¿Hasta cuándo?*

Por Alberto Serdán

Un buen maestro puede marcar la vida de un niño. Un sistema educativo con buenos maestros puede transformar a la sociedad. En el México de los resabios corporativos, el control de las plazas docentes en manos de los líderes del sindicato (con la complicidad gubernamental) impide tener a los mejores en las aulas. Esto debe cambiar y se están dando los primeros pasos.

En Guerrero las plazas son heredadas oficialmente gracias a un pacto entre el gobierno y la cúpula sindical. Cuando un maestro se retira por incapacidad parcial o permanente, jubilación o renuncia, éste decide a qué familiar le entrega “su” plaza. Si el “beneficiado” no es apto para dar clases, no importa; le encuentran acomodo en algún sitio del sistema educativo. En Nayarit el gobernador decidió que las plazas sean entregadas a los “maestros priistas” para que ellos las distribuyan entre su grey (aunque el SNTE reclamó airadamente para sí esa “conquista laboral”). En Oaxaca y Guerrero ni siquiera existe un concurso para asignar las plazas porque la CNTE impide que se realice el examen. Imponen su ley.

A su vez, el “escalafón” entrega “puntos” para asignar las plazas mediante un concurso dirigido a docentes que ya tienen un lugar definitivo en el sistema. Su reglamento data de 1973 y descansa sobre el control de los expedientes de los maestros en comisiones mixtas del SNTE. Con este mecanismo, por faltar 38 días a clase se regala 48 puntos a cada docente; por escribir un libro de texto de enseñanza primaria, sólo 12 puntos. Más aún, el Reglamento considera las “actividades que fortalezcan y coadyuven al mejoramiento de la vida sindical” como una dimensión a evaluar en el desempeño docente. El divorcio de los propósitos educativos no puede ser más evidente.

Mientras las lealtades políticas, sindicales o personales determinen las carreras de los maestros, difícilmente tendremos a los mejores frente a nuestros niños. Los resultados en la calidad educativa son contundentes: casi 8 de cada 10 niños han pasado por primaria y secundaria y, aun así, no pueden resolver operaciones matemáticas básicas o simplemente comprender un texto.

Este sistema educativo, privatizado por los líderes del sindicato con la connivencia de los gobiernos, no permitirá contar con ciudadanos activos, exigentes, críticos, reflexivos, propositivos, innovadores. Por el contrario, de no acelerar el cambio, seguiremos teniendo una ciudadanía pasiva, con algunos destellos fruto del agravio. Ya no hablemos siquiera de una mayor productividad.

Para construir ciudadanía y aspirar a dejar de ser un país de mano de obra barata para ser uno competitivo, con remuneraciones dignas, el sistema educativo debe poner en su centro el derecho a aprender de los niños. Debe, además, elevar los estándares de admisión para que sean los maestros idóneos quienes estén en las aulas; someter a concurso todas las plazas vacantes y eliminar todas las comisiones no educativas. Debe procurar que el docente sea un profesional de la educación con libertad y autonomía para gestionar su clase en el aula; con un buen sueldo inicial para que la búsqueda de complementos por puntos disminuya; con una clara comprensión de lo que significa la responsabilidad de ser un buen maestro; con un fuerte compromiso con la innovación, y con el objetivo de que sus alumnos aprendan a pensar y no a memorizar datos que son inútiles si no son razonados.

La quinta edición del Examen de Conocimientos y Habilidades Docentes, con el que se concursa solamente las vacantes de nueva creación y las definidas en acuerdo con el sindicato, es un paso para consolidar una cultura en la que sea el mérito profesional, y no la astucia negociadora o la lealtad política, lo que defina la incorporación, permanencia y promoción en el magisterio. El mecanismo debe perfeccionarse: un examen de opción múltiple no puede ser la forma adecuada de selección. Debe incluirse un portafolio de evidencias y observaciones en el aula que den certezas mínimas de la calidad del docente que se está contratando.

Los resultados del Examen llaman a reflexionar sobre la urgente reforma de los centros de formación de maestros. Un dato: mil 853 docentes que querían una plaza definitiva, que actualmente están en servicio para cubrir a alguno de los maestros comisionados a actividades no educativas y que nos cuestan miles de millones de pesos al año, obtuvieron menos del 30 por ciento de los aciertos del Examen (calificación mínima para aprobarlo). Peor aún: de acuerdo con la SEP, ante la falta de maestros en zonas indígenas, también serán elegibles aquéllos que no superaron ese umbral.

Las reglas que rigen al sistema educativo deben cambiar. De otra manera, seguiremos siendo un país “de panzazo”, que no desarrolla su potencial y que no tiene una sociedad justa, próspera e igualitaria. La reforma educativa es la reforma estructural que debe conseguir en primer lugar el siguiente gobierno. Las autoridades no pueden mantenerse timoratas; ni la sociedad, indiferente. Empujemos el cambio. Es urgente. Es ahora.

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* Publicado en El Financiero