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Menos dinero a partidos
Alberto Serdán Rosales
El Universal
18 de septiembre de 2009
Mientras la mayoría padece, unos cuantos se aprovechan. El ejemplo más claro y ofensivo es que, si dejamos sin vigilancia a los partidos políticos, éstos recibirán más de 3 mil millones de pesos en 2010. Diversos grupos sociales ya proponen un cambio en la Constitución para reducir este financiamiento. A grandes males, grandes remedios.
En la peor crisis económica de las últimas décadas, el aporte de recursos a los partidos crece. Los ríos de dinero son constantes porque estas instituciones se las arreglaron para meter su financiamiento en la Constitución. La bolsa a repartir se calcula con 65% del salario mínimo para el Distrito Federal, multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Así, no importa lo que ocurra en las votaciones o en la economía, los partidos garantizan de este modo su tajada porque la población aumenta al igual que el salario mínimo. Esto es inmoral e inaceptable y tiene que cambiar.
Para pasar de la protesta a la propuesta, el movimiento gestado a raíz de la promoción del voto nulo en su carácter de Asamblea Nacional Ciudadana ha planteado la reducción del financiamiento a los partidos, apoyado por muchos individuos y grupos como Alianza Cívica y Propuesta Cívica.
De manera concreta, se busca un cambio en la Constitución para modificar la fórmula con la que se calculan los ingresos de dichas agrupaciones para que, al sustituir el referente del “padrón electoral”, sea la “votación nacional emitida” la que determine su financiamiento.
Se trata de cambiar unas cuantas palabras al artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior, en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como actualmente dice el texto.
Esta sencilla modificación hará que el financiamiento de los partidos se sujete a sus propios resultados electorales y a su capacidad para convencer a la ciudadanía de que sus candidaturas son, en efecto, la mejor opción política. También dará el poder a la ciudadanía para que, si no la convencen, pueda optar por la anulación de su voto y afectar con ello el dinero recibido por los partidos. Los sufragios adquirirán así un nuevo sentido y en el marco de una previsible reforma electoral, esta modificación pondrá a prueba la verdadera voluntad democrática de los partidos políticos.
Además, con este cambio los ciudadanos ahorrarán cerca de mil 800 millones de pesos en el presupuesto del próximo año. Si se piensa en cifras concretas, con estos recursos 213 mil 672 personas superarían la línea de pobreza extrema rural durante un año. Visto de otra manera, podrían comprarse 458 mil computadoras, 550 mil estufas, 465 mil refrigeradores, 706 mil lavadoras o podrían instalarse 431 mil letrinas. Todos, artículos que la gente pobre compraría de tener el dinero (Sedesol, 2004).
Existen diversas maneras de involucrarse. La Asamblea Nacional Ciudadana cuenta con una página de internet en la que pueden encontrarse las acciones para apoyar esta causa (http://www.anciudadana.org). También ha abierto una red social (http://grou.ps/anciudadana) para intercambiar opiniones sobre esta y otras propuestas relacionadas con la implantación de mecanismos de democracia directa (como el valor jurídico del voto nulo, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la revocación del mandato), así como con el impulso a candidaturas independientes. Además, puede difundirse esta propuesta, identificar maneras para incorporarla en el ámbito estatal y exigir a los legisladores que hagan los cambios correspondientes.
En el mar del oprobio, sobresalen los partidos políticos. Se han convertido en espejo de la degradación de la vida pública y han sido fuente inagotable de escándalos relacionados con el poder corruptor del dinero que reciben. Acabemos con esta casta de privilegiados. No podemos darnos el lujo de tener la democracia más cara de Latinoamérica y, al mismo tiempo, a más de 50 millones de mexicanos viviendo en pobreza. El presupuesto no es de los partidos políticos, sino de la ciudadanía: es el dinero de sus impuestos. Es hora de que los partidos le rindan cuentas y que este pequeño cambio en la Constitución sea un gran cambio para la democracia y la dignidad civil.
http://twitter.com/albertoserdan
Secretario técnico de Propuesta Cívica, AC, promotor de Esperanza Marchita
Se les debe retirar por completo el presupuesto a los partidos politicos, no hay razón o razonamiento alguno para que reciban financiamiento del pueblo, si quieren dinero que lo recolecten de cuotas de sus altos funcionarios, o que realicen actividades productivas que les permitan ontener beneficios, en otras palabars que trabajen los paracitos.
ResponderBorrarY si me apuran tampoco se le tiene que dar presupuesto al IFE o al menos reducirselos en un 80% minimo, despues de todo para que diablos estan si los partidos pueden imponer a quien ellos quieran en los cargos de "disque eleccion popular" o no, si no que le pregunten a Juanito.
¡Hola, Ksiel! Muchas gracias por su comentario. Me parece que su propuesta deja de lado tres aspectos que considero importantes:
ResponderBorrarPrimero, sí me parece que es el Estado Mexicano (con sus recursos) la que debe promover las instituciones democráticas -incluyendo a los partidos. Mercantilizarlos (al pedirles que hagan actividades productivas para financiarse) corre el riesgo de que se pierda su interés público y prevalezca un interés privado en la relación financiados-financiadores (lo cual es peligroso). Eso no quita que el financiamiento público, como actualmente se determina, es oneroso e inmoral.
En segundo lugar, el IFE requiere recursos para cumplir con su mandato constitucional. Un ejemplo: ellos están encargados de la educación cívica del país y, en voz de uno de sus consejeros, sólo tienen 14 personas para esa labor. Dicho de otro modo, en 14 personas está la educación cívica del país. Igual tienen que resolver aspectos como la orientación de esos servidores públicos -hacia unos que hagan políticas públicas-, pero igual es insuficiente.
Tercero, una de las tantas perspectivas que tiene el asunto Juanito, es que refleja la necesidad de contar con candidaturas ciudadanas y quitarle el monopolio a los partidos para presentar candidaturas.
Saludos,