoyar esta causa (http://www.anciudadana.org). También ha abierto una red social (http://grou.ps/anciudadana) para intercambiar opiniones sobre esta y otras propuestas relacionadas con la implantación de mecanismos de democracia directa (como el valor jurídico del voto nulo, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato), así como con el impulso a candidaturas independientes. Además, puede difundirse esta propuesta, identificar maneras para incorporarla en el ámbito estatal y exigir a los legisladores que hagan los cambios correspondientes.
En el mar del oprobio, sobresalen los partidos políticos. Se han convertido en espejo de la degradación de la vida pública y han sido fuente inagotable de escándalos relacionados con el poder corruptor del dinero que reciben. Acabemos con esta casta de privilegiados. No podemos darnos el lujo de tener la democracia más cara de Latinoamérica y, al mismo tiempo, a más de 50 millones de mexicanos viviendo en pobreza. El presupuesto no es de los partidos políticos, sino de la ciudadanía: es el dinero de sus impuestos. Es hora de que los partidos le rindan cuentas y que este pequeño cambio en la Constitución sea un gran cambio para la democracia y la dignidad civil.
http://twitter.com/albertoserdan
Secretario técnico de Propuesta Cívica, AC, promotor de Esperanza Marchita