Asesinan en México a defensores de derechos humanos

Defensores de derechos humanos asesinados en el estado de Guerrero, México

No hay "Estado fallido", sólo "ciudades e instituciones fallidas", como señala Sergio Aguayo respecto del poder de los narcos (El País, 06/02/09) y cuyo término usó Leo Zuckermann respecto de ciudad Juárez (Excélsior, 23/02/09); "economías fallidas" (como lo atestiguan las décadas de estancamiento económico); "sociedades de bienestar fallidas" (como lo certifican la pobreza y la profunda desigualdad en el país y entre las regiones) y a este escenario habría que agregar que los retrocesos en los derechos humanos y en la disfuncional clase política hacen pensar que en México operan espacios para una “democracia fallida”.

Hace unos días este blog daba cuenta de que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan había enviado una Acción Urgente para exigir la investigación de la desaparición y la inmediata presentación con vida de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía, 39 años, y Manuel Ponce Rosas, de 32 años de edad, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco Na Savi (OFPM) que fueron detenidos arbitrariamente de un evento publico en Ayutla de los Libres el 13 de febrero pasado, por tres hombres que se identificaron como policías.

Como señala este Centro de Derechos Humanos, la OFPM tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres y se dedica defender los derechos de los pobladores indígenas de la región y a denunciar los atropellos y violaciones a los derechos humanos e igualmente han ampliado su campo de acción hacia la elaboración y gestión de proyectos productivos que coadyuven al mejoramiento económico y alimentario de los indígenas de esa región.

Estos mexicanos han sido asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida y con signos de tortura el pasado viernes en la región de la Costa Chica de Guerrero. Ante este evento, el gobernador perredista Zeferino Torreblanca aseguró que estos asesinatos “no tiene tintes políticos" y añadió que “ni siquiera las familias de los mixtecos asesinados tienen idea de la identidad de los asesinos” (Milenio, 23/02/09). Esta declaración se suma a la del procurador en el sentido de que estos defensores de derechos humanos “fueron víctimas de secuestro o levantón” (La Jornada, 23/02/09) ¡Cuánta sinvergüenza, juzgar sin investigar!

La persecución de los defensores de derechos humanos, el asesinato de estos defensores, la negligencia del gobierno de Guerrero en este caso, mostrada desde la desaparición Raúl Lucas y Manuel Ponce, y confirmada con estas declaraciones, hace pensar que se cierra el espacio para la democracia y el estado de derecho en Guerrero.

La defensa de los derechos humanos está de luto en México. La indignación es mucha que las palabras no alcanzan, pero no por ello bajaremos los brazos.

A continuación les comparto un fragmento de la nota publicada por CIMAC Noticias el 23 de febrero de 2009 a propósito de este indignante acontecimiento. Al final pueden encontrar una serie de referencias para mayor información.

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“Crimen de Estado”, del que ONU y AI habían advertido
Asesinato de líderes de OFPM, deja a familias en desamparo

El asesinato de los líderes indígenas fue calificado como “Crimen de Estado” por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

LA DETENCIÓN

Tres hombres, informó Prensa Indígena y Tlachinollan, presumiblemente agentes de la Policía Investigadora Ministerial, se presentaron sin orden de aprehensión alrededor de las 13:00 horas de aquel día, llegaron en una camioneta negra, denunciaron sus familiares ante las autoridades correspondientes.

Raúl Lucas Lucía fue detenido por ellos las 13:15 horas del viernes, afuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.

En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla --y ex militar--, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.

HOSTIGAMIENTO POR DEFENDER DH

Raúl Lucas, así como Manuel Ponce, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, como lo informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl Lucas había sufrido hostigamientos por parte de militares, incluidos allanamientos, retenciones e interrogatorios ilegales. Fue interrogado por miembros del Ejército Mexicano el 18 de octubre de 2006. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.

Raúl Lucas Lucía trabajó más de 10 años en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres, señala el organismo.

Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos, creó en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.

En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policíacas, señala Tlachinollan.

La OFPM, igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla, detalla Tlachinollan.

En la zona mixteca, donde tiene presencia la OFPM, se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.

El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes.

Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.

DENUNCIA Y NEGACIÓN

La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.

El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al Gobierno de México que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.

Como respuesta a la denuncia ante las autoridades el Director de la Policía Investigadora Ministerial rechazó entonces que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”.

De igual forma, el secretario de Seguridad y Protección Civil, general Heriberto Salinas Altés, señaló que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención; por su parte, Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas.

Los familiares continuaron los días siguientes la búsqueda de los dirigentes en cárceles y hospitales, sin hallarlos.

ONU Y AI

El jueves 19 de febrero, una delegación del Área Jurídica de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estuvo en Ayutla, donde se reunió con los familiares de los dirigentes mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lanzó una “acción urgente” en la que externó su preocupación por la desaparición de los dirigentes de la OFPM, exigiendo a las autoridades una investigación inmediata para encontrarlos.

Cuestionó el organismo que el Ministerio Público de Ayutla se negó a abrir una investigación inmediata por el secuestro y la desaparición de Raúl y Manuel, a pesar de la denuncia de un testigo.

AI indicó que organizaciones locales de derechos humanos “creen que estos hechos pueden tener conexiones con las autoridades” y considera que “la desaparición de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía puede haber ocurrido como consecuencia de su trabajo para promover los derechos de los pueblos indígenas mixtecos de la región”.

Hace tres años, Raúl Lucas fue detenido e interrogado por miembros del Ejército Mexicano y también fue emboscado cerca de Ayutla “y casi asesinado por hombres armados que lo dejaron con una herida de bala en su cuello”, señala Tlachinollan.

El organismo internacional también señaló que miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), entre ellos su presidenta Obtilia Montaño, también han sido atacados y amenazados en numerosas ocasiones.

Además de que actualmente cinco de sus integrantes están detenidos y Amnistía Internacional los ha adoptado a todos ellos como presos de conciencia; pues considera que los cargos en su contra tienen motivos políticos.

Con los asesinatos de los dos dirigentes indígenas, señala Tlachinollan, lo más urgente es resolver la situación en que se quedan sus familias, mientras su organización define su estrategia para buscar justicia.

Lamentamos, dice en su comunicado de hoy, las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del estado, cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron ‘levantados’ “esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial”.

Para los familiares integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos”.

Y finaliza: “Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables”.


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Para mayor información:
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Mina #77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México.
C.P. 41304
Teléfono: (+52) (01) 757 476 12 20
Fax: (+52) (01) 757 476 12 00
Correo electrónico: cdhm@tlachinollan.org
y, en la ciudad de México, en http://www.fundar.org.mx/derechos_humanos.htm
y el correo andrea@fundar.org.mx