Es la representación, no la gobernabilidad...

Uno de los lugares comunes que más corren por las columnas políticas e incluso llegan a las sobremesas de café, es que el Congreso "no se pone de acuerdo" (o su variante: "los políticos nunca se ponen de acuerdo") y que, por tanto, la solución es darle mayor "gobernabilidad" al presidente en turno con fórmulas para que tenga mayoría en el Congreso, aún cuando el electorado no lo haya pedido así. Así, dicen, podríamos tener por fin las "reformas que el país necesita" (whateverthatmeans). Tal es la pretensión de Enrique Peña Nieto quien a través de sus fieles diputados Francisco Rojas, Emilio Chuayffet y César Augusto Santiago, quieren incorporar una "cláusula de gobernabilidad" (bajo el eufemismo de "mayorías estables") que permita tener mayoría automática cuando se supere cierto umbral en la votación. Ellos lo dicen así:

"Queremos evitar la ingobernabilidad. En efecto, nada es más pernicioso para una democracia en consolidación, como la mexicana, que la falta de un partido político lo suficientemente fuerte para tomar decisiones, y que el país pueda naufragar en la indefinición. México demanda mayorías estables que sean capaces de asumir los riesgos de la toma de las decisiones" (véanse las páginas 14 y 15 de su propuesta de Reforma Política).

Esta pretensión peñanietista es la que tiene frenada la Reforma Política en el Congreso (a la par de su negativa para aprobar las candidaturas independientes y la reelección legislativa) a pesar de la necesidad de crear mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer plenamente sus derechos políticos y mejorar su capacidad para sancionar el desempeño de sus representantes populares.

Para tener un punto de referencia sobre qué tan "ingobernable" se está volviendo el país (desde el punto de vista de la "parálisis" en las decisiones políticas en las que interviene el Legislativo), echemos una mirada a las reformas constitucionales. Estas reformas requieren de la aprobación de las dos terceras partes de ambas Cámaras (Diputados y Senadores) así como la mayoría simple de todos los Congresos de las entidades federativas. Dicho de otro modo, se requiere de un muy buen nivel de acuerdo y entendimiento político para que estas reformas sean posibles. En una bonita página de la Cámara de Diputados, ustedes pueden encontrar una lista de todas las reformas constitucionales realizadas desde 1917 hasta nuestros días (enlace aquí).

Los datos que se derivan de esa base de datos son reveladores. Antes de 1982 se aprobaban en promedio 1.6 reformas constitucionales cada año; entre 1983 a 1997 se aprobaron 2.5 reformas al año en promedio; y de 1998 a la fecha se han aprobado 4.1 reformas en promedio anual. Dicho de otro modo, desde que tenemos congresos divididos (léase desde 1998 hasta nuestros días), los legisladores tienen más voluntad política de hacer reformas constitucionales que en los tiempos del presidencialismo autoritario. Es decir, han llegado a más acuerdos. De hecho, en total se han realizado 194 reformas constitucionales desde 1917, siendo el sexenio que comenzó en 2006 el que más reformas constitucionales ha tenido en la historia (a pesar de la polarización heredada por la traumática elección de ese año).


(Haga clic en la imagen para verla más grande)

Andrés Lajous, quien ha echado luz y vaya que si ha enfatizado sobre este tema, agrega datos: 9 de 13 presupuestos federales entre 1998 y 2011, se aprobaron con al menos 4/5 partes de la Cámara de Diputados; y los cuatro presupuestos restantes se aprobaron con 3/5 partes del Congreso. Ello también habla de un alto nivel de acuerdo político.

¿Dónde quedó la "ingobernabilidad" de la que hablan los priistas?

El problema, nos parece a muchas personas, no es la "gobernabilidad", sino la representación.

El Informe de Desarrollo Humano 2011 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace unas semanas, retrata el problema de la representación con nitidez:

“Con 81.7% de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad es difícil imaginar que este grupo haya decidido que la Cámara de Diputados aprobara un esquema de transferencias gubernamentales que otorga el 40.3% de esos recursos al 20% de la población más rica el país. Tampoco es creíble suponer que la inmensa mayoría de los mexicanos que no pertenece a una empresa paraestatal altamente subsidiada presione a los legisladores para que los trabajadores de tal empresa reciban más de 17,500 pesos mensuales de apoyo gubernamental a su pensión, mientras que a los adultos mayores en zonas rurales se les otorgan 175 pesos. Tampoco parece razonable pensar que el 90% de los productores con menos tierra hayan exigido a sus representantes populares que dieran hasta el 80% de los apoyos al campo al 10% de los productores con más tierra, o que más de 27 millones de potenciales electores sumidos en la pobreza se manifestaran por restringir el presupuesto del programa de Oportunidades a 2.5% del gasto total en desarrollo humano.
[...]
Otra conclusión del presente informe es que la falta de equidad que se observa sistemáticamente en la asignación del presupuesto público, al no considerar las diferentes carencias en la población, y al generar desigualdades donde éstas no estaban presentes, hace necesaria una revisión de los incentivos políticos para que los diputados respondan a los intereses de sus electores y les rindan cuentas de su actuación. Los problemas de la inadecuada representación de las preferencias ciudadanas, sin consecuencias de importancia para quienes aprueban el presupuesto, se evidencian en sesgos distributivos en el gasto programado para combatir la desigualdad que terminan por empeorarla”.

Por eso es urgente y necesario el cambio de las reglas del juego que permitan mejorar la representación de la ciudadanía en el Congreso -y en el poder público, en general. Y por eso, desde este blog decimos (yo y mis otros yo): #ReformaPoliticaYA