Examen de maestros, autoridades a examen*

Por Alberto Serdán

El pasado 15 de julio se realizó la quinta edición del Examen de Conocimientos y Habilidades Docentes 2012. El Examen es parte de un concurso nacional mediante el cual se asignan las casi 20 mil plazas vacantes que ocuparán de manera definitiva los maestros de educación básica. Si bien es un avance muy importante, aún quedan pendientes para garantizar que sea el mérito profesional lo que determine la carrera de los profesores, al tiempo de que los resultados del Examen reflejan una precaria preparación que el sistema educativo nacional da a quienes quieren ejercer esta noble profesión.

Actualmente no se concursan todas las plazas vacantes, es decir, aquellas que dejan los maestros por jubilación, renuncia, incapacidad o cualquier otra causa considerada por la ley. Sólo se someten a este método las de nueva creación gracias a las ampliaciones del presupuesto y aquellas “definitivas” que son liberadas luego de que no fueron cubiertas con el escalafón de maestros. Se desconoce (o al menos no es público) el número total de plazas vacantes que hay en el sistema educativo mexicano.

Los maestros de educación básica en México acceden a las plazas mediante el “concurso” o mediante el “escalafón”. Mientras que el concurso es una suerte de “borrón y cuenta nueva” donde todos los aspirantes se sujetan al Examen en igualdad de circunstancias, el “escalafón” es un mecanismo regulado desde 1973 donde los maestros que ya están dando clases acceden a otra plaza (incluyendo puestos de dirección y supervisión) en función del número de “puntos” que obtienen en su vida como docentes. En el escalafón se valoran los conocimientos, la aptitud, la antigüedad, la disciplina y la puntualidad de los docentes.

El sistema de puntos de este Reglamento plantea peculiaridades. Por escribir un libro de texto de enseñanza primaria, aprobado por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, dan 12 puntos y por escribir un libro de carácter pedagógico de enseñanza primaria, aprobado oficialmente por el mismo Consejo, dan 8 puntos. No obstante, por faltar 38 días a clase el Reglamento de Escalafón otorga 48 puntos. Incluso, uno de los aspectos que un maestro debe cubrir es el ámbito de “laboriosidad”, donde el artículo 93 del Reglamento establece que considerarán las “Actividades que fortalezcan y coadyuven al mejoramiento de la vida sindical”.

Este escalafón es controlado por comisiones mixtas SEP-SNTE donde los representantes del gobierno pueden ser también integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Así, estas comisiones resguardan los expedientes de todos los maestros donde, por ejemplo, se archivan las hojas de asistencia, los formatos en los que se valora su desempeño, los diplomas de los cursos a los que asistieron, etc. Asimismo estas comisiones publican las plazas que se asignarán por escalafón, recibe las peticiones de los maestros interesados y decide a quiénes se les otorga la plaza con base en los puntos registrados en los expedientes. Controlan todo.

Por su parte, hay estados de la República en los que los criterios profesionales y educativos se subordinan explícitamente a los intereses políticos y patrimoniales. En Guerrero, de forma oficial a partir de 2012 casi 70 mil maestros tienen “derecho” a entregarle sus plazas a familiares cuando se jubilen, renuncien o se incapaciten total o permanentemente (La Jornada, 25-5-2012). Esta es una “conquista laboral” festejada por los líderes del SNTE en la entidad en la que se comprometieron a que las personas que reciben este beneficio deberán “cumplir con el perfil”. Mientras, la autoridad educativa se encogió de hombros y solo atinó a decir que “en ocasiones la norma se ve rebasada por los usos y costumbres dentro del magisterio” (El Diario de Taxco Guerrero, 10-5-2012). En Nayarit el gobernador Roberto Sandoval presentó una “Red de Maestros Priistas” en la que puso al frente al dirigente de ese partido “y acordó entregar a esa red las plazas vacantes que se generen durante el ciclo escolar”, en tanto, el SNTE estatal reclamó que las vacantes son suyas ya que, apuntan, firmaron un acuerdo con el que no utilizarían los resultados del Examen y “las vacantes serán propuestas por la Sección 20 del sindicato” (Reforma, 31-7-2012). En Michoacán y Oaxaca, no se aplica el Examen ni se concursan las plazas. El SNTE (dominado por la disidencia aglutinada en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación -CNTE) impone su ley.

Estos mecanismos le han otorgado al SNTE y a sus líderes un eficaz control sobre los maestros. Durante décadas y con la complicidad gubernamental, el sindicato mantuvo un monopolio en el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos y los bonos de los maestros. No obstante, el Examen de Conocimientos y Habilidades Docentes ofrece una posibilidad de cambio. En estos cinco años del Examen, se está consolidando un principio cultural: ser maestro es un bien público que se ha de resguardar, buscando a los candidatos idóneos y abriendo una trayectoria profesional en la que el avance sea referido a los logros como educador y no a la astucia de negociador, el comercio ilegal de apoyos sindicales o electorales, la sumisión a determinadas figuras locales o nacionales.

El Examen no es un mecanismo idóneo, pues contestar preguntas de opción múltiple no puede ser un la única forma para entregar una plaza docente de forma definitiva. Desde la sociedad civil y la academia se ha insistido en que el Examen debiera ampliarse y complementarse con un portafolio de evidencias, la observación de aula y un periodo condicional con una tutoría clara antes de conceder la plaza. Hacia allá deberán dirigirse los esfuerzos en un futuro cercano.

En tanto, en los medios se han destacado los resultados de quienes presentaron el examen. No es para menos pues ofrecen un panorama muy desolador de la preparación de quienes aspiran a una plaza docente. Quizá el punto más delicado lo representan los 1,853 maestros que ya están frente a grupo, buscaron una plaza definitiva y no contestaron acertadamente al 30 por ciento del Examen, lo mínimo para aprobarlo y considerar a los maestros dentro de las “listas de prelación” (lista que se ordena desde el aspirante con la mayor calificación hasta el aspirante con la menor calificación del examen, y otorgar así las plazas vacantes disponibles).

La situación es alarmante en estados como Guerrero donde el 9 por ciento de los docentes en servicio no contestaron acertadamente al 30 por ciento del Examen. En Tabasco el 8 y en Sinaloa el 7 por ciento de los maestros que ya están frente a grupo tuvieron ese mismo resultado. Al fin, estos 1,853 maestros que reprobaron representan un incremento de 44 por ciento respecto del año pasado y estos docentes cubren, entre otros, a los miles de comisionados que cobran como maestros, que no se dedican a temas educativos, y nos cuestan miles de millones de pesos al año.

Por cierto, para el anecdotario, la decisión de que la calificación mínima aprobatoria sea con 30 por ciento de los aciertos estuvo en manos de una instancia de nombre rimbombante: Órgano de Evaluación Independiente con Carácter Federalista, el cual se encarga de establecer los criterios de acreditación del Examen y está integrado por 70 especialistas. 35 de estos expertos fueron “designados” por los representantes del SNTE; 32 fueron “designados” por cada una de las autoridades estatales y solo tres por la SEP. Por cierto, este Órgano se encarga de formular los reactivos del Examen.

Los resultados del Examen son un reflejo de un sistema educativo deficiente, particularmente en las escuelas normales y formadoras de maestros, que no está preparando a sus alumnos para las necesidades y expectativas de una educación de calidad. No se trata de maestros “flojos” o “burros”, como se dice coloquialmente. Mejor preguntémonos quién permite que se sigan formando así, a quién le conviene la simulación de una profesión deteriorada. Muchas autoridades y líderes sindicales, con nombre y apellido, están en la mira.

Por todo lo anterior, las autoridades están a examen. Constitucionalmente es el Estado quien debe garantizar, proteger y promover el derecho a la Educación. Las autoridades democráticamente electas deben responder si seguirán aceptando que sea una entidad privada (el SNTE) la que continúe determinando las decisiones educativas en el país. Esta privatización de facto por parte de los líderes del sindicato limita el ejercicio del derecho humano a aprender a través de un bien público que es la educación. Las reglas que rigen del sistema educativo deben cambiar. Las autoridades tienen la palabra.

El futuro de nuestros hijos y el de nuestra nación está entrelazado con lo que ocurre con los maestros. Así como les fue a nuestros maestros así es la panorámica de cómo nos puede ir a todos. Más vale comenzar pronto.

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* Publicado en Animal Político