La corte minúscula

Por Alberto Serdán Rosales

Para los bebés, las mamás y papás de la Guardería ABC
Para Daniel, Jesús, Ramón, Pepe, Lorenzo y Daniela

Murieron 49 bebés y más de 100 quedaron lesionados bajo la custodia del Estado Mexicano el 5 de junio de 2009. Un incendio en la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora, cambió sus vidas, la de sus papás, sus familiares, su comunidad y su país para siempre.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigó el hecho y no tuvo el valor de señalar responsables de alto nivel. Se protegieron en una visión limitada de sus facultades constitucionales y prefirieron hacer lo mismo de siempre aunque los resultados fueran los mismos: echar la culpa al otro, al Legislativo, de que no tuvieran margen de maniobra, con el consecuente resultado de abonar a la impunidad.

Sabíamos que los ministros no podían establecer culpables ni meter a nadie en la cárcel. La facultad de investigación de violaciones graves a las garantías que les otorga el artículo 97 de la Constitución no se los permite. Pero hicieron una investigación, se presentó un dictamen innovador que por fin señalaba la responsabilidad de altos funcionarios en la tragedia basado en evidencias, razones jurídicas y con una perspectiva de políticas públicas. No obstante, la pusilanimidad de la vieja guardia de ministros desechó el dictamen preparado por el recién llegado Arturo Zaldívar.

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Lamento que en este tiempo la suprema corte de justicia de la nación se tenga que escribir con las letras minúsculas de su relevancia para la justicia en nuestro país. Las instituciones no son denigrantes, los malos servidores públicos son quienes denigran a las instituciones, recordó el ministro Zaldívar. Hoy, me parece, hubo ministros que denigraron a la scjn (así, con minúsculas). Las razones están a continuación.

Lo hicieron al señalar que hubo “violaciones graves a las garantías”, pero no responsables; que hubieron “involucrados” o “responsables imprudenciales” en los niveles medios, pero no en los niveles altos; que hubo “numerosas irregularidades”, pero no un “desorden generalizado” que provocó la tragedia; que hubo un “problema técnico” y no una responsabilidad directa; que hubo “inexistencia de un marco normativo adecuado”, pero no responsables de ello; que las muestras estadísticas representativas son sólo “un indicio” de irregularidades y “no son suficientes” para señalar la debilidad del sistema.

En el colmo del cinismo, hasta dijeron que el IMSS no es autoridad y, por tanto, no se le puede acusar de violar los derechos fundamentales. Tampoco los particulares que con dinero público realizan de manera concesionada labores del Estado. Peor, que la culpa la tenían los papás “por elegir esa guardería” y el resto de los ciudadanos osábamos pedir “guarderías de primer mundo” y que deberíamos conformarnos con lo que tenemos.

Eso dijeron los ministros con la honrosísima excepción de Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza, y Olga Sánchez Cordero, colegas suyos que merecen ser nombrados por su valor al defender los derechos fundamentales de la ciudadanía y no los intereses particulares del poder. Por economía, cuando se menciona “ministros” en este texto, les excluyo.

El argumento principal usado por los ministros es que la Ley no exigía de forma directa a los altos funcionarios del IMSS de cuidar de la Guardería. Por tanto no se le puede culpar de lo que no se es legalmente responsable directo. Ese mismo argumento usan ahora quienes buscan defender a los funcionarios y ministros de su insensatez.

No entienden quienes ahora acusan de que “el problema son las leyes” que el director del IMSS tiene el mandato de “Verificar el buen funcionamiento y cumplimiento de las disposiciones legales por parte de las Delegaciones del Instituto” que incluyen “observar las reglas [...] en las instalaciones [de las guarderías] de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto, a fin de garantizar la integridad física de los menores, usuarios y del personal. (…)”.

La Ley no dice que las normas se cumplen sólo para cumplir el requisito, se cumplen para garantizar –subrayo esta palabra– la integridad física de los menores, usuarios y del personal. Entonces cómo explican que, como dice el dictamen del ministro Zaldívar, “de manera concreta, en el aspecto relevante de protección civil, cabe destacar que al día del incendio, del total de guarderías operadas por particulares, NO contaban con los siguientes elementos:

– Equipo de incendios: 69.7%
– Dictamen favorable de instalaciones eléctricas: 72.0%
– Reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública: 51.8%
– Dictamen de protección civil municipal vigente: 49.8%
– Dictamen de protección civil municipal anual: 83.7%
– Visto bueno o dictamen de bomberos vigente: 72.2%
– Visto bueno o dictamen de bomberos anual: 91.4%
– Constancia de realización de simulacros: 75.1%
– Constancia de capacitación de protección civil: 73.3%
– Detectores de humo: 57.0%
– Extintores: 5.4%
– Luces de emergencia: 54.7%
– Rutas de evacuación: 5.3%
– Piso antiderrapante en los baños: 26.5%
– Distancia a la salida menor a cuarenta metros: 13.2%
– Realiza simulacros: 5.3%
– Salidas de emergencia: 41.7%
– Apertura de puertas de emergencia con mecanismo de empuje hacia fuera: 14.0%
– Sistema de alarma sonora: 45.0%
– Instalaciones eléctricas en descuido: 2.6%
– Protectores de tomacorrientes en la pared: 9.9%

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¿Quién es responsable de no garantizar la integridad física de los menores, como dice la Ley?

Ante esa pregunta, el ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, preparó un documento para sostener su defensa. No obstante, el documento parece que es la natural defensa de un funcionario que se resiste a asumir sus responsabilidades y trata de buscar, por un lado, las debilidades de la investigación para desacreditarla y, por el otro, desviar la atención sobre el hecho de que la tragedia de la muerte de 49 bebés causada por un incendio, ocurrió bajo la custodia del Estado Mexicano. En este caso, el IMSS.

En México la cultura de la política pública está íntimamente ligada a cumplir con la normatividad. No es para menos, la corrupción, la ineficiencia y la creencia de que las normas y leyes traen por sí mismas la felicidad son elementos que abonan a que los funcionarios estén más preocupados por cumplir normas (o justificar desde ahí sus errores) que verdaderamente en lograr resultados. También abonan a esta problemática un sistema presupuestario que para todo fin práctico no premia los resultados y una normatividad como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la del Servicio Profesional de Carrera, la de Adquisiciones, que atan a los funcionarios a cumplir con los procedimientos que establece la normatividad más que en buscar resultados u orientar el trabajo sustantivamente al cumplimiento de su mandato.

Entrando en materia, la línea de argumentación del dictamen original del ministro Zaldívar es que los funcionarios relacionados con el sistema de guarderías tienen, entre otros, el mandato de cuidar la integridad física de los niños. Por tanto, los tomadores de decisión deben elaborar una agenda de riesgos y contar con una serie de indicadores que reflejan las acciones que les permitan minimizarlos. Ese sistema de indicadores y esa agenda no forman parte de los alegatos del documento de Molinar Horcasitas; por el contrario, su defensa está en la “legalidad” de sus acciones y su apego estricto a la normatividad.

Así, Molinar entra al churrigueresco laberinto mexicano del deslinde de responsabilidades con argumentos como “no es obligatorio para integrar el expediente legal”, “este documento era opcional, no obligatorio”, “documentos son alternativos. Se requiere uno u otro, mas no ambos”, y cierra con un: “los documentos del análisis de protección civil no son requisitos normativos reales del sistema, por lo que no podía exigirse su existencia”, etc.

¿Cómo puede ser que el IMSS se desentienda de la protección civil sólo porque no es ámbito de su competencia? ¿Cómo es posible que los funcionarios del IMSS se desentiendan de dónde y en qué condiciones están las guarderías?, dijo en su ponencia el ministro Zaldívar. Tiene razón.

De esta manera, la sustancia del argumento del ministro Zaldívar no fue tocado por Molinar: no se respondió si se tenía un eficiente sistema de indicadores que pudieran dar certeza de que los elementos que pudieran poner en riesgo la integridad de la niñez estaban bajo su estricto control. Particularmente, el sistema de guarderías operada por particulares. Por cierto, en el extremo de defender su posición de poder, Molinar alega que sus guarderías –no las subrogadas– sí funcionaban “bien” y que el ministro omitió ese dato. Aquí cabe señalar que un dato “omitido” por el ministro fue que 96.7% de las guarderías del IMSS sí tenían salidas de emergencia funcionando, lo que representaría que 3.3% no, lo que afectaría a cerca de 8,250 mil niños ¿en verdad están contentos con ese resultado?

El dictamen del ministro Zaldívar, rechazado por la Corte, es claro en que el sistema de guarderías incluye al esquema de subrogación. Es claro también que es responsabilidad del Estado cuidar de la integridad física de los niños, aunque éste delegue la tarea a particulares –ojo con el principio de que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Dice el dictamen: “Las autoridades estatales encargadas por mandato constitucional de prestar el servicio de guarderías y todas aquellas que tienen competencias en materia de protección civil, tienen el deber de implementar políticas públicas que tengan como finalidad realizar una supervisión y vigilancia rigurosa del cumplimiento de todas las medidas de seguridad tendentes a proteger la vida y la integridad física de los niños que se encuentran en establecimientos públicos y privados dedicados a su cuidado”.

No obstante, Juan Molinar, en la defensa de su negligencia, lo llevó entonces a argumentos cercanos a lo que no fue en su año no fue en su daño o el de la curva de aprendizaje –este usado por Daniel Karam quien llevaba sólo tres meses al frente de la institución al momento del accidente. Caso particular es este: “En ninguna parte del Informe Preliminar se establece quiénes, de estos 400 mil trabajadores, eran los subordinados a los que el Director General del IMSS debía supervisar directamente para evitar la violación de garantías, ni se mencionan tampoco los actos objeto de dicha supervisión”. Estos argumentos evidencian que su sentido de la responsabilidad está simplemente perdido.

Dice Molinar: “En suma, los documentos e indicadores elegidos para calificar la operación de las guarderías también fueron incorrectos” porque no estaban en la normatividad, no porque no fueran pertinentes para valorar con certeza las condiciones de seguridad de las guarderías. ¿Donde está la agenda de riesgos, sus indicadores y resultados que den cuenta que lo investigado por la Corte fue “incorrecto”?

Finalmente, hay una vasta literatura que apunta a que no existe tal cosa llamada “desastre natural” o “accidentes”. Hay diferentes niveles de radicalismo sobre esta postura, pero el principio básico es que los accidentes y desastres naturales tienen un impacto diferenciado casi siempre relacionado con el nivel de ingreso de las personas. Así, las personas pobres sufren las peores consecuencias de un accidente en contraste con las personas de mayores ingresos. Para muestra un botón: durante la discusión del caso ABC, el presidente de la scjn anunció que la construcción de su guardería costó 60 millones de pesos; la bodega habilitada como Guardería ABC es evidente que no tuvo ese nivel de gasto (versiones de los papás sitúan en 50 mil pesos el costo de su remodelación para volverse guardería). Un incendio en la primera guardería no tendría las mismas repercusiones que en la segunda. Este razonamiento lleva a cuestionar si en el IMSS tenían claridad de la vulnerabilidad de guarderías como la de ABC: una nave industrial habilitada como estancia infantil. A juzgar por sus respuestas, no lo creo.

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Un equipo de 40 abogados –se presume– abordó a los ministros, los presionó y convenció de estos argumentos basados en la “legalidad” pero no en la responsabilidad. Los ministros cedieron –o al menos encontraron buenas excusas. Incluso Molinar y Karam se pasearon por las salas de los ministros las semanas previas a la discusión del dictamen del ministro Zaldívar. Fueron recibidos con sonrisas. Las mismas que han de tener ahora los ministros porque cumplieron con su deber: cuidarle las espaldas al poder.

Es por ello que a los ministros no les gustó que el dictamen del ministro Zaldívar insistentemente hiciera referencia a la moral, a la ética, a la política y a las responsabilidades constitucionales. Tampoco querían entender que la responsabilidad y reparación son conceptos inseparables, ni creer que la Constitución tiene un contenido moral, como señaló en su intervención el ministro Silva Meza. Tampoco que la moral pública sirve para crear condiciones sociales que a través del derecho promueven el desarrollo de la persona, como dijo el ministro Zaldívar. Ante esto, el extremo de la ministra Luna es elocuente: “la doctrina la considero muy abstracta como para usarla de argumento”.

Según los ministros, “la Corte no está para definir cómo se deben comportar las autoridades” y tampoco son “el Ombudsman [defensor del pueblo] supremo". Si bien no quisieron defender al pueblo, se nota que tampoco quisieron estar a la altura de la historia ni de la democracia. Se rebajaron: corte con minúsculas, cobarde, diminuta. Declararon que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales en la muerte de 49 bebés, pero no se atrevieron a señalar a responsables de alto nivel.

Los tomadores de decisión, los altos funcionarios, los que hacen políticas públicas, seguirán en el mejor de los mundos posibles: seguirán con grandes sueldos, pueden diseñar políticas públicas de manera deficiente, (o ser omisos de cumplir con sus obligaciones), sin basarse en evidencias, sin comprender ni cumplir con su mandato y saberse impunes de que nadie les castigará por ello. “¡Dormid tranquilos, oh sempiternos espíritus de la impunidad. Nada os perturbará!” pareciera decir la Corte.

“Ha pasado un año y las cosas siguen exactamente igual”, dijo el ministro Zaldívar. Ello es cierto para la Corte. No obstante, sí hubo cambios. Cambiamos nosotros.

Cambiamos quienes no dejaremos de exigir justicia, quienes sabemos que de nosotras y nosotros depende que tragedias como ésta nunca vuelvan a ocurrir. Si no contamos con las instituciones del Estado Mexicano, contemos con nosotros como ciudadanía comprometida y activa. Lo ocurrido en la Guardería ABC siempre estará entre lo más alto de nuestros corazones y discusiones. Por eso decimos que no nos dejaremos, no nos cansaremos hasta conseguir justicia. Justicia que significa, a decir de los padres y madres, que nadie viva su tragedia, que nunca más se repita esta experiencia; que haya responsables y se les señale. Nada más, nada menos.

Cabe contar, como corolario, que un funcionario menor del IMSS le llamó a Patricia Duarte, madre de uno de los bebés fallecidos, para ofrecerle una “pensión vitalicia” en la noche posterior a la resolución de la Corte. Ella lo dijo con claridad: “no vendo a mi hijo por nada, lo que quiero del IMSS hoy [me] lo negaron”.

Las mamás y los papás de los bebés fallecidos y lesionados en la Guardería ABC nos dan un enorme ejemplo de generosidad y dignidad. Hoy no fueron derrotados. Como dice Daniela Rea, “derrotados los que se aferran al poder porque están vacíos”. Hoy vivimos la constatación, una vez más, de que nuestro futuro está en nuestras manos simplemente porque el Estado, hoy, nos ha abandonado.


#JusticiaABC #GuarderiaABC
17 de junio de 2010.