En 2012, la sociedad civil marcó rumbo en la agenda educativa de las campañas presidenciales. Desde la perspectiva de los candidatos y los partidos, el tema tuvo su lugar en la pasarela como parte de un ritual que alude a los ejes trascendentales de la vida nacional. Al contrastarlo con los ejercicios de 2000 y 2006, pareciera que las plataformas y los discursos estuvieron a tono con la polilla en la que partidos y candidatos suelen sentirse cómodos. Así, comenzaron con el estribillo de mejorar la calidad educativa, aumentar la cobertura, capacitar al magisterio, destinar mayores recursos a la educación y, la cereza del pastel, a ponerla como el “centro de la estrategia para lograr un desarrollo integral y con equidad”.
No obstante, quizá puede decirse que algo cambió. La presión de las organizaciones ciudadanas para empujar a candidatos y partidos a definirse sobre algunos dilemas clave en la educación no es nuevo, pero consiguió resultados que otros procesos electorales no tuvieron: los candidatos salieron de su zona de confort y fijaron públicamente, a su pesar en algunos casos, posiciones más claras en esferas conflictivas. El activismo de las organizaciones se sitúa en un tránsito a la consolidación democrática no sólo inacabada sino que apenas va llegando al ámbito educativo. Ello abre perspectivas para el cambio de las reglas que rigen al sistema educativo y que actualmente están dominadas por el pacto político corporativo entre la cúpula del sindicato y el gobierno.
