#EsclavosMex

Posicionamiento público en torno a la situación de las poblaciones callejeras del Distrito Federal

Difusión Cencos México D.F., 14 de diciembre de 2009

Boletín de prensa
OSC de DH

• El caso “Los elegidos de Dios” obliga a superar las actuales omisiones del Estado Mexicano frente a la protección de poblaciones excluidas.

• Desde el mes de mayo alertamos al Gobierno del Distrito Federal de operativos irregulares, recibiendo la negación de los hechos sin realizar una investigación profunda y la revisión de sus acciones.

• Exigimos reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros e investigar la complicidad de funcionarios públicos de la ciudad de México.

• El sistema de salud no ofrece alternativas de tratamiento residencial para las adicciones, por lo que en el país existen cientos de ‘‘anexos’’ sin regulación, ni supervisión de las autoridades, ante la desesperación de familias por atender esta enfermedad.

• Es urgente aplicar los lineamientos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para la atención de las poblaciones callejeras, considerando un presupuesto suficiente para el mismo.

• Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, garantizando que sus proveedores siguen ciertos códigos de ética y estándares de comportamiento.

El reciente operativo policiaco en un ‘anexo’ denominado “Los elegidos de Dios” descubrió que se mantenía en condiciones de explotación laboral y sexual a 105 personas, quienes en su mayoría fueron privadas de la libertad por sobrevivir en el espacio público. Este acontecimiento se suma ya a numerosos casos de trata de personas con diversos fines, que más que hechos aislados, se han convertido en una práctica sistemática de la delincuencia organizada, y al mismo tiempo denota la enorme debilidad de las instituciones en el orden local y federal para prevenir y combatir estos delitos.

En los medios de comunicación la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) señaló que respondió a una demanda presentada el pasado mes de septiembre por una persona que logró escapar del citado ‘anexo’. El Procurador Mancera Espinosa reconoció en medios de comunicación desconocer el aviso de la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) y El Caracol AC sobre la existencia del anexo que operaba de forma irregular. El pasado 2 de junio fue enviado un oficio dirigido al Jefe de gobierno Marcelo Ebrad y los jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, señalando que la actuación del citado ‘anexo’ se orientaba hacia la población callejera y se alertó sobre un posible acuerdo con funcionarios públicos delegacionales para la limpieza social en la ciudad en el marco de la ‘recuperación de espacios públicos’ realizado en ambas delegaciones, especialmente en el Centro Histórico y en Av. Congreso de la Unión. El silencio o la negación de los hechos fueron las respuestas de las distintas autoridades, sin realizar una investigación profunda y la revisión de sus acciones.

Este lamentable acontecimiento se convierte en una obligación ética y política para superar las actuales omisiones del Estado Mexicano en la atención y protección de las poblaciones callejeras que sobreviven en el espacio público desde hace más de seis décadas. Reconociendo que su llegada y permanencia en las calles son la expresión más lacerante de la negación y violación de sus derechos humanos, resultado de la invisibilidad y exclusión social acumulada. Posibilitando que el fenómeno callejero evolucionara del llamado “niño de la calle” hasta convertirse en un grupo demográfico que también incluye a niños, niñas, mujeres, jóvenes, familias, adultos y ancianos callejeros con una red social de sobrevivencia y cultura propia. Quienes generalmente no son considerados ciudadanos y están viviendo la discriminación y violencia institucional que vulnera sus posibilidades para ejercer sus derechos humanos.

En el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal en el capítulo 31 (punto 3204) presentado en 2008 y en la recomendación 23/2009 (punto 1.2.4.) del pasado 29 de Septiembre emitida por la CDHDF, aparecen los llamados ‘anexos’ vinculados a violaciones de derechos humanos. En los documentos se enuncia que desde mayo del 2007 las y los jóvenes retenidos por autoridades delegacionales ya eran enviados a ‘anexos’, sólo por su condición de callejeros.

La ausencia de espacios de tratamiento residencial para las adicciones en el sistema de salud han permitido la proliferación de cientos de ‘anexos’ que se aprovechan de la desesperación de familias y personas quienes buscan alternativa de atención, poniendo en riesgo la vida de miles de personas que atraviesan por una doble victimización, al ser expuestas sus vidas por la falta de atención profesional de sus adicciones, así como por la falta de recursos para acceder a clínicas privadas para atender a sus enfermos; por lo que ser adicto y pobre se convierte en estigma social.

Las autoridades federales y locales están obligadas a garantizar el derecho de protección a todas y todos los ciudadanos sin importar su condición social, cumpliendo con la supervisión de los espacios de atención a grupos altamente vulnerados en sus derechos, como son niños sin cuidado parental, ancianos y usuarios de sustancias que se encuentran en espacios residenciales públicos y privados. Es responsabilidad de las autoridades federales y locales garantizar la aplicación de las directrices de cuidado alternativo de la niñez emitidas por Naciones Unidas (General Assembly A/HRC/11/L.13), especialmente de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, entre otros instrumentos jurídicos.

Invitamos a las empresas Liverpool, GAP, Palacio de Hierro y Telcel a cumplir con los diez principios universales del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente, especialmente con el “Principio No. 2 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.” Es por ello fundamental reconocer la responsabilidad social de las empresas en la generación de riqueza, garantizando que sus proveedores siguen ciertos códigos de ética y estándares de comportamiento. Así como ofrecer los mecanismos públicos de verificación que garanticen a las y los consumidores no ser participes de prácticas comerciales asociadas a violaciones de los derechos humanos. (http://www.cinu.org.mx/pactomundial/principios.htm#2)

Exigimos reconocer y detener de forma inmediata la limpieza social de grupos callejeros, así como evitar la discriminación social contra estas poblaciones reduciéndolas a un criterio de “peligrosidad y mala imagen” Recordamos que al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal su obligación de cumplir con el art. 21 párrafo IX, Constitucional que señala: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”

Demandamos a las autoridades federales y de la ciudad de México se realice una investigación imparcial y exhaustiva que permita identificar a la complicidad de funcionarios públicos del GDF y de otros ámbitos o entidades de ser necesario, para el castigo a quienes han delinquido en la trata de personas que se ha evidenciado en distintas denuncias; Así como a desarrollar políticas integrales, que permitan documentar el nivel de actuación de la delincuencia organizada en la trata de personas, establecer mapas delincuenciales en esa materia y realizar acciones para prevenirla y erradicarla en coordinación con otros gobiernos locales

Llamamos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a priorizar en la asignación del presupuesto, recursos suficientes a fin de cumplir con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal que integra un capítulo específico sobre poblaciones callejeras que ofrece las líneas temáticas que todas las instancias públicas tienen que aplicar al atender a esta población altamente excluida en la ciudad de México.

Red por los Derechos de la Infancia en México
Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras
El Caracol AC
Programa Niños de la Calle A.C.
Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES IAP
Educación con el Niño Callejero, I.A.P. EDNICA
Melel Xojobal, A.C.
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, MAMA A.C.
Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, MATRACA A.C.
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.
INCIDE Social, A.C.
Católicas por el Derecho a Decidir, CDD
Fray Francisco de Vitoria, O.P.
Educación y Ciudadanía A.C.
Alternativas y Capacidades AC
Cause Ciudadano AC
Propuesta Civica AC
DESCA Equipo Pueblo AC
Convergencia de Organismos Civiles, A. C
Academia Morelense de derechos Humanos, A.C.
Cladem, Morelos
Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, ODISEA, A.C.
Acción Salud y Cultura, A.C
Centro de Estudios Sociológicos de la FCP y S de la UNAM
Fundación para la Protección de la Niñez IAP,
Patronato Francisco Méndez, I.A.P.
Red Democracia y Sexualidad, DEMYSEX
Ririki Intervención Social, S.C.
Visión Mundial de México
Espíritu que Danza, A.C.
LeSVOZ A. C.
Fundación Ayuda en Acción México Protégeme A.C.
Confederación Nacional Niños de México AC, CONANIMAC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. -CADHAC-
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C

Padre Miguel Concha Malo
Clara Jusidman
Fabienne Venet
Alma Irene Nava Bello
Juan Martín Pérez García
Ingrith Carreón Morales
Patricia S. Bedolla Zamora