Represión en Bolivia

Para Claudia, Marcela y Óscar

El gobierno de Evo Morales en Bolivia se encuentra ante la pared. En nombre del "desarrollo" pretende construir una autopista que atravesaría la Amazonía Boliviana de alto valor social y ambiental protegidas por la ley. Atropellando las disposiciones legales, la decencia, la congruencia, el sentido común y, sobre todo, el derecho al ambiente sano y el derecho a la consulta de las comunidades afectadas, el gobierno de Evo siguió adelante con el proyecto a como diera lugar. Ahora enfrenta a los grupos indígenas que lo llevaron al poder y que protestan por esta medida que afecta su territorio y que tendría efectos irreparables en el ambiente y en su comunidad. Esta protesta pacífica encontró ahora la peor cara: la represión. Un gobierno que se dice indigenista, reprime a sus hermanos indígenas.

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es una región en Bolivia que se encuentra entre los departamentos de Beni y Cochabamba. Es una amplia zona boscosa que cobija a los pueblos moxeños, yurakarés y chimanes. Asimismo habitan ahí 402 especies de flora, 3 mil especies de plantas superiores y una fauna con 714 especies. Por ahí cruzan los ríos Isiboro, Secure e Ichoa. La Amazonía Boliviana vive enormes presiones debido a su alto valor: la tala de árboles, la minería, la creación de nuevos asentamientos humanos sin control, la expansión de campos agrícolas y ganaderas, son jugosos negocios cuyas ganancias suelen repartirse entre unos pocos.

3. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

Mapas: Campaña en Defensa del TIPNIS - BOLIVIA

En este contexto, el gobierno de Evo Morales anunció en 2006 -sin previo aviso, ni consulta- la construcción de una autopista: el Proyecto Carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que cruzaría por el corazón del TIPNIS. El proyecto aprobado en 2008 y con financiamiento desde 2011, cuenta con una longitud de 306 kilómetros y un "costo" de 415 millones de dólares de los que 332 millones provienen de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. La obra fue adjudicada en un cuestionado proceso a la brasileña Constructora OAS Ltda. El proyecto forma parte del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que fomenta proyectos de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones en 12 países sudamericanos.

En marzo de 2010, grupos indígenas hicieron pública su preocupación por la megaobra y su exigencia para ser consultados. Lo que piden son rutas alternativas que impidan la fiebre depredadora que toda carretera trae consigo. Hay demasiadas evidencias sobre cómo obras de infraestructura carretera suelen ser acompañadas de la destrucción ambiental: los árboles que se talan al construirla y su consecuente pérdida de hábitat; la barrera que impone a la migración de la fauna terrestre; el aumento en los asentamientos humanos a los costados de la carretera; la pérdida de superficie para la captación de agua de lluvia y la recarga de los acuíferos; las consecuencias sobre el clima en la región; las presiones a otras zonas donde empresas buscan "aprovechar" los recursos naturales tomando ventaja de la carretera como vía de comercialización y/o de fácil acceso a zonas que antes eran preservadas por la dificultad que significaba acceder a ellas; entre otros daños.


Mapa: Liga de Defensa del Medio Ambiente

Por su parte, Evo Morales promete "desarrollo" y para julio de 2011, reconoce que "el Gobierno cumplirá con su obligación de consultar a los representantes de los pueblos indígenas para explicarles la importancia de esta vía". Cinco años después de que se planteó su construcción. Hasta ahora, la promesa de la consulta a las comunidades es sólo eso, promesa. La realidad es otra a pesar de que este derecho está consagrado en la constitución boliviana, y a pesar de que la declaración de conducta de la Constructora OAS establece que es política de la empresa "[mantener] canales permanentes de comunicación y negociación con las comunidades donde actuamos".

Ante la falta de consulta, más de mil indígenas con sus familias han salido a marchar 600 kilómetros en defensa del TIPNIS desde la comunidad de Trinidad hasta la sede del gobierno en La Paz. En su travesía que inició el 15 de agosto han encontrado tanto la hostilidad por parte del gobierno como una táctica que busca enfrentar a las comunidades indígenas leales al gobierno de Evo Morales con los indígenas que protagonizan esta protesta. Óscar Olivera, un referente del activismo mundial reconocido por su participación en las "Guerras del Agua" en Cochabamba, Bolivia, escribió al respecto de la respuesta gubernamental:

"Esta estigmatización y descalificación de la marcha en defensa de este territorio, las intervenciones telefónicas, la persecución a referentes sociales, el desprecio a las demandas, la sordera de este mal-gobierno, no es mas que el temor al verdadero poder que está en la gente sencilla y trabajadora de nuestro pueblo, que desde hace siglos viene luchando por ser escuchado, por construir un mundo de reciprocidad, de respeto, de solidaridad, de transparencia, de justicia, de trabajo, es decir, un mundo de la alegría.

Denunciamos a la Comunidad Internacional que a estas alturas, este gobierno no solo ha hecho esto, sino que desde hace unos días ha impedido que llegue la asistencia de alimentos, medicamentos, vituallas y agua a la gente en esta marcha. Este es un acto criminal, que vulnera los más elementales Derechos Humanos, de dignidad, de derecho a la protesta y atenta contra la vida de cientos de personas de todas las edades que se encuentran movilizadas".

Este fin de semana, la marcha llegó cerca del puente San Lorenzo, en Yucumo. El lunes 26 de septiembre encontró a un cuerpo policíaco que reprimió a los manifestantes:



El saldo: un bebé de tres meses muerto, 37 personas desaparecidas, entre ellas 7 niños, más de 45 heridos y un número indeterminado de detenidos. Hay reportes de que el personal médico fue impedido por la policía para atender a los heridos, incluso uno fue amordazado y revolcado por la policía.

La respuesta no se hizo esperar: la ministra de Defensa María Cecilia Chacón renunció a su puesto y señaló: "Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo dejar de justificar la misma en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos no violencia y defensa de la madre tierra". Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró huelga general y anunció una movilización para este miércoles en todo el país, en protesta por la represión policíaca.

Estos son los aires que se respiran en Bolivia. Pero este guión no es nuevo. Como se ha dicho en otros espacios, "en sociedades poco democráticas hay un comportamiento autoritario que se extiende a lo largo y ancho de decisiones de infraestructura. Presas, carreteras, aeropuertos, siguen el mismo patrón. No importa el país y al parecer tampoco la orientación ideológica del gobierno en turno cuando detrás de estas obras hay cifras estratosféricamente multimillonarias que significan ganancias políticas para los gobernantes y ganancias económicas para sus inversionistas –en no pocas ocasiones incluyendo a algunos miembros del gobierno mismo.

El proceso es más o menos como sigue: inversionistas y políticos toman acuerdos en una lógica del compadrazgo -intercambio de favores, generalmente electorales o simplemente monetarios, pasados o futuros-, luego a escondidas se plantea la decisión ante las instancias gubernamentales correspondientes y se estudia técnicamente su viabilidad. Con el mismo sigilo se lleva a cabo el proceso de asignación de la obra donde suelen ganar sospechosos comunes. Se establecen disposiciones legales en formas crípticas para la ciudadanía y se publican en fechas poco aptas para el escrutinio público: fines de semana, periodos vacacionales, etc.

Es entonces cuando los beneficiados/afectados por las obras se enteran a través de los medios de comunicación de que sus comunidades serán afectadas. En estos procesos no hay notificaciones oficiales previas. Y así comienza la batalla por la información para conocer la magnitud de la obra de infraestructura, luego la exigencia de diálogo y a la sazón vienen las promesas gubernamentales para calmar los ánimos: progreso y dinero son las principales apuestas.

El proceso continúa con una ciudadanía que constata el incumplimiento por parte del gobierno: sea en las expropiaciones, en las obras de mitigación de efectos adversos y colaterales, en las explicaciones públicas sobre la racionalidad de la obra, en la entrega de información. Mientras las obras avanzan, las comunidades se radicalizan ante la inminencia de su afectación y el gobierno los llama y los trata como enemigos del progreso o señala motivaciones “político–electorales” que supuestamente manipula el sentir de los afectados. Es cuando viene un gasto gubernamental en difusión y publicidad para minimizar –y de paso ignorar– los argumentos de los opositores.

En este punto los grupos opositores ganan aliados, en ocasiones inician una defensa legal, en otras cuentan con apoyo técnico especializado para rebatir los argumentos gubernamentales y empresariales, en otras consiguen apoyo de otras luchas y de grupos políticos adversarios al gobierno promotor de la obra, y casi siempre realizan actividades de resistencia y oposición en la vía pública. En suma, su discurso y sus acciones se radicalizan aún más.

Finalmente el gobierno usa la fuerza pública para iniciar las obras y de ahí el desenlace es incierto: en algunos casos el proyecto se cancela, en otros avanza encima de costos electorales, de arrestos e incluso muertos". (El Chicote Postmoderno, 4/1/2011)

La Supervía Poniente en México, Distrito Federal; la construcción del estadio de los rayados de Monterrey en el corazón del Bosque La Pastora; la construcción de las presas de La Parota en Guerrero y el Zapotillo en Jalisco; la loma de Santa María, en Morelia; el aeropuerto en San Salvador Atenco, Estado de México; la autopista urbana en el Distrito Federal y el Estado de México; en todos los casos, el guión se repite.

La Bolivia de Evo Morales, la revolucionaria, la indigenista, sigue estos pasos. Una pena.

Post data: Hacia la noche, el gobierno de Evo Morales hizo el anuncio de que "suspende" el proyecto de carretera en el TIPNIS hasta la celebración de un referendo en los departamentos de Cochabamba y Beni. Esto puede salvar la cara por ahora, pero el problema de fondo persiste: ¿en verdad no hay otra alternativa de trazado de la carretera? ¿no será la típica táctica de postergar una decisión ya tomada? ¿A todo esto, un "referendo" es una consulta? Esperemos.