La educación en las elecciones 2012 desde una mirada ciudadana*

Por Alberto Serdán

En 2012, la sociedad civil marcó rumbo en la agenda educativa de las campañas presidenciales. Desde la perspectiva de los candidatos y los partidos, el tema tuvo su lugar en la pasarela como parte de un ritual que alude a los ejes trascendentales de la vida nacional. Al contrastarlo con los ejercicios de 2000 y 2006, pareciera que las plataformas y los discursos estuvieron a tono con la polilla en la que partidos y candidatos suelen sentirse cómodos. Así, comenzaron con el estribillo de mejorar la calidad educativa, aumentar la cobertura, capacitar al magisterio, destinar mayores recursos a la educación y, la cereza del pastel, a ponerla como el “centro de la estrategia para lograr un desarrollo integral y con equidad”.

No obstante, quizá puede decirse que algo cambió. La presión de las organizaciones ciudadanas para empujar a candidatos y partidos a definirse sobre algunos dilemas clave en la educación no es nuevo, pero consiguió resultados que otros procesos electorales no tuvieron: los candidatos salieron de su zona de confort y fijaron públicamente, a su pesar en algunos casos, posiciones más claras en esferas conflictivas. El activismo de las organizaciones se sitúa en un tránsito a la consolidación democrática no sólo inacabada sino que apenas va llegando al ámbito educativo. Ello abre perspectivas para el cambio de las reglas que rigen al sistema educativo y que actualmente están dominadas por el pacto político corporativo entre la cúpula del sindicato y el gobierno.

Si uno revisa las plataformas electorales que los partidos políticos entregan al IFE por obligación legal, se notarán pocos cambios sustanciales entre el 2000 y el 2012. Incluso hay casos vergonzosos como el de los partidos de izquierda que prácticamente transcribieron en 2012 toda la plataforma educativa que entregaron en el proceso electoral de 2006, como si el país o las ideas no se movieran en ese tiempo; o el del PRI, que de tener una propuesta detallada en 2006, redujo en más de la mitad el número de palabras dedicadas a la educación y pasó alevosamente del detalle a las generalidades en estas elecciones. En el caso del PAN, por ejemplo, si bien desarrollaron mejor sus propuestas educativas, se dieron tiempo para puntualizar aspectos como la “prohibición expresa, tanto de la Criogenia como de la congelación o manipulación de embriones con fines de investigación” como parte la sección “Vida y familia, educación, cultura y participación ciudadana”, y dejaron fuera la eliminación de las comisiones no educativas.

En el desarrollo de la campaña, se formaron alianzas, rupturas y definiciones que modificaron el discurso de los candidatos sobre el espacio educativo. Por ejemplo, la postulación de Josefina Vázquez Mota, ex titular de la SEP, hizo que mejoraran sus propuestas educativas respecto de la plataforma electoral de su partido, e incluso considerara como bandera de campaña un enfrentamiento directo con la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, en clara ruptura del pacto sellado seis años antes con su antecesor. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador propuso al ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como titular de la SEP en caso de ganar, lo que mejoró sustantivamente su discurso en materia educativa. Finalmente, Enrique Peña Nieto rompió formalmente su coalición con el Panal, partido ligado al sindicato de maestros, lo que le exigió contar con un discurso propio en este ámbito y que fue construyendo conforme avanzó la campaña. Todo ello no habría pasado de lo anecdótico si no fuera por el dinamismo que las organizaciones imprimieron a las campañas.

Grupos civiles y sociales concurrieron para fijar la agenda educativa al margen del sindicato y el gobierno que tradicionalmente la habían monopolizado. En 2012 las organizaciones de la sociedad civil no sólo lograron conformar un frente común en iniciativas como “10 Preguntas por la Educación”, sino que generaron sinergias con otros grupos y movimientos cívicos en esfuerzos como la “Cumbre Ciudadana” donde todos los candidatos y partidos respondieron a cuestionamientos incómodos formulados por un grupo plural y heterogéneo de organizaciones. Al tiempo, iniciativas como ¡De Panzazo! de Mexicanos Primero, película que llegó a más de un millón de espectadores, contribuyeron a ampliar el debate educativo en públicos no especializados. Todo ello es un reflejo de la transición democrática que se vive en arenas como la educativa donde personas, grupos y agendas anteriormente excluidos buscan incorporarse a la vida pública y en las decisiones fundamentales, creando condiciones para la apertura, pluralidad y diálogo con el poder.

El tránsito a la consolidación democrática supuso el acuerdo entre los actores políticos de que los conflictos se dirimirían mediante métodos e instituciones democráticas, respetando sus reglas y, sobre todo, con el compromiso en los hechos de que no vetarían las acciones de los gobiernos democráticamente electos. Esta definición mínima de estudiosos como Juan Linz, topó con las prácticas corporativas de un sindicato que, con la complicidad gubernamental, no se sujeta a las reglas de la democracia y sistemáticamente impone su ley tanto en la gestión de las plazas docentes como en el diseño mismo, la implementación y la evaluación de la política educativa, vetando incluso, de forma unilateral y arbitraria, decisiones de las autoridades (como ocurrió recientemente con la Evaluación Universal). La preponderancia del pacto político corporativo entre la cúpula del sindicato y el gobierno fue decisivo para la exclusión de grupos ciudadanos y de otros actores de la educación durante décadas.

La lucha por la inclusión no es nueva. En el contexto de las campañas presidenciales, la búsqueda de visiones diferentes a las del gobierno o el sindicato en materia educativa llevó en el año 2000 al Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) y al Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) a realizar el foro “La educación en las plataformas electorales”, que se destacó por ser un esfuerzo pionero en el análisis ciudadano de las propuestas de campaña en la materia. En 2006, nuevamente el OCE elaboró nueve “Cuadernos de la Plataforma Educativa 2006” y celebró cinco Foros Regionales para su discusión. Su intención fue presentar esta plataforma a partidos y candidatos para su consideración, evidenciando el paso de la revisión de las promesas de campaña a la elaboración de propuestas propias. A la par, la UNICEF junto con la Red por los Derechos de la Infancia y la Coparmex, lanzaron en 2006 la iniciativa “Vota por la Educación” para impulsar la demanda del electorado por mejores propuestas educativas. Su campo de acción fueron los anuncios publicitarios y las alianzas con otras iniciativas como “Tu rock es votar” con personajes ligados al mundo del espectáculo. Asimismo, realizaron el Foro Internacional “Democracia, Economía y Sociedad: Educación y diálogo político en México” en el que expertos y representantes de los partidos ofrecieron sus visiones sobre la educación. En ningún caso los candidatos presidenciales asistieron a los eventos.

Para 2012, el diálogo directo fue posible con un cambio no menor: partidos y candidatos se sujetaron a las reglas y formatos establecidos por las organizaciones. Una novedad la representa el formato de cuestionarios en los que cada candidato respondió puntualmente a las agendas de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias a ello fue posible saber que todos los aspirantes (excepto algunas “reservas menores” de Enrique Peña Nieto) están de acuerdo en derogar las normas que dan al SNTE control de las plazas docentes e instituir un servicio de carrera basado en el desempeño y capacidad que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicos. Así como crear una nueva relación laboral entre Estado y trabajadores de la educación: justa, transparente y democrática. En tanto, todos los candidatos se comprometieron a hacer transparente, eficiente, progresivo, justo y equitativo el gasto educativo, incluyendo la eliminación de todas las comisiones no educativas; a asegurar un concurso riguroso para todas las  plazas vacantes de maestros, supervisores y directores; a integrar y publicar un Padrón Nacional de Maestros único y confiable; a integrar una política nacional de participación social para aumentar la participación de los padres de familia en el sistema educativo; y a evaluar periódica y obligatoriamente a la universalidad de los maestros, directores, supervisores y personal docente; entre otros contenidos.

Son tiempos nuevos. En las plataformas electorales, estos temas no fueron tocados por partidos y candidatos. Fue la intervención de las organizaciones civiles en las campañas lo que contribuyó a mejorar y precisar los términos del debate educativo. Toca ahora concentrarse en dos procesos: vigilar, apoyar y exigir el cumplimiento de los compromisos cuando se defina quién ganó la contienda, así como seguir construyendo los consensos para que las organizaciones conserven e incrementen su papel de actores en la política educativa, que ya no más debiera ser sólo oficial, sino verdaderamente pública por la participación activa de grupos y personas más allá de las típicas estructuras partidistas.

Se trata de un paso más en la apertura democrática de la educación. Decía don Daniel Cossío Villegas que nuestro país camina por agravios. La mala calidad educativa es un agravio mayor que avergüenza y que debe llevar a actuar con una mayor efectividad. Parafraseando un dicho popular: la educación es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los políticos [o del sindicato de maestros]. La educación es un asunto público, de todos, por lo que más les vale a partidos, gobiernos y sindicatos aceptar esta realidad. A las organizaciones toca actuar con responsabilidad y solidez argumentativa en sus análisis y propuestas, y creatividad, imaginación y efectividad en sus acciones.

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* Publicado en Brújula Ciudadana