Reforma política: ojos ciudadanos

Por Alberto Serdán Rosales
Propuesta Cívica, A.C.
30 de enero de 2010

Quiero agradecer al Comité Anfitrión por la invitación que me hicieron para compartirles un breve resumen de la propuesta de Reforma Política presentada por el Ejecutivo, al tiempo de hacer unos comentarios que, me parece pertinente aclarar –especialmente a los presentes y a las amigas y amigos de los medios de comunicación, no reflejan el punto de vista de la Asamblea Nacional Ciudadana. Son, pues, reflexiones personales.

La propuesta de Reforma Política tiene claroscuros, omisiones, pero, hay que reconocerlo, representa una respuesta directa del gobierno en funciones al movimiento anulacionista. Así lo ha reconocido el mismo Secretario de Gobernación en diferentes espacios y, por lo tanto, es una propuesta que no puede ignorarse o rechazarse a priori. En cualquier caso, el hecho mismo de que grupos políticos se sientan comprometidos a responder ante nuestras exigencias, es una buena señal. Sin embargo nuestra tarea como movimiento está muy lejos de terminarse ante las necesidades que tiene el país y que en este espacio compartimos y conocemos a flor de piel.

Como saben, la propuesta del Ejecutivo gira en torno de nueve ejes: la reducción del Congreso Federal; el incremento del umbral de votación para mantener el registro de los partidos políticos; la segunda vuelta en la elección presidencial; la reelección de legisladores y gobernantes municipales; la capacidad al Poder Judicial para iniciar leyes; el establecimiento de la iniciativa preferente; la reconducción presupuestaria y la posibilidad del Ejecutivo para vetar leyes de manera parcial. Finalmente, también propone incluir las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes.

A continuación detallaré estas propuestas acompañadas de algunos apuntes.

1. Con el propósito de mejorar la negociación y la celebración de acuerdos, el Ejecutivo propone reducir el Congreso de la Unión en 100 diputados y 32 senadores. Esto implicaría que cada diputado representaría ahora a 90 mil ciudadanos más. ¿Es mucho o es poco? No se sabe. Lo cierto es que reducir la capacidad de representación no necesariamente son buenas noticias para la ciudadanía. También es cierto que no importa el número de legisladores, lo que importa es su calidad, su profesionalización y su capacidad para vincularse con sus representados.

Por su parte, la reforma en el Senado elimina la representación proporcional. De aplicarse la nueva fórmula propuesta por Calderón, hubiese aumentado la sobrerrepresentación del PAN: en 2006, con 34% de los votos, el PAN tuvo el 41% de los senadores; con la nueva fórmula, el PAN tendría el 43% de los senadores. La coalición encabezada por el PRD, con 30% de los votos en 2006, tuvo el 28% de los senadores; ahora tendría el 24% con la nueva fórmula. Esto último, son malas noticias para la representación proporcional de las fuerzas políticas.

2. Incremento al umbral del registro de los partidos. El Ejecutivo propone aumentar de 2 a 4 por ciento el porcentaje mínimo para mantener el registro de los partidos. Argumenta que México es uno de los países con el umbral más bajo y compara esta situación con varios países Latinoamericanos. Lo que no dice el Ejecutivo es que, por ejemplo, el 5 por ciento mínimo para Chile equivale a 360 mil ciudadanos; en México, el dos por ciento mínimo equivale a 836 mil; es decir, 2.3 veces más. ¿Es mucho o es poco? Tampoco se sabe, pero, nuevamente, en principio disminuir la pluralidad y la representación no parecen ser buenas noticias para la ciudadanía.

3. Segunda vuelta. En su propuesta el Ejecutivo propone la existencia de una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato o candidata obtenga el 50 por ciento de las preferencias en una primera vuelta. Además, propone que la fecha de la elección de esta segunda vuelta se empalme con la elección legislativa. El propósito es informar mejor el voto de la ciudadanía y generar mayorías que permitan gobernar al Presidente. Datos empíricos de 28 países, compilados por el investigador Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona, apuntan a que los sistemas políticos que cuentan con segunda vuelta tienen en promedio 3.6 partidos en el parlamento. No obstante, recomienda prudencia ya que en siete sistemas la tendencia en el mediano y largo plazos fue al bipartidismo. Bipartidismo o tripartidismo, lo cierto es que las segundas vueltas tienden a construir dos bloques mayoritarios que pueden ser artificiales. Acorde con las conclusiones de este investigador, los partidos pequeños tienden a perder representatividad pero ganan capacidad de negociación. Malas noticias para la representación, buenas noticias para el logro de acuerdos.

4. Quizá la propuesta más polémica es la reelección para legisladores federales y locales hasta cumplir periodos de 12 años. Desde el punto de vista ciudadano, quienes defienden la reelección señalan que tiene la ventaja de que el candidato opositor (o grupos de la sociedad civil opositores al candidato oficial) recordarán al electorado las promesas y su eventual incumplimiento por parte de éste eventual candidato, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas: se contraponen los resultados de la gestión de quien está y quiere volverse a elegir, con las propuestas de cambio de quien quiere llegar por primera vez. Los críticos señalan que quienes están en el poder dispondrán de los recursos públicos para usarlos en su beneficio afectando la equidad de la contienda. Antídoto: transparencia y rendición de cuentas. Reelección sí y solo sí va acompañado de la revocación del mandato. Sí y sólo sí se da valor jurídico al voto nulo. Sí y sólo sí existen mecanismos para garantizar equidad en la contienda, como el acceso a medios. Entre mayores son los recursos a la disposición del candidato oficial, mayores los riesgos. Por ello reelección sí y sólo sí se queda en el nivel de los legisladores. No para Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales donde la posibilidad de una contienda inequitativa es mucho mayor.

5. Veto parcial. El Ejecutivo propone que la ley reconozca la posibilidad de que el Presidente rechace parcialmente leyes aprobadas por el Congreso. Es una medida absurda. Como señala Diego Valadés, “Una posibilidad aún más inquietante, consiste en que no habría límites para que el Presidente vetara las obligaciones y promulgara sólo las facultades gubernamentales”. No obstante, en lo que toca al Presupuesto de Egresos de la Federación (y exclusivamente en este caso) el veto parcial puede ser una buena solución cuando ya es 1 o 2 de enero y sigue sin aprobarse el Presupuesto o éste es objetado por el Presidente. Aquí el veto parcial permitiría dar certeza al ejercicio del presupuesto, lo cual actualmente no ocurre si no se aprueba en tiempo y forma. No obstante, es fundamental que esta prórroga también tenga una fecha límite para que las observaciones no se superen hasta los últimos días del ejercicio del presupuesto en curso.

6. Una propuesta más es la capacidad del Poder Judicial para iniciar leyes que estén relacionadas con su administración y su ámbito de competencia. Quienes favorecen esta propuesta señalan que la reforma del Poder Judicial está entrampada porque este Poder está impedido para señalar sus necesidades y problemas y, a partir de ello, diseñar normatividades más cercanas a la realidad y por lo tanto que sean más eficaces. Quienes están en contra apuntan la contradicción que significaría ser juez y parte. Una salida a este conflicto es la posibilidad de que esta normatividad siempre sea aprobada con dos terceras partes o incluso la totalidad del Congreso para garantizar legitimidad y contrapesos eficaces a posibles abusos del Poder Judicial. Aquí la ciudadanía, como en el caso del veto parcial, poco tiene que ver pues se tratan de reformas para mejorar la capacidad de los poderes para gobernar.

7. El último de los mecanismos para optimizar la gobernabilidad es la iniciativa preferente y en ciertos casos con referéndum. El Ejecutivo propone que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones éste pueda presentar dos iniciativas de Ley que el Legislativo debe aprobar o rechazar en tres meses. Si al término de los cuales el Legislativo no se pronuncia, entra en vigor automáticamente la iniciativa presidencial. A esto se le conoce como afirmativa ficta. Las leyes electorales, presupuestarias, fiscales y de seguridad nacional estarían excluidas de este mecanismo. Pero, ¿qué ocurre si el Presidente decide crear una Ley de Derechos Humanos? ¿tres meses son suficientes para discutir, incluir a la ciudadanía, escucharla e incorporar sus opiniones y aprobar la Ley por ambas cámaras? La iniciativa no lo contempla. A su vez, la propuesta señala que para reformas constitucionales, si el Legislativo no se pronuncia, debe celebrarse un referéndum para su aprobación (aquí no aplica la afirmativa ficta). Establece que como mínimo dos terceras partes del electorado deben aprobarla para que entre en vigor. Sin duda es importante que el Ejecutivo diga con claridad cuáles son sus preferencias. La afirmativa ficta no es la solución. En todo caso, el Legislativo tendría que explicar en un documento las razones en función de las cuales no discutirá la propuesta del Ejecutivo, en un ejercicio de rendición de cuentas, elevando el costo político del Legislativo.

Siete de las nueve propuestas tienen que ver con mecanismos para que el Ejecutivo tenga un contexto de gobernabilidad y acuerdos. De manera residual, también presenta dos iniciativas para mejorar la representación popular:

8. Candidaturas ciudadanas. Esta propuesta es una exigencia de la Asamblea Nacional Ciudadana. En la iniciativa el Ejecutivo plantea que tales candidaturas sean para todos los puestos de elección popular. No obstante, la propuesta señala que “los aspectos relativos a la regulación del financiamiento, acceso a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas, se deberán establecer en la legislación secundaria”. Esta omisión es grave ya que provoca –como ha ocurrido- que las fuerzas políticas las rechacen en automático bajo argumentos falaces como “entrarían candidaturas del narcotráfico” (como si no hubieran entrado ya a través de los partidos) o “habría candidatos de los medios y poderes económicos” (como si no hubieran ya a través de los partidos). La indefinición de la propuesta presidencial nos obliga a concretar con claridad los candados que deben tener estas candidaturas para evitar abusos. Invito a que esto sea lo que se defina hoy en la Asamblea dentro de las mesas correspondientes de la tarde.

9. Finalmente, en su propuesta para establecer iniciativas ciudadanas el Ejecutivo omite dos aspectos fundamentales: tales iniciativas no contienen una suerte de “iniciativa preferente” para que sean atendidos por el Legislativo y tampoco está acompañados de mecanismos de referéndum y plebiscito para su aprobación. La propuesta del Ejecutivo establece que tales iniciativas pueden ser presentadas si agrupan a una décima de punto porcentual del padrón, es decir, 78 mil 264 ciudadanos. Un dato: la campaña de ¡Ya Bájenle! logró juntar 28 mil firmas exigiendo cambios legales para reducir el financiamiento público de los partidos. Son muchísimas pero a pesar de su utilidad pública y su notable carácter ciudadano, esta propuesta no podría presentarse como iniciativa de Ley en este contexto.

En suma, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance.

La propuesta del Ejecutivo tiende al objetivo de favorecer acuerdos. No es gratuita la sensación de grupos ciudadanos de que es sumamente insuficiente. No fue pensada en principio para mejorar la relación con los gobernados a partir del “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Este equilibrio hoy por hoy está muy lejos de ser una realidad para la ciudadanía. Esta propuesta no parte del principio de mejorar la representación ciudadana.

Por su parte, las omisiones de la iniciativa son evidentes para nosotros: no están la reducción del financiamiento público a los partidos, su transparencia y rendición de cuentas; tampoco mecanismos de democracia directa como el plebiscito y referéndum ligados a la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo. Tampoco existe precisión sobre las modalidades y alcances de las candidaturas independientes; así como la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular para evitar episodios lamentables e inaceptables como el de las “juanitas”. Por ello hacen falta reformas ciudadanas urgentes que incluyan estos aspectos, así como la efectiva realización de los derechos civiles, a la seguridad pública y al acceso a la justicia. Recuperar el terreno perdido ante la colonialización de los políticos en los organismos públicos autónomos, el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, así como la generación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales).

Como ciudadanía debemos hacernos cargo de vigilar lo logrado y aprovecharlo: hoy, en 19 estados de la República existen mecanismos de plebiscito, referéndum e iniciativas ciudadanas. Sus requisitos en muchos casos son inalcanzables para utilizarlos efectivamente, en otros, simplemente no los hemos aprovechado y tampoco los hemos puesto a prueba. Por ello debemos tener el compromiso de no sólo luchar por cambios políticos sino asumirlos y ejercerlos. Crear agendas locales de reforma, escuchar a la ciudadanía para lograr consensos sociales más fuertes, para tener más liderazgos locales y ciudadanos. Lograr la ciudadanía social.

Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.

En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana.

No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la Asamblea Nacional Ciudadana que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles una última reflexión: por correo electrónico nuestra colega Connie Patiño nos contó cómo en Veracruz el gobierno emplea técnicas cavernarias para evitar que la gente conozca de las propuestas ciudadanas de la ANCA: amedrentamiento, amenazas de desalojo, confiscación de materiales de difusión. En otros espacios, hemos conocido recientemente de compañeras y compañeros que han perdido la vida en defensa de los derechos humanos. Desde Chihuahua hasta Chiapas y Guerrero. El camino es arduo pero no podemos, no debemos bajar los brazos. Es la hora de exigir, la hora de actuar.

Muchas gracias.